La denuncia penal impulsada desde el municipio de Fernández Oro contra el concejal Christian Artero (Frente de Oro) por presunto fraude en perjuicio de la administración pública quedó finalmente archivada. Las actuaciones se iniciaron en abril, cuando miembros del Tribunal de Cuentas y un asesor legal del Ejecutivo municipal señalaron al edil por una presunta incompatibilidad en el ejercicio de cargos públicos, al desempeñarse de manera simultánea como edil, funcionario contratado de la municipalidad de Catriel y tesorero de la Fundación Polo Tecnológico y Social, entidad vinculada al diseño de políticas para esa localidad.
En respuesta, Artero —de origen peronista— sostuvo que la causa respondió a una ”maniobra política” en su contra y apuntó directamente contra el gobierno local de Juntos Somos Río Negro, presidido por el intendente Gustavo Amati.
Los argumentos de la denuncia
La presentación contó con el aval del presidente del Tribunal de Cuentas de Catriel, Franco Rivero, el asesor legal del municipio de Fernández Oro, Martín Rebaliatti, y los integrantes del Tribunal de Cuentas de Fernández Oro, Orlando Carrasco y Celina Folatelli.
En el escrito se señaló expresamente la presunta existencia de tres funciones desempeñadas de manera simultánea por el concejal Artero, todas ellas remuneradas. Además, sostuvo que la situación habría sido deliberadamente ocultada mediante maniobras administrativas y contractuales.
En ese sentido, los denunciantes se ampararon en la Constitución de Río Negro, que establece que “queda prohibido acumular, en una persona, dos o más empleos, aunque uno sea provincial y el otro u otros nacionales o municipales, con las excepciones que establece la ley”. Asimismo, citaron la Ley de Ética Pública Nº 3.550, que considera como remuneración todas aquellas funciones y cargos generadores de sueldos, retribuciones, dietas o cualquier otro, incluyendo contratos de obras o servicios.
La documentación presentada señala que Artero asumió como concejal el 10 de diciembre de 2023 y percibió su remuneración bajo distintas modalidades. Entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, cobró su sueldo de manera directa, con acreditación en su cuenta bancaria personal. Luego, entre abril y diciembre de 2024, presentó una nota ante el Deliberante en la que manifestó su decisión de donar la totalidad de su dieta, solicitando que los fondos se destinaran a la caja chica del propio cuerpo. Esa modalidad resultó aceptada y formalizada mediante resoluciones administrativas. A partir del 1 de enero de 2025, retomó la percepción directa de su dieta, dejando sin efecto la donación.
Por último, se afirmó que dicha donación no implicó una renuncia real ni un desapoderamiento efectivo de los fondos públicos, ya que el dinero permaneció dentro del ámbito del Concejo, lo que —según sostuvieron los denunciantes— habría permitido al edil una disposición indirecta de los recursos, configurando una maniobra para simular el cumplimiento de las normas de incompatibilidad.
El análisis de la Fiscalía
Sin embargo, la fiscal Alejandra Altamira resolvió este martes archivar la causa, al considerar que no existió delito alguno en las acciones de Artero, más allá de las eventuales implicancias morales o políticas que pudiera suscitar la situación.
En su análisis, la fiscal sostuvo que si bien la Ley de Ética Pública no resulta aplicable al caso —debido a que el municipio no adhirió a la normativa—, aun bajo una aplicación estricta de la misma la conducta atribuida al concejal no encuadra en ningún tipo penal. En ese punto, señaló que la Constitución provincial es clara al referirse a la prohibición de acumular “dos o más empleos”, y no a toda actividad remunerada por el Estado. Asimismo, destacó que la propia denuncia reconoce que la Ley 3.550 no establece una prohibición taxativa para la situación planteada, por lo que recordó el principio constitucional según el cual “ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”.
Ante la gravedad de la demanda, el Ministerio Público Fiscal había solicitado más documentación respaldatoria tanto al municipio de Catriel como al de Fernández Oro. También requirió información adicional al Concejo, a fin de determinar si existía algún procedimiento administrativo en curso contra Artero. En respuesta, el cuerpo informó que no se habían iniciado actuaciones, dado que el municipio no adhirió a la Ley de Ética Pública.
De la documentación también surgió que Artero juró como concejal el 10 de diciembre de 2023 y que dos días después asumió como asesor en políticas públicas de Catriel, mediante un contrato de locación de servicios. En ese sentido, se consignaron la modalidad de pago, los mecanismos de actualización de honorarios y las condiciones para la finalización del vínculo contractual, destacándose que la contratación se realizó en virtud de su título universitario.
En otro tramo de la denuncia, se le atribuyó a Artero haber dispuesto de fondos públicos a través de la denominada donación de su dieta como concejal, presuntamente percibida en situación de incompatibilidad. No obstante, la fiscal indicó que los fondos correspondientes a esa dieta no quedaron bajo el dominio, administración ni control personal del edil, sino que fueron incorporados a la caja del Deliberante, un órgano colegiado que administra sus recursos de manera autónoma. En consecuencia, concluyó que no se verificó ningún acto de disposición indebida de fondos públicos que permita suponer un manejo irregular.
En conclusión, si bien la cantidad de documentación resultó significativa, la fiscal señaló que los elementos incorporados no permitieron acreditar la comisión de delito alguno.
La no renovación de contrato
A fines de noviembre, desde el Tribunal de Cuentas de Catriel se había informado que el contrato de Artero con el municipio comandado por Daniela Salzotto no fue renovado a partir de julio. En ese contexto, el presidente del organismo, Franco Rivero, había rechazado que se tratara de una persecución personal y defendió el accionar institucional.
“Esto no es una persecución personal. Es la demostración de que el control institucional funciona cuando se lo ejerce con valentía y sin mirar banderas políticas. Lo que cae no son personas: es la impunidad”, sostuvo en aquel momento.
La respuesta del denunciado
Tras la desestimación de la denuncia, el edil se refirió públicamente al caso en las últimas horas. A través de un comunicado difundido en redes sociales, el concejal —de origen peronista— aseguró que las acusaciones formaron parte de una “mentira” con fines estrictamente políticos.
“La mentira tiene patas cortas”, expresó, y agregó que “queda demostrado que esta denuncia fue una maniobra política malintencionada, cuyo único objetivo fue desprestigiar, herir y dañar, en lo político y en lo personal, a un concejal que no es funcional ni cómplice del gobierno de turno, del gobierno de Amati y de sus operadores”.
En su descargo, Artero sostuvo que la presentación fue el costo de “ser un militante político, de no quedarse callado, de incomodar, de proponer ideas, de señalar errores y de trabajar —con aciertos y errores— para que Fernández Oro crezca”. En ese sentido, precisó que la acusación respondió a su rol opositor frente al gobierno municipal de Juntos Somos Río Negro.
