“Nosotros no inflamos los presupuestos”, “vivimos recordándole al Ejecutivo que no somos un ministerio, sino un poder del Estado” y «hay que mandarles un ejemplar de la Constitución para que nos traten como pares”. Tres definiciones que dejó este viernes el juez del Superior Tribunal de Justicia, Ricardo Apcarián, durante una entrevista con Literal, en la que también analizó la imagen del Poder Judicial ante la sociedad, el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y la incidencia dentro de los tribunales provinciales de los proyectos relacionados con Vaca Muerta.
Apcarián ejercerá en 2026 la presidencia del STJ y delineó las prioridades para su gestión, poniendo énfasis en mejorar los indicadores de “celeridad” en la respuesta a los ciudadanos.
Por eso adelantó que habrá una atención especial en los procesos de auditoría interna -aclarando que siempre bajo esa mirada de optimizar el servicio de Justicia y no como una “caza de brujas”- y que esa mirada sobre los procesos internos será acompañada por un plan de desarrollo en la infraestructura.
Obras, recursos y presupuesto
Un nuevo juzgado en Catriel y la ampliación significativa de los espacios en San Antonio Oeste aparecen dentro de ese esquema, advirtiéndose en esa distribución geográfica de los recursos que los cambios en el matriz económica de la provincia -con fuerte incidencia de los proyectos para la exportación de gas y de petróleo- también impactan en el funcionamiento del Poder Judicial.
Para llevar adelante esas obras y contratar los recursos humanos necesarios, el STJ presentó este año un presupuesto 2026 de 270.000 millones de pesos, que se redujo a 235.000 millones en la aprobación final de la Legislatura, a instancias del esquema elevado por el Ministerio de Hacienda.
Ese recorte es una constante de cada año y Apcarián fue consultado por qué se repetía esa escena, donde la Justicia pide un incremento importante y el área económica del Ejecutivo reduce el monto final asignado.
Fue allí cuando el juez afirmó que “no inflamos el presupuesto” y que los números presentados responden a las necesidades reales para funcionar.
“El presupuesto se construye desde abajo hacia arriba, todas las áreas, las delegaciones, mandan sus requerimientos a la administración, que en función de eso elabora los pedidos”, sostuvo sobre el mecanismo interno para definir las partidas.
Sobre el resultado final, dijo en principio que cree que “la Provincia está condicionada por las pautas que le baja Nación para elaborar el presupuesto e intenta trasladar eso a los restantes poderes”. De todas maneras, esbozó una crítica a los responsables de las finanzas dentro del Ejecutivo al mencionar que “vivimos recordándoles que no somos un ministerio, sino que somos otro poder del Estado”.
¿Eliminar la feria judicial?
Apcarián también se metió en uno de los debates legislativos de fin de año: el proyecto de la legisladora Yolanda Mansilla (Primero Río Negro) para eliminar la feria judicial de enero y julio.
El juez aclaró que el STJ todavía no recibió una consulta formal de la Legislatura, pero dejó una definición política sobre la iniciativa: “Desde lo personal me parece que el tema tiene más repercusión mediática que impacto real en el funcionamiento del servicio”, afirmó.
Según explicó, “el servicio de justicia no se para en enero” porque se mantienen guardias y atención de cuestiones urgentes, y además “el 70% de la gente descansa en enero y el 30% sigue trabajando en feria”. En esa línea, planteó que un esquema rotativo podría incluso trasladar el problema a otros meses: “Lo que se puede ganar por un lado se pierde por el otro”, evaluó.
De todos modos, dejó abierta la posibilidad de adecuación si la Legislatura avanza: “Si considera que eso tiene que ser así, nosotros reglamentaremos el uso de la licencia para que no impacte en el servicio”, adelantó.
La imagen de la Justicia
La discusión por la feria, admitió, está atravesada por un componente de imagen pública. Apcarián sostuvo que el Poder Judicial provincial carga con un descrédito que no siempre le pertenece y que está amplificado por la agenda mediática nacional.
En una reflexión que apoyó en una experiencia de capacitación, dijo que “la lucha por cambiar la imagen es una batalla perdida de entrada”, porque “sólo el 30% de la gente alguna vez pasó por tribunales y el 100% escucha los medios o lee los diarios”.
Dentro de ese marco -y coincidiendo en la postura que expresó meses atrás la presidenta del STJ en este 2025, Cecilia Criado- dijo que “nosotros estamos arrastrados por el desprestigio de la justicia federal”.
El problema, señaló, es que “a la gente le cuesta mucho entender que existe una justicia federal, una justicia provincial”.
Frente a ese escenario, evitó prometer “respuestas” comunicacionales y apuntó a una decisión de gestión: “Estoy muy enfocado en la celeridad de los procesos porque mi análisis me indica que es el punto que más nos aleja de la sociedad”.
El Consejo de la Magistratura
En la misma entrevista, el futuro presidente del STJ abordó otro tema sensible: el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, órgano que define el ingreso de jueces y funcionarios.
Frente a las críticas que señalan discrecionalidad —en especial por el peso de la entrevista personal— Apcarián admitió que “el Consejo de la Magistratura de Río Negro es perfectible”, aunque lo comparó favorablemente con otros modelos: “Es muy superior al nacional y al de otras provincias”.
También reivindicó la representación de los colegios de abogados y relativizó la idea de un Poder Judicial con control decisivo: “Si hay alguien que está mal representado en el Consejo de la Magistratura, es el Poder Judicial”, dijo, al recordar votaciones recientes donde el STJ quedó en minoría. Sobre el punto más cuestionado, reconoció que “la entrevista… tiene 40 puntos” y que eso “es un margen amplio de discrecionalidad”, pero defendió que el acceso a esa instancia está precedido por filtros de antecedentes y oposición, y añadió un elemento que, a su entender, opera como límite: “A veces las entrevistas son determinantes porque son públicas”.
El impacto de Vaca Muerta en la Justicia
Por último, Apcarián vinculó la agenda judicial con el nuevo mapa económico rionegrino. Afirmó que los proyectos asociados a Vaca Muerta —con obras como oleoductos, gasoductos y mayor movimiento en zonas estratégicas— ya generan efectos dentro del sistema judicial, tanto por infraestructura como por conflictividad.
“Pensamos acelerar un poco el edificio de San Antonio”, señaló, y precisó que allí se proyecta “un edificio de unos 2500 metros cuadrados”. Incluso contó que evaluó alternativas de financiamiento, concretamente fondos que recibe el Estado por la actividad hidrocarburífera.
En paralelo, describió impactos en el norte provincial y “por eso queremos abrir el juzgado de familia” en Catriel.
En ese sentido, dejó una observación, que aparece en las estadísticas. Dijo que “mientras el fuero laboral está amesetado, el fuero de familia está en constante crecimiento” y proyectó “más de 20.000 conflictos judicializados”, aun cuando “en mediación se atrapa casi el 80%” de los casos.
Escuchá la entrevista completa con Ricardo Apcarián en Mañana de Noticias
