El Ministerio Público Fiscal de Río Negro no avanzará con la investigación sobre la concesión de una cantera atribuida a Claudio Ciccarelli, primo del empresario “Fred” Machado, detenido en Estados Unidos desde fines del año pasado.
Según se supo este lunes, el fiscal viedmense Francisco Marano resolvió archivar de manera provisoria el legajo abierto luego de la denuncia presentada por legislador peronista Luciano Delgado Sempé, a partir de presuntas incompatibilidades y posibles delitos vinculados a la actividad de la empresa Gold and Sand SRL, integrada por Cicarelli.
La decisión se adoptó el 27 de abril pasado, a través de una resolución el la que se concluye que “por el momento” no existen elementos suficientes para sostener la existencia de un delito ni para avanzar en una investigación penal.
Quién es Ciccarelli
El nombre de Cicarelli tomó relevancia pública en Río Negro en los últimos meses por su vínculo familiar con Machado, el empresario rionegrino detenido en Viedma y extraditado luego a los Estados Unidos, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero vinculado al narcotráfico. A ese contexto se sumó la difusión de registros oficiales que lo ubicaban a Ciccarelli como agente del Estado provincial, lo que motivó cuestionamientos desde la oposición sobre una posible superposición entre su actividad privada y su función pública.
La causa se había iniciado en octubre de 2025 a partir de la presentación del legislador del bloque Vamos con Todos, quien solicitó que se investigara si Cicarelli —vinculado a la empresa beneficiaria de la concesión minera— había incurrido en violaciones a la Ley de Ética Pública, incompatibilidades administrativas o delitos relacionados con el uso de información o recursos del Estado para beneficio personal.
Una concesión por diez años
Durante la investigación, la Fiscalía requirió informes a distintos organismos públicos para verificar la situación laboral de Cicarelli y el proceso de adjudicación de la cantera “La Finita RH”, otorgada en noviembre de 2024 por un plazo de diez años a la firma Gold and Sand SRL.
Según surge del dictamen, se confirmó que Cicarelli había sido agente estatal, con funciones en el Ministerio de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura y una adscripción en la Legislatura provincial, aunque su vínculo laboral finalizó el 6 de octubre de 2025 tras la aceptación de su renuncia.
En cuanto a la concesión minera, la Secretaría de Energía y Ambiente informó que se otorgóa conforme al procedimiento establecido y que no se detectaron irregularidades en su tramitación. Además, se indicó que los permisos no se otorgaron a título personal, sino a la empresa, de la cual Cicarelli es socio.
La presunta incompatibilidad
El fiscal también analizó si existía incompatibilidad entre la función pública y la actividad privada del denunciado. En ese punto, sostuvo que no se verificó que Cicarelli estuviera alcanzado por las restricciones previstas para determinados funcionarios en la normativa minera ni por la obligación de presentar declaraciones juradas patrimoniales, ya que no encuadraba dentro de los sujetos obligados por la Ley de Ética Pública.
Asimismo, destacó que no se encontraron elementos que permitan suponer que el investigado haya accedido a información privilegiada desde el Estado para obtener beneficios en la concesión minera, ni irregularidades en la constitución de la sociedad comercial ni en los procedimientos administrativos analizados.
En ese marco, el dictamen concluye que “no podemos afirmar por el momento que haya habido un accionar delictivo” y califica la denuncia como “prematura”, en tanto no se habían agotado instancias previas en los organismos administrativos competentes.
El expediente, camino a la FIA
No obstante, el Ministerio Público Fiscal dispuso remitir las actuaciones a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), organismo encargado de aplicar la Ley de Ética Pública, para que analice la eventual existencia de incompatibilidades o infracciones administrativas. Esa vía continúa en trámite y, en caso de surgir elementos que configuren un delito, podría reabrirse la investigación penal.
El archivo dispuesto se encuadra en el artículo 128 inciso 4 del Código Procesal Penal y tiene carácter provisorio, por lo que puede revisarse si se incorporan nuevas pruebas.
La reacción del legislador que presentó la denuncia
Tras notificarse de la resolución, Delgado Sempé cuestionó duramente la decisión del Ministerio Público Fiscal y expresó su “profunda preocupación” por el mensaje institucional que, a su entender, deja el archivo de la causa.
El legislador sostuvo que, frente a denuncias que involucran posibles vínculos entre actividad privada y función pública, la respuesta judicial “termina siendo el archivo y la demora, en lugar de una investigación penal profunda, rápida y ejemplar”.
En ese sentido, criticó que la Fiscalía haya optado por trasladar el análisis al ámbito administrativo en lugar de impulsar medidas de investigación penal, y remarcó que durante la tramitación no se avanzó en diligencias que consideró clave, como el acceso a información contable y bancaria del investigado o la incorporación de funcionarios que intervinieron en la concesión.
“El resultado concreto es que no hay hoy una investigación penal en marcha, sino un expediente archivado ‘por ahora’ y una derivación a un organismo administrativo cuyos tiempos y alcances son inciertos”, señaló.
Un organismo con la independencia cuestionada
También advirtió sobre la dependencia institucional de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, al indicar que sus autoridades son propuestas por el Poder Ejecutivo provincial, lo que —según su planteo— puede afectar la percepción de independencia en el análisis del caso.
Delgado Sempé afirmó que la resolución no implica que se haya descartado la existencia de irregularidades, sino que “se decidió no profundizar la pesquisa penal pese a los indicios existentes”, y anticipó que continuará impulsando acciones para que se revisen las decisiones adoptadas y se investiguen las responsabilidades.
Finalmente, planteó que “no puede naturalizarse” que posibles incompatibilidades entre negocios privados y función pública se resuelvan sin una investigación penal, y reiteró su intención de avanzar por las vías legales disponibles para que el caso se analice en profundidad.
