Las autoridades de la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio de Roca (CAIC) recibieron este jueves al defensor del usuario del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), Guillermo Erwin Zeug, quien recibió reclamos de los vecinos y brindó detalles sobre el pedido de actualización tarifaria presentado por la distribuidora Edersa.
Durante el encuentro, el funcionario anticipó que su dictamen será negativo frente al planteo realizado por la empresa en esta revisión ordinaria, una posición que quedará formalmente expuesta en la audiencia pública prevista para el próximo viernes.
La advertencia por inconsistencias
Edersa incluyó en esta revisión quinquenal una solicitud de un Valor Agregado de Distribución (VAD) anual de $260.398 millones para el período 2027–2031. Ese nivel de ingresos implicaría un incremento estimado del 45,9% respecto de los valores vigentes en los cuadros tarifarios.
En términos de una tarifa media, la compañía señala que el costo pasaría de $210,32 por MWh a $306,86 por MWh, a valores de septiembre de 2025. No obstante, el porcentaje final de suba —en caso de aprobarse— podría modificarse, ya que la empresa pidió actualizar ese cálculo al momento de su eventual puesta en vigencia.
Al respecto, Zeug advirtió inconsistencias en el modelo utilizado para proyectar la demanda de la distribuidora para los próximos cinco años. “Hay contradicciones en las estimaciones de crecimiento, que en general son moderadas a bajas. Se tomaron parámetros que no reflejan la realidad de Río Negro, sino proyecciones de carácter nacional”, señaló.
El defensor precisó, además, que el pedido de la distribuidora más grande de Río Negro se sustenta, entre otros aspectos, en un aumento de la tasa de rentabilidad reconocida. Actualmente, el esquema le otorga una rentabilidad del 7,18% antes de impuestos, mientras que la empresa solicita elevarla al 13,39%. La particularidad es que ese cálculo incorpora el riesgo país. En cambio, la metodología utilizada por el EPRE para estimar la rentabilidad no toma ese indicador en su totalidad, sino que considera el riesgo específico del sector eléctrico, que usualmente representa entre el 30% y el 40% del riesgo país.
Una alerta por actualizaciones automáticas
Otro de los puntos que genera mayores cuestionamientos es el pedido de implementar un mecanismo automático de actualización del VAD, que le permitiría a la empresa ajustar periódicamente ese componente para evitar que la inflación erosione sus ingresos. De este modo, los aumentos de costos que la distribuidora sostiene no poder controlar —como salarios o insumos— se trasladarían de forma sistemática a las facturas.
Zeug sostuvo que se trata de uno de los aspectos más críticos de la solicitud, ya que, según advirtió, podría contradecir la ley regulatoria del servicio eléctrico, que establece la necesidad de una instancia formal de revisión para cada solicitud de aumento.
Claridad en los datos y en las obras
Durante la charla, el secretario de la CAIC, Miguel Grasso, formuló distintos cuestionamientos, entre ellos la insistencia en el cumplimiento de las campañas de medición exigidas en el contrato de concesión, que obliga a la distribuidora a realizar evaluaciones periódicas sobre los niveles de consumo de los usuarios. Si bien Edersa informó durante 2024 la realización de esos relevamientos, hasta el momento no habría difundido sus resultados.
“El principal problema es que no hay un dato certero por la falta de información sobre esas campañas de medición”, señaló Grasso, quien exigió datos contrastables que permitan estimar el nivel de demanda y faciliten la proyección de obras.
Por su parte, el legislador Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos) solicitó que se requiera a la empresa la presentación de un mapeo detallado con la ubicación de cada proyecto de infraestructura previsto para el próximo quinquenio, así como su impacto en la red eléctrica provincial. En esa línea, también reclamó precisiones sobre las mejoras efectivamente ejecutadas por Edersa en el último período, tras la última revisión tarifaria ordinaria de 2021.
Los plazos legales
Con la información recopilada en este encuentro y en otras instancias realizadas durante los últimos días en distintos puntos de la provincia, el defensor del usuario elaborará su informe final. Ese documento no vinculante se elevará al directorio del EPRE, que luego de la audiencia pública analizará el planteo de la empresa y resolverá si autoriza o no el incremento.
Según la Ley Nº 2902, el organismo cuenta con 120 días hábiles para adoptar una decisión, aunque en la práctica esos plazos suelen extenderse. La última revisión extraordinaria solicitada por la empresa en marzo del año pasado, por ejemplo, recién se resolvió y publicó en el Boletín Oficial a finales de enero.
