El Juzgado Federal de Viedma inició un proceso de citaciones a indagatoria en el marco de una causa por delitos de lesa humanidad que presenta una particularidad inédita en Río Negro: por primera vez, un exjuez federal deberá responder ante la Justicia por hechos ocurridos antes del 24 de marzo de 1976.
Según consta en la documentación oficial, se trata del expediente FGR 34882/2018, en el que se investigan presuntos delitos de privación ilegal de la libertad vinculados a hechos ocurridos en 1975, en el contexto de la denominada huelga de trabajadores de la empresa Hipasam, en Sierra Grande.
En ese marco, están citados a declarar como imputados los excomisarios Rubén Alcides Codina y Manuel Víctor Lobos —ya condenados en otras causas por delitos posteriores al golpe— y el exjuez federal de Viedma, Eduardo Cassano, cuya indagatoria está prevista para el 13 de mayo.
Hechos previos al golpe de Estado
El secretario de Derechos Humanos de Río Negro, Roberto Ferrero, destacó este lunes la relevancia del caso, en diálogo con el programa Mañana de Noticias de Literal Radio.
“Esta causa tiene varias cuestiones importantes a resaltar. En primer lugar, es por hechos acaecidos antes del 24 de marzo del 76”, explicó.
Ferrero precisó que los hechos investigados se produjeron durante un conflicto laboral en Sierra Grande y remarcó que “existieron crímenes de lesa humanidad previos al golpe”, en referencia a detenciones y operativos realizados contra trabajadores en ese contexto.
De acuerdo con la resolución judicial, alrededor de 38 trabajadores habrían sido detenidos en condiciones ilegales, lo que constituye uno de los ejes centrales de la investigación.
La imputación por delitos de lesa humanidad
La citación a indagatoria del exjuez federal constituye el aspecto más relevante del proceso. Ferrero subrayó que se trata de un hecho sin precedentes en la provincia.
“Es la primera vez que en la provincia de Río Negro se imputa esta conducta a un miembro del Poder Judicial de ese entonces”, afirmó.
Según explicó, Cassano está imputado “por no llevar adelante un debido proceso legal contra 38 trabajadores detenidos en condiciones totalmente ilegales”.
El funcionario provincial agregó que el magistrado “no solo omitió, sino que consintió detenciones ilegales”, lo que forma parte del objeto de análisis en esta etapa del proceso.
El rol de las fuerzas policiales
En paralelo, los excomisarios Codina y Lobos deberán declarar este miércoles 15 de abril. Ambos ya están condenados por el Tribunal Oral Federal de Roca en causas vinculadas a delitos de lesa humanidad cometidos con posterioridad al golpe de Estado.
En esta causa, se los investiga por hechos previos, vinculados a secuestros y detenciones ilegales durante el conflicto en Hipasam.
Ferrero explicó que “a los policías se les imputa la comisión de acciones de secuestro y de detención ilegal de las personas”, en relación con los operativos realizados contra los trabajadores en huelga.
Una investigación iniciada hace ocho años
El avance de la causa es resultado de una investigación impulsada por el Archivo Provincial de la Memoria, que depende de la Secretaría de Derechos Humanos de Río Negro.
“Esta fue una denuncia realizada hace ocho años por parte del Archivo Provincial de la Memoria, recolectando un trabajo de investigación que se hizo”, indicó Ferrero.
El funcionario detalló que el trabajo incluyó la recopilación de pruebas documentales y testimoniales, lo que permitió formular la denuncia en 2018 y avanzar hacia la actual instancia judicial.
“Luego de ocho años tenemos por parte de la justicia la decisión de llamar a declaración indagatoria por esos hechos denunciados”, agregó.
El valor del proceso judicial
La declaración indagatoria constituye el primer acto formal de defensa de los imputados dentro del proceso penal. A partir de esta instancia, se abre una nueva etapa en la investigación.
Ferrero destacó que el caso permite revisar responsabilidades en un período previo a la dictadura y plantear interrogantes sobre el accionar de distintos actores institucionales.
“Nos vuelve a sumergir en esto de que hubo crímenes de lesa humanidad y hubo violencia no solo a partir del 24 de marzo del 76, sino con anterioridad”, sostuvo.
Asimismo, señaló que el proceso también pone en foco el rol de la Justicia en ese contexto histórico, en particular en relación con la protección de derechos y garantías constitucionales vigentes en ese momento.
Un antecedente con posibles derivaciones
El avance de esta causa podría abrir nuevas líneas de investigación sobre el accionar de funcionarios judiciales durante ese período.
Ferrero indicó que no se descarta la posibilidad de analizar el rol de otros actores institucionales, en función de la información que surja en el proceso.
Escuchá la entrevista completa con Roberto Ferrero en Mañana de Noticias
Cómo funciona el Archivo Provincial de la Memoria
