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Río Negro

Certificados médicos falsos: el pedido de cambio de circunscripción que abrió el debate en la primera audiencia

La defensa solicitó que la investigación pase de Viedma a Roca por considerar que allí se concentra la mayoría de los involucrados. Fiscalía y querella rechazaron el planteo y advirtieron por nuevos retrasos.
Estaba previsto que el proceso de formulación de cargos comience en agosto.

Este miércoles comenzó la primera de las audiencias de formulación de cargos en la causa que investiga el presunto uso de certificados médicos falsos por parte de efectivos de la Policía de Río Negro. Se trata de un expediente inédito en la historia judicial de la provincia por la cantidad de personas involucradas: más de 120 agentes, una médica y su esposo.

El juez Adrián Dvorzak deberá resolver los planteos de las partes el próximo 9 de octubre, una vez finalizadas las presentaciones correspondientes a esta etapa del proceso.

Cambio de circunscripción

En la primera de las nueve audiencias inicialmente previstas los defensores públicos de los acusados solicitaron que se declare la incompetencia de la Primera Circunscripción Judicial y que la causa continúe su trámite en la Segunda Circunscripción, con asiento en Roca. El argumento central fue que la mayoría de los policías involucrados y la médica señalada como responsable de emitir los certificados cuestionados tienen domicilio en el Alto Valle.

En ese punto, la abogada María Paz Álvarez cuestionó el argumento del Ministerio Público Fiscal, que sostiene que el expediente debe tramitar en la capital por ser la sede de la Provincia de Río Negro, constituida como querellante en la causa. Para la defensa, ese fundamento resulta insuficiente y la investigación debería trasladarse a Roca, por tratarse —según planteó— de la jurisdicción donde se habría producido el perjuicio que se investiga.

Álvarez sostuvo que allí se encuentran radicadas las cuentas sueldo de los agentes que habrían utilizado los certificados para justificar sus licencias. Además, respondió con ironía al planteo del fiscal jefe Juan Pedro Peralta y señaló que, siguiendo su hipótesis, toda presunta defraudación contra el Estado “debería transcurrir en Viedma”.

La defensora aclaró que el planteo no implicaría retrotraer la investigación ni invalidar la prueba ya incorporada, sino trasladar el trámite a una jurisdicción que, a su parecer, facilitaría la producción de nuevas pruebas en la etapa de investigación. “No habría ningún letargo procesal. Las dificultades de producir prueba para la defensa a más de 500 kilómetros del hecho resultan impensables. Llevar a un juicio oral y público a 500 kilómetros también. ¿Se va a realizar un juicio íntegramente virtual entonces? Porque la mayoría reside en el Alto Valle”, afirmó.

Finalmente, Álvarez sostuvo que este es el momento procesal en el que la defensa puede plantear la cuestión y vinculó el pedido con una eventual etapa de juicio. “Este es el primer momento oportuno para que la defensa plantee esta situación. De cara a un juicio oral y público, que es probable, me parece que el derecho de defensa se vería palmariamente afectado”, ratificó.

La postura de los defensores particulares

A su turno, el abogado particular Nicolás Suárez Colman coincidió con el planteo de la defensora pública y cuestionó la permanencia de la investigación en la capital. En ese sentido, consideró que la decisión del MPF de mantener la causa en Viedma responde a un “capricho” y argumentó que la situación también genera dificultades operativas para los letrados particulares.

“Entiendo que hay un capricho del Ministerio Público Fiscal de mantener una circunscripción que es incompetente. No solo en las cuestiones de defensa, sino también en cuestiones operativas. Las defensas particulares no tenemos el acceso a la información que tiene la defensoría oficial. Esto dificulta el proceso de defensa en la parte previa”, remarcó.

Los acusados participaron de la audiencia vía zoom.

Por su parte, el abogado particular Diego Broggini incorporó una lectura política sobre el origen y los objetivos de la investigación. Según sostuvo, la causa habría sido impulsada como parte de una estrategia del Gobierno rionegrino para reforzar su discurso sobre la eficiencia en el empleo público y, al mismo tiempo, desalentar el uso de certificados por parte de los trabajadores estatales.

“El objetivo de esta causa no es que arribe a una situación de justicia, sino que es un montaje armado para desalentar a las personas que tengan problemas de salud a que puedan ser motivo para gozar de una licencia”, afirmó.

Broggini vinculó además esa hipótesis con la intervención de la consultora Dienst Consulting, contratada para llevar adelante procesos de revisión de las solicitudes. Como antecedente, mencionó un caso ocurrido en el Valle Medio y aludió a una docente que falleció en marzo de 2025, luego de que el gremio Unter denunciara públicamente el supuesto rechazo de su certificado médico.

El abogado sostuvo que ese episodio resulta una muestra de los efectos de la política provincial y reiteró su cuestionamiento al ámbito en el que tramita el expediente. “Esta causa es un montaje armado. Acá hay un largo ejercicio del derecho de defensa a cumplir y que debería cumplirse en los ámbitos donde se dieron por sucedidos (los hechos), que no es Viedma”, concluyó.

El pedido del MPF

El fiscal Peralta, en tanto, solicitó al juez que rechazara el pedido de la defensa y sostuvo que remitir el legajo a la circunscripción que correspondiera “atenta contra la economía procesal”.

El representante del Ministerio Público señaló que el expediente lleva más de dos años de investigación y que atravesó distintos inconvenientes hasta llegar a la instancia de formulación de cargos. En ese contexto, consideró que modificar ahora la jurisdicción implicaría retrotraer el trámite y obligaría a nuevos actores judiciales a tomar conocimiento de los hechos y de la prueba ya reunida.

Asimismo, defendió la permanencia del expediente en Viedma porque, si bien los certificados cuestionados fueron presentados ante distintas dependencias de la administración pública, el presunto perjuicio económico habría impactado sobre el Estado provincial, cuya estructura administrativa y el área desde la que se realizan las liquidaciones salariales tienen asiento en la capital.

Peralta reconoció que no todas las investigaciones por presunta defraudación contra el Estado tramitan necesariamente en Viedma, pero consideró que tampoco resulta suficiente señalar que la mayoría de los agentes involucrados reside en el Alto Valle para modificar la competencia territorial. En ese sentido, señaló que, por tratarse de efectivos policiales, algunos pueden ser trasladados a distintas localidades, lo que volvería a plantear dificultades vinculadas con las distancias.

El fiscal también cuestionó el argumento de las defensas referido a las dificultades para acceder y producir prueba. Según explicó, el Ministerio Público ya reunió una cantidad significativa de elementos durante la investigación y sostuvo que las medidas pendientes no justifican el traslado. “La única prueba que quedaría pendiente, de cierta complejidad, es una caligráfica, que se puede desarrollar en Viedma. Esto de ninguna manera va a complicar el derecho de defensa”, afirmó.

La querella avaló a Fiscalía

Por su parte, la Fiscalía de Estado adhirió al planteo del MPF y rechazó que el cambio de jurisdicción, dado que, a su parecer, puede generar una demora en el proceso.

“El principio claro y por el que se interpuso la denuncia en esta circunscripción es porque el delito surtió efectos en esta circunscripción”, afirmó el abogado Federico Rosbaco.

En ese sentido, sostuvo que el objetivo de la presunta utilización de los certificados apócrifos buscaba generar un perjuicio económico al Estado a través de la liquidación de haberes. “El único fin que se perseguía con la generación de estos certificados apócrifos era un paso más de una estafa contra el Estado. De ese modo, generar un perjuicio en la liquidación de los sueldos, que se emite desde Viedma”, planteó.

Al finalizar la audiencia, Peralta solicitó que se pasara a un cuarto intermedio y que se continuara con una nueva audiencia. El juez de Garantías, en tanto, comunicó que dará a conocer su resolución el próximo 9 de octubre, una vez que haya escuchado a las partes en las distintas audiencias de formulación de cargos previstas durante las siguientes dos semanas.

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