El recorte que este gobierno ha aplicado a las universidades públicas atenta contra el desarrollo de la Nación. Pero más allá de este ajuste —que rechazo—, y considerando la autonomía que estas instituciones legítimamente detentan, urge una autocrítica profunda sobre preguntas que rara vez se formulan:
- ¿Es equitativo formar gratuitamente a profesionales (médicos, contadores, abogados, escribanos y tantos otros) que, una vez recibidos, no devuelven absolutamente nada ni al país que los sostuvo ni a la universidad que los formó?
- En una Argentina que no logra mantener sus cuentas en orden, ¿dónde resulta más justo y estratégico invertir los recursos escasos: en la educación inicial, primaria y secundaria —más masiva y vulnerable— o en un sistema universitario que muchas veces opera como un filtro social de doble cara?
- ¿Qué sentido tiene permitir el ingreso irrestricto de 1.000 estudiantes si, al cabo del primer parcial, ya han quedado fuera 500 y, al final de la carrera, egresan apenas 150? En mi propia Facultad de Medicina, sólo egresa el 15% de quienes ingresan. ¿A quién le sirve esta maquinaria que naturaliza el fracaso masivo como un daño colateral inevitable?
¿Universidades gratuitas?
No existe la universidad gratuita. Existe la universidad no arancelada. La sostienen las rentas generales: el IVA que paga la señora que vive en Maquinchao cuando compra un litro de leche, aunque jamás accederá sin costo a un escribano.
La financia el electricista monotributista de El Cuy, que deberá pagarle honorarios al abogado que lo asesore o a la dermatóloga que lo atienda luego de recorrer 100 kilómetros hasta el centro urbano más cercano. Incluso los centros de jubilados deben pagar a los contadores —formados en universidades públicas— para que les confeccionen balances.
En resumen, el sistema se sostiene con el aporte de muchos que no sólo no acceden a la universidad, sino que luego terminan pagando por los servicios de quienes sí lo hicieron.
Otro punto que merece ser discutido con madurez es la diferencia entre los títulos universitarios que habilitan a ejercer una profesión liberal y aquellos que no.
No es lo mismo un médico, un escribano, un contador o un abogado —que, con su matrícula, pueden generar ingresos por cuenta propia desde el primer día— que un profesor de historia, un licenciado en música o una traductora de alemán, cuya salida laboral suele estar ligada al sistema educativo o institucional.
En términos simples: unos se integran rápidamente a un mercado profesional autónomo; otros, dependen de políticas públicas para ejercer.
Esta diferencia no se menciona, pero impacta directamente en la forma en que esos egresados «devuelven» —o no— a la sociedad el esfuerzo colectivo que los sostuvo.
Universidades de acá y del mundo
Además, conviene recordarlo: la universidad argentina, en su modelo actual, es una rareza en el mundo. No tiene arancel, no exige examen de ingreso (más allá de nivelaciones como el CBC), y no establece cupos en la mayoría de las carreras.
Muy pocos países —si es que alguno— sostienen un esquema así. Incluso en los sistemas gratuitos de Europa, el ingreso es limitado y competitivo, y en países vecinos como Brasil o Uruguay, hay filtros académicos o esquemas de devolución luego del egreso.
¿Qué se investiga?
En un país con la urgencia estructural de generar trabajo, valor agregado y soberanía tecnológica, sorprende la distribución de recursos y prioridades de investigación dentro del sistema científico y universitario argentino.
Mientras se exportan millones de toneladas de granos sin logística adecuada, sin trenes eficientes ni puertos competitivos, los organismos de promoción científica siguen financiando mayoritariamente estudios que, sin desmerecer su valor cultural o simbólico, poco aportan a resolver los problemas reales del país.
No se trata de despreciar las humanidades, ni los estudios sociales, sino de recuperar el sentido estratégico de la ciencia pública. En este contexto, necesitamos más investigadores pensando en biotecnología, robótica, energías limpias, salud pública, nutrición, transporte o digitalización, y quizás menos tesis sobre representaciones de género en series de Netflix o discursos identitarios en redes sociales.
Lo que está en juego no es solo el destino de un paper, sino el despegue de una nación que no puede seguir cargando su maíz en camiones por rutas rotas mientras sueña con exportar conocimiento.
¿Por qué no despegamos, si en nuestro territorio caben —de sobra— ocho países de Europa? ¿Por qué retrocedemos, cuando lo que sembramos de trigo equivale a toda Irlanda, y la soja ocupa la superficie total de Uruguay y Paraguay juntos?
Defender la universidad pública no es solo cuidarla del ajuste. Es también atreverse a discutir cómo la volvemos más justa, más eficiente y más comprometida con el país real.
(*) Médico – Docente universitario – Ciudadano preocupado por sus nietos.
