La audiencia de formulación de cargos en la causa que investiga el presunto uso de certificados médicos falsos por parte de efectivos de la Policía de Río Negro, volvió a ser reprogramada.
El expediente, que tramita en Viedma pero tiene como principales involucrados a agentes del Alto Valle, es el más grande en la historia de la Justicia rionegrina por la cantidad de personas alcanzadas: más de 120 policías, una médica y su esposo. Debido a la magnitud, en junio se había resuelto avanzar con las acusaciones en grupos de hasta 20 personas, con el objetivo de garantizar el derecho de defensa de todos los investigados.
El motivo de la postergación
La audiencia prevista para este viernes debió ser reprogramada debido a la ausencia del abogado Diego Broggini, defensor de la médica señalada en la denuncia promovida por la Fiscalía de Estado y considerada, junto con su marido, partícipe necesaria de los hechos.
Ante esta situación, el juez de Garantías Adrián Dvorzak remarcó la necesidad de garantizar la presencia de todas las partes en esta instancia y, con el objetivo de evitar eventuales nulidades en una causa de elevada complejidad, resolvió reorganizar el cronograma de audiencias. Las nuevas jornadas comenzarán el 21 de septiembre.
“No se puede hacer una única audiencia de cuestiones procesales previas porque hay un fallo que requiere que todas las partes estén presentes», explicó el magistrado.


Por su parte, el fiscal jefe Juan Pedro Peralta pidió a las partes que exista “voluntad” para avanzar con el expediente y evitar nuevas postergaciones. El Ministerio Público Fiscal había dispuesto previamente distribuir a los imputados en nueve tandas diferentes para llevar adelante las audiencias.
“Este es un legajo que tiene mucha documentación. Debe haber voluntad de las partes para que no se sigan suspendiendo audiencias y que empiece a avanzar el legajo. Solicito no dilatar más en el tiempo, incluso en beneficio de los propios asistidos”, señaló Peralta.
Desde la querella también plantearon la imposibilidad de realizar una audiencia conjunta, debido a la magnitud del expediente: se trata puntualmente de 130 personas imputadas y 17 abogados defensores.
En este contexto, Dvorzak dispuso que antes de cada audiencia de formulación de cargos se aborden los planteos y excepciones procesales preliminares que correspondan. La medida apunta a garantizar el ejercicio del derecho de defensa de cada uno de los imputados y, al mismo tiempo, evitar que el avance del proceso pueda quedar posteriormente cuestionado por eventuales defectos de procedimiento.
El inicio del expediente
La causa es una de las investigaciones por presunta corrupción administrativa más importantes que haya alcanzado al Estado provincial y tuvo su origen en la presunta utilización de certificados médicos apócrifos para justificar inasistencias laborales y acceder a licencias de manera irregular. Según la hipótesis de la Fiscalía, esos documentos contenían diagnósticos falsos o incompatibles con la situación real de los agentes, lo que les habría permitido ausentarse de sus funciones sin sufrir descuentos salariales.
La denuncia fue impulsada en 2024 por el gobernador Alberto Weretilneck, el fiscal de Estado, Gastón Pérez Estevan, y el fiscal de Estado adjunto, Luciano Minetti Kern. En representación de la querella también interviene Federico Rosbaco.

El expediente comenzó con una investigación encabezada por el fiscal Peralta sobre un reducido grupo de agentes. Sin embargo, a medida que avanzaron las medidas de prueba, surgieron nuevos elementos que ampliaron considerablemente el alcance del caso. Ante esa situación, se conformó un equipo especial integrado por los fiscales Mariana Giammona y Francisco Marano, de la Fiscalía N° 8, y Candelaria Molineaux, de la Fiscalía N° 7.
Entre las diligencias realizadas se incluyó el análisis de documentación, registros laborales y movimientos financieros. Según fuentes vinculadas a la investigación, la Fiscalía también efectuó cruces de información bancaria vinculados a profesionales de la salud presuntamente relacionados con la emisión de los certificados cuestionados. Esos elementos forman parte del conjunto de pruebas que se buscará exponer durante las imputaciones.
La postura de Provincia
Desde el Gobierno provincial destacaron la investigación como parte de las políticas de control y auditoría implementadas por la actual gestión, orientadas a resguardar los recursos públicos y fortalecer los mecanismos de transparencia en la administración estatal.
La secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, señaló que la investigación se inició a partir de controles internos que permitieron detectar presuntas irregularidades en el otorgamiento de licencias médicas. “En el Poder Judicial nos aclararon que no hay antecedentes de una causa de esta magnitud. Esto fue posible gracias a los controles que se implementaron y al trabajo de investigación que permitió detectar estas presuntas maniobras irregulares”, afirmó la funcionaria.
Lastra explicó además que, a partir de esos primeros hallazgos, el seguimiento del presentismo se incorporó como una herramienta permanente dentro de los controles de la administración pública. Según sostuvo, la implementación de estas medidas permitió reducir los niveles de ausentismo en el Estado provincial.
