En la Ciudad Judicial de Roca no sólo faltan más de 100 armas que debían estar bajo custodia, en una dependencia del subsuelo del edificio. Fuentes oficiales confirmaron este jueves que además desaparecieron cinco pistolas que se encontraban en la sede de una fiscalía, dentro del mismo complejo del Poder Judicial de Río Negro.
La situación no sólo expone la grave falla en los sistemas internos de control, sino que también derivó en un problema para los funcionarios a cargo de ese organismo, porque desde la Fiscalía General se inició un sumario destinado a determinar responsabilidades.
Una prohibición explícita
Dentro de esa medida, hay un dato central: una disposición interna dictada tiempo atrás por el fiscal general de la provincia, Fabricio Brogna, prohibe explícitamente que queden armas en otras dependencias que no sean las fijadas dentro del procedimiento de custodia de elementos secuestrados.
De acuerdo a lo informado por las fuentes oficiales consultadas, en las oficinas de la Fiscalía 3 de Roca no sólo había cinco pistolas, sino que también fueron sacadas de ese lugar sin ningún tipo de autorización.
El titular de ese organismo del Ministerio Público es actualmente Gastón Britos Rubiolo, quien reemplazó a Norma Reyes, fiscal que se encuentra bajo licencia pero que también habría presentado su renuncia al cargo.
Ahora, con la delicada situación interna que se reveló por el faltante de armas, las autoridades del Poder Judicial deberán resolver inicialmente si aceptan esa salida o si consideran que la funcionaria no puede dejar su lugar en la Justicia hasta tanto concluya el proceso de investigación sobre los movimientos en la fiscalía que estuvo bajo su mando.
Lo que pasó en el subsuelo de la Ciudad Judicial
Mientras tanto, la investigación principal por el faltante de armas en el depósito del subsuelo de la Ciudad Judicial de Roca continúa sus pasos.
En ese sentido, otra de las decisiones que debe tomar el fiscal general es mantener la pesquisa bajo la órbita de una fiscalía de la Segunda Circunscripción o trasladar la responsabilidad a un funcionario de otra jurisdicción, para ampliar los márgenes de transparencia en el proceso.
Cabe recordar que la falla de seguridad se reveló públicamente el 26 de marzo pasado, después de la presentación de una denuncia penal por parte de las autoridades del Poder Judicial.
En primera instancia se habló de “una irregularidad vinculada a un arma de fuego que ya se encontraba secuestrada y bajo custodia judicial, pero que apareció en un procedimiento policial realizado en la ciudad de Roca”.
Un número que creció rápidamente
La investigación penal permitió confirmar primero el faltante de 17 armas, pero más tarde se supo que las desapariciones superaban el centenar.
En paralelo, el Poder Judicial dispuso una investigación interna urgente y dio intervención al Auditor General. En ese marco, se requirió información a distintas áreas, se tomaron declaraciones testimoniales y se analizó documentación vinculada al circuito de secuestros judiciales. Estas actuaciones preliminares se orientaron a reconstruir el recorrido del arma y determinar cómo se produjo la irregularidad.
También se pidieron informes a las oficinas judiciales de las otras tres circunscripciones de la provincia, determinándose que los únicos faltantes ocurrieron en Roca.
Tres investigados
Por el momento hay tres empleados de la Oficina Judicial de Roca separados de sus cargos. La investigación penal alcanza a dos de ellos y el tercero aparece bajo la lupa también en el proceso de auditoría interna.
Ahora, con la confirmación de que los hechos ocurrieron en diferentes sectores del edificio del Poder Judicial de Río Negro en Roca, se aguardan nuevas medidas, que permitan esclarecer cómo sucedieron los hechos y quién o quiénes fueron responsables.
