En tiempos de escalada internacional y discursos cada vez más beligerantes, resulta imprescindible recordar un principio básico: la Argentina no puede ni debe involucrarse en conflictos armados externos.
Esto no es una cuestión ideológica, sino institucional y ética.
El límite de la Constitución Argentina
Desde lo institucional, la Constitución Nacional establece límites claros. El artículo 75 inciso 28 dispone que corresponde al Congreso “permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la Nación, y la salida de fuerzas nacionales fuera de él”. Asimismo, el artículo 75 inciso 25 atribuye al Congreso la facultad de “autorizar al Poder Ejecutivo para declarar la guerra o hacer la paz”.
Estas disposiciones no son meras formalidades: constituyen un resguardo deliberado del sistema republicano, que impide que decisiones de tal gravedad queden en manos exclusivas del Poder Ejecutivo.
En esa misma línea, la Ley 25.880 regula el procedimiento para la salida de tropas al exterior, exigiendo la intervención del Congreso, con excepciones muy acotadas que no incluyen la participación en conflictos armados.
La posición desde la ética
Desde lo ético, la posición debe ser igualmente clara. Toda guerra implica sufrimiento humano, destrucción y muerte. La Argentina tiene una tradición histórica de resolución pacífica de controversias y de participación internacional en marcos multilaterales, no en guerras definidas por intereses ajenos.
Pero hay además una dimensión concreta, inmediata: la de nuestros propios ciudadanos. Involucrar soldados argentinos en conflictos lejanos significa exponer vidas humanas en escenarios que no han sido debatidos ni decididos colectivamente.
La práctica institucional argentina ha seguido, con matices, este principio: los despliegues militares en el exterior —particularmente en misiones internacionales— han requerido autorización legislativa, justamente para preservar el control democrático sobre el uso de la fuerza. Cualquier apartamiento de este criterio genera debate jurídico y pone en tensión el orden constitucional.
La necesaria intervención del Congreso
Por eso, no se trata solo de rechazar una eventual participación militar, sino también de exigir el cumplimiento de las normas que rigen nuestra vida institucional. El Congreso de la Nación debe intervenir y ejercer plenamente sus atribuciones ante cualquier iniciativa de esta naturaleza.
La paz no es una posición ingenua. Es una decisión política y un compromiso con la vida.
Y en este caso, debería ser una decisión clara: la Argentina no debe ser parte de ninguna guerra.
(*) Médico Pediatra. Docente universitario.
