Las nuevas tecnologías están redefiniendo el modo en que se disputan las campañas electorales. Desde imágenes manipuladas hasta audios falsos que se viralizan en segundos, la inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una herramienta poderosa y, a la vez, riesgosa en los procesos democráticos. Frente a este panorama, se impone un interrogante: ¿el desafío principal pasa por regular estas herramientas o por fortalecer las capacidades de la ciudadanía para identificar la desinformación?
Para Raúl Martínez Fazzalari, abogado especialista en delitos informáticos y docente universitario, el fenómeno avanza a gran velocidad. “Lo que en 2023 parecía novedoso, hoy ya está superado. El nivel de precisión y sofisticación que han alcanzado los sistemas de IA para generar contenido falso es abismal”, advierte.
La Justicia ante la Inteligencia Artificial
Frente a este escenario, una de las respuestas institucionales que se viene aplicando en Argentina es la autorregulación entre los propios partidos políticos.
Según explicó el experto durante una entrevista en Mañana de Noticias, por CNN Radio Roca, desde hace varios años la Cámara Nacional Electoral convoca a las fuerzas participantes para que, de manera voluntaria, acuerden pautas de conducta respecto al uso de nuevas tecnologías durante la campaña. Sin embargo, este mecanismo solo alcanza a los actores formales del proceso.
“El verdadero problema está en el accionar individual: personas que, desde sus celulares, pueden publicar contenidos difamatorios o falsos de manera masiva. Esa dimensión es imposible de controlar con las herramientas actuales”, señala.
La Justicia, en estos casos, queda relegada a una carrera contra el tiempo. “Para abrir una investigación y llegar a una persona física que publicó un mensaje, se necesitan procesos complejos y lentos. Cuando se logra identificar al autor, el daño ya está hecho. La desinformación circuló, cumplió su objetivo y se viralizó”, explica el especialista.
Cómo contrarrestar los efectos
Frente a este diagnóstico, Martínez Fazzalari considera clave construir mecanismos de respuesta rápida. Y allí aparece el rol de los partidos, para actuar con agilidad para desmentir contenidos falsos que los afecten. Pero también los ciudadanos, desarrollando el reflejo de la duda, para no dar por cierta cualquier información que circula.
Otra cuestión clave es el debate sobre los límites de la libertad de expresión. “Este derecho protege la opinión y la información libre, pero encuentra su límite cuando se incurre en ofensas, mentiras o difamaciones. Quien traspasa ese umbral puede y debe enfrentar consecuencias”, remarca Fazzalari.
Respecto al rol de las plataformas digitales (X, WhatsApp, Facebook, TikTok, Youtube), el abogado recuerda que operan bajo un régimen de autorregulación a través de sus términos y condiciones, que el usuario acepta al descargar una aplicación. “No hay una normativa externa que regule su funcionamiento. Y cuando los términos de una plataforma entran en conflicto con las leyes de un país, se abre un debate jurídico complejo que aún está en discusión”, advierte.
El caso Negri, un antecedente valioso
Además de la mayor circulación de audios o videos generados con IA, el debate sobre las acciones de la Justicia ante estas situaciones se reactivó por un reciente fallo de la Cámara Nacional Electoral.
Se trata de la confirmación del procesamiento de una mujer, acusada de haber difundido una “deep fake” contra el exsenador cordobés Mario Negri (UCR).
El contenido –difundido mediante anuncios pagos en Facebook– simulaba una entrevista periodística falsa, construida con un montaje de voces y fragmentos reales, con el fin de atribuir hechos delictivos al candidato.
El fallo sostuvo que este tipo de maniobras, cuando ocurren en contextos electorales, afectan no solo derechos individuales sino también el derecho de participación política y la integridad del proceso democrático. Por lo que, la conducta fue encuadrada como delito de inducción con engaños (art. 140 del Código Electoral Nacional).
Los fundamentos principales
La sentencia destaca que:
- Las prácticas de desinformación —deepfakes, bots, trolls, perfiles anónimos— pueden comprometer la integridad democrática, más allá del daño a una persona candidata.
- El video fue considerado un engaño con idoneidad suficiente para inducir el voto fraudulentamente.
- Se utilizó publicidad paga en redes, con más de 400.000 impresiones por anuncio y un gasto superior a ARS 170.000.
- Se identificó el IP y cuenta publicitaria asociada a la acusada.
- Se destacó que el fenómeno de la violencia electoral y la distorsión del debate público adquiere una relevancia particular en las redes sociales y entornos digitales, ya que pueden influir decisivamente sobre la capacidad de los ciudadanos de elegir a sus representantes.
- Se recordó que la finalidad del régimen electoral es preservar la pureza del sufragio.
- Se valoró el Compromiso Ético Digital promovido por la CNE, y la reciente creación de una Unidad de Inteligencia Artificial para detectar y mitigar la desinformación en redes.
Escuchá la entrevista completa con Raúl Martínez Fazzalari en Mañana de Noticias
El fallo completo del caso Negri
