El bloque Vamos con Todos presentó un proyecto para que los barrios privados, loteos y urbanizaciones asentados en áreas productivas de los valles irrigados de Río Negro sigan obligados a pagar el canon de riego a los consorcios. La iniciativa busca prohibir la desvinculación del sistema a través de compensaciones económicas o aportes extraordinarios.
Cuál es la fundamentación
La propuesta impulsada por el legislador Luciano Delgado Sempé se apoya en el rol histórico que tuvo el sistema de riego en el desarrollo económico, productivo y social de Río Negro.
“Los valles irrigados constituyen una verdadera política de Estado sostenida durante más de un siglo mediante inversiones públicas realizadas por la Nación, la Provincia y los propios productores”, sostiene el autor en los fundamentos de la iniciativa.
Según explica, el funcionamiento de esa infraestructura demanda tareas permanentes de conservación, mantenimiento, limpieza, reparación y modernización, tareas que deben afrontar año tras año los consorcios de riego de cada localidad. Sin embargo, el proyecto advierte que en las últimas décadas la reducción de las superficies productivas generó un desequilibrio y cada vez menos productores deben sostener una red que conserva prácticamente la misma extensión que hace más de cien años.
Esa situación impacta de manera directa en el valor del canon de riego que pagan los productores, un costo que se suma a las dificultades que atraviesan actividades como la fruticultura.
Delgado Sempé atribuye parte de ese fenómeno al avance de urbanizaciones sobre antiguas chacras productivas. “El fenómeno creciente de urbanización de chacras mediante loteos, barrios privados, clubes de campo y distintos emprendimientos inmobiliarios genera consecuencias que trascienden al propietario individual y afectan a todo el sistema productivo regional”, señala.
De acuerdo con el legislador, la normativa vigente permite que determinados inmuebles se desvinculen de los consorcios de riego mediante el pago de compensaciones económicas extraordinarias. Aunque esos aportes representan ingresos inmediatos para las entidades administradoras, advierte que implican la pérdida permanente de contribuyentes que hasta entonces formaban parte del sistema.
“Si bien estos aportes representan un ingreso inmediato para las entidades administradoras, en los hechos significan la pérdida permanente de contribuyentes futuros”, remarca el proyecto.
Qué dice el proyecto
En su artículo 2, la normativa propuesta establece que todo inmueble ubicado dentro de áreas servidas por canales administrados por los consorcios de riego o por el Departamento Provincial de Aguas (DPA) mantendrá de manera obligatoria su condición de contribuyente, independientemente de cualquier cambio de destino que experimente. De esa manera, la obligación de pago continuaría vigente aun cuando una chacra sea subdividida, loteada o transformada.
Además, el texto prohíbe expresamente la desafectación o retiro de propiedades ubicadas dentro del área de influencia de los sistemas de riego a través de compensaciones económicas, indemnizaciones, aportes extraordinarios o mecanismos similares.
El canon en aumento
La propuesta de Delgado Sempé llega en un contexto de creciente presión sobre los consorcios de riego. De hecho, una reciente resolución del DPA —publicada este jueves en el Boletín Oficial— aprueba una actualización del canon de riego para la zona del Valle Inferior, una medida que refleja las dificultades que enfrentan los consorcios para sostener la infraestructura hídrica.
De acuerdo con el documento, el organismo convalidó un canon de $114.961,17 por hectárea al año, luego de evaluar la información presupuestaria presentada por el consorcio, que estima necesidades operativas cercanas a los $2.500 millones para el ejercicio anual.
La propia norma, firmada por el superintendente Néstor Pérez, fundamenta el incremento en la necesidad de «procurar una eficiente prestación del servicio correspondiente al sistema de riego». Asimismo, señala que la actualización tarifaria permitirá «consolidar la autosustentabilidad financiera y asegurar la prestación del servicio correspondiente al sistema de riego».
