Río Negro cuenta con 35 comisiones de fomento, que reúnen apenas el 1,29% de la población provincial. En esta nota de Literal analizamos cómo se sostienen económicamente estos gobiernos locales: de dónde provienen sus principales recursos, cuál es el peso de la coparticipación, las regalías y el bono petrolero, y qué lugar ocupan los aportes no reintegrables. Además, repasamos un proyecto de ley —ampliamente demandado— que busca habilitarles la posibilidad de cobrar determinadas tasas.
El saldo de los contratos energéticos
La administración de Alberto Weretilneck informó esta semana que está cerca de finalizar los envíos de fondos provenientes de la renegociación de los contratos hidrocarburíferos. La legislación provincial establece que los recursos del denominado «bono petrolero» deben destinarse exclusivamente a infraestructura, mejoras productivas o adquisición de equipamiento, y no pueden ser utilizados para gastos corrientes.
Según los datos oficiales, el pago ya se efectuó a 34 de los 35 comisionados, por un monto total de $339 millones. La cifra es sensiblemente menor en comparación con los $3.714 millones transferidos a los municipios, pero resulta clave para el desarrollo de obras impostergables.
«En su mayoría, se destinaron a equipamiento y a mejorar espacios públicos. Por ejemplo, se adquirieron cisternas, iluminación, camiones volcadores para la recolección de residuos, y tractores para cortar el césped. También hubo casos en los que se destinó el dinero a la construcción de multicanchas deportivas. Cada comisión lo fue aplicando según las necesidades que plantean los vecinos», comentó la subsecretaria de Comisiones de Fomento, Sandra Recalt, en diálogo con este medio.
La localidad que recibió el mayor monto fue San Javier, ubicada a pocos kilómetros de Viedma, que desde el año pasado se constituyó como comuna. En su caso, los fondos alcanzaron los $20.078.600. En el otro extremo se encuentra Pilquiniyeu, un pequeño paraje en el límite con Chubut habitado por unas 80 personas, que percibió poco más de $6 millones.
Hasta la fecha, solo falta la entrega del dinero a un único distrito, cuyo envío se retrasó debido a demoras administrativas.
La coparticipación y las regalías
Los aportes del Bono Petrolero representan solo una parte del esquema financiero de estos gobiernos locales. Su sostenimiento cotidiano depende casi por completo de la coparticipación provincial y de las regalías petroleras, dado que estas administraciones no cuentan con habilitación para recaudar impuestos propios.
En ese sentido, la Provincia transfirió este año en concepto de «transferencias netas» alrededor de $2.600 millones. En lo que respecta a la distribución de impuestos provinciales, cuya principal fuente son Ingresos Brutos, los 35 comisionados recibieron $2.652.243.335.
Entre las más beneficiadas figura Valle Azul, un poblado de casi 900 habitantes ubicado sobre la margen sur del río Negro, a unos 15 kilómetros de Chichinales, que percibió cerca de $229 millones. Le siguen San Javier, con $147 millones, y El Cuy, con $140 millones, completando el podio de las localidades que más recursos recibieron.
En cuanto a las regalías petroleras, los montos son significativamente menores: apenas $94 millones a distribuir en total. Al igual que la coparticipación, estos recursos se reparten según los mismos coeficientes, por lo que nuevamente Valle Azul ($8,5 millones), San Javier ($5,4 millones) y El Cuy ($5,1 millones) encabezan la lista.
Accedé al listado completo de transferencia netas de recursos provinciales a las comisiones de fomento:
Los aportes y subsidios
En cuanto a los aportes no reintegrables, la Provincia no autorizó transferencias a comisionados durante los últimos tres meses, según consta en el Boletín Oficial. Esta situación contrasta con la de los municipios, que sí recurrieron a este mecanismo de asistencia: los casos más recientes fueron El Bolsón y Coronel Belisle, que recibieron fondos para financiar fiestas locales.
A comienzos de septiembre, el gobernador Alberto Weretilneck firmó un decreto que otorgó un plazo adicional de 90 días hábiles para regularizar las rendiciones pendientes de subsidios. La medida alcanzó a todas las comisiones, así como a la comuna de Fuerte San Javier.
La Subsecretaría de Comisiones de Fomento había solicitado esta prórroga al Ministerio de Gobierno, Trabajo y Turismo, argumentando que existen nuevas solicitudes en trámite y que la “crisis económica y financiera” y la “demanda de los pobladores” justificaban la extensión.
“Resulta necesario garantizar la posibilidad de gestionar las ayudas sociales, asistenciales, de infraestructura y financieras que llevan a cabo los distintos organismos del Poder Ejecutivo”, señala el Decreto 775.
La importancia del apoyo provincial
En estos poblados, la presencia del Estado provincial resulta esencial para garantizar el sostenimiento de los servicios más básicos. Un ejemplo reciente se dio en septiembre, cuando el Gobierno transfirió $18 millones destinados al repaso de caminos vecinales en Arroyo Ventana, Colán Conhue, Cerro Policía y Laguna Blanca.
Debido a su estructura administrativa y al tamaño de sus economías, estas localidades no pueden generar recursos propios a través del cobro de tasas municipales, lo que les impide financiar tareas elementales como el mantenimiento de la transitabilidad rural o pequeñas obras de infraestructura.
«Este último año, el ingreso por participación fue menor, por lo tanto hay menos dinero para los municipios y las comisiones de fomento, con el agravante de que no se recauda. Por eso hemos trabajado en ayudas, como en el caso de los caminos vecinales o mediante aportes no reintegrables a las comisiones de fomento, para que puedan realizar estas tareas o ayudar a un vecino a terminar una obra de agua o gas«, señaló Recalt.
Recaudar, la gran demanda
Los propios comisionados rionegrinos exigen a la Provincia la posibilidad de generar algún tipo de ingreso propio que les permita tener cierto respiro financiero. En ese sentido, la Subsecretaría viene trabajando en un proyecto de ley —aún no terminado— que permitiría comenzar a cobrar algunos cánones, principalmente en el área comercial.
«No serían destinados al vecino común, sino a quienes tengan un emprendimiento o negocio. En algunos lugares ya se está trabajando bastante sobre esto, aunque es algo que debemos revisar con cuidado. Más allá de que nosotros armemos la ley de tasas, cada comisión evaluará cómo aplicarla. Por ejemplo, Valle Azul es una comisión grande con muchos comercios y puede implementarlo, pero Ojos de Agua o Mamuel Choique no pueden manejarlo de la misma manera. Existen muchas diferencias, por eso dijimos: ‘Vamos a ordenarlo, ver cómo lo armamos y luego que cada lugar lo evalúe'», agregó la funcionaria.
Algunos distritos, como El Manso, incluso podrían cobrar aranceles al turismo.
