La Fundación Kano cerró su sede en Villa Regina por dificultades económicas y dejó en suspenso las actividades que desarrollaba con más de 40 jóvenes y adultos con discapacidad de esa ciudad y localidades cercanas. La decisión, confirmada por su presidenta Ivana Vargas, en diálogo con Literal Radio, se da en un contexto de financiamiento cada vez más ajustado, un convenio municipal que —según la institución— no se sostuvo en el tiempo y la imposibilidad de garantizar una estructura estable únicamente con aportes privados.
Una decisión que se venía evaluando
“La situación económica no viene de ahora, hace más de un año y medio, dos años que venimos con esta situación y llegamos a este febrero de 2026 en la cual tuvimos que tomar esta difícil decisión”, explicó Vargas.
La presidenta de la ONG sostuvo que el cierre no fue abrupto, sino el resultado de un deterioro progresivo en los ingresos. “Tampoco podíamos prestar un servicio de calidad al cual nuestros estudiantes estaban acostumbrados. No nos sentíamos cómodos brindarle lo mínimo a la persona con discapacidad”, afirmó.
En Villa Regina, la fundación sostenía un espacio de formación laboral al que asistían jóvenes de esa ciudad y también de Chichinales y Godoy, una vez finalizada su trayectoria en escuelas especiales.
Números que no cerraron
El esquema de financiamiento combinaba prestaciones cubiertas por obras sociales y un sistema de becas y aportes solidarios. Sin embargo, la estructura se volvió inviable.
“Tenemos siete personas que tienen obra social y 38 estudiantes que no la tienen. La ecuación es muy simple”, describió Vargas.
Según detalló, parte de los asistentes abonaba una cuota mensual de 35 mil pesos gracias a padrinos que cubrían ese monto. Pero al menos 20 jóvenes se encontraban en situación de vulnerabilidad social y no podían pagar.
“Son personas que no solo no tienen obra social, sino que en su vida tuvieron algún tipo de rehabilitación. Hoy con Fundación Kano tenían algún tipo de prestación sin tener obra social y sin abonar”, explicó. En muchos casos, añadió, están al cuidado exclusivo de sus madres. “Esas mujeres no pueden salir a trabajar porque tienen que estar al cuidado de sus hijos. La pensión no contributiva hoy no alcanza a cubrir la canasta básica”, señaló.
El presupuesto mensual para sostener la sede rondaba los 8 millones de pesos. “Para nosotros es muchísimo, pero para el Estado o para una empresa privada no es nada”, comparó.
El convenio con el municipio
Uno de los puntos de mayor tensión fue el convenio firmado en 2023 con el municipio de Villa Regina, mediante el cual —según la fundación— el Ejecutivo local se comprometía a cubrir el alquiler del inmueble donde funcionaba la sede.
“Cuando hace dos años dijimos ‘cerramos’, nos reunimos con un grupo de padres y el señor intendente Luis Albrieu se comprometió a pagar el alquiler de la fundación. Firmamos ese convenio”, relató Vargas.
Sin embargo, aseguró que el acuerdo solo se cumplió durante un mes. “Eso sucedió un solo mes. Pagó ese mes y después no entró más el pago del alquiler. Empezamos a llamar al municipio y nos dijeron que no estábamos en el presupuesto municipal, que la ayuda era por un solo mes”, sostuvo.
A partir de allí, explicó, iniciaron gestiones formales y pedidos de audiencia. “Fueron notas para pedir audiencias, hablamos con concejales, hablamos con el presidente del Concejo Deliberante. Todo el mundo pasó”, expresó.
Finalmente, la institución rescindió el contrato de alquiler y dejó de contar con servicios básicos. “Nos sacaron el medidor de luz. Igual los jóvenes iban, hacían actividades. Las familias decían ‘vamos a juntar la plata’, hicimos un bingo, pero eso no es sustentable”, reconoció.
Discapacidad y financiamiento privado
Consultada sobre la posibilidad de sostener el proyecto sin asistencia estatal, Vargas señaló que exploraron alternativas en el sector privado, aunque sin resultados que permitieran garantizar continuidad.
“Hicimos convenios para que los chicos hagan pasantías, pero las empresas también están pasando una situación súper compleja”, indicó. Y agregó: “Ojalá aparezca una empresa que quiera apadrinar a estas 40 personas y acompañar”.
También implementaron un sistema de padrinazgos individuales. “Hay gente que nos dijo ‘les puedo donar 30 mil pesos por mes’, pero sostenerlo en el tiempo es muy difícil. No se puede estar haciendo bingos todos los meses, eso se agota”, explicó.
“Consecuencia de la emergencia en discapacidad”
En ese marco, la presidenta de la fundación vinculó el cierre con el contexto general del sector. “Esto es consecuencia de la emergencia en discapacidad”, afirmó.
Según detalló, en el último año detectaron situaciones de jóvenes que perdieron su pensión no contributiva o atravesaron demoras en su evaluación. “Hace un año que se están evaluando y hoy no la tienen”, sostuvo. También mencionó recortes en insumos y prestaciones vinculadas a obras sociales.
Mientras tanto, más de 150 familias del Alto Valle Este quedan atravesadas por la decisión. “Las familias están sumamente quebradas. Chicos que hacía 20 años habían ingresado en la escuela especial y por primera vez tuvieron una posibilidad de ir a algún lugar o de tener una prestación”, señaló.
La Fundación Kano mantiene activa su sede en Roca, aunque advierte que el escenario sigue siendo desafiante.
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