Un ahorro aproximado de 19.000 millones de pesos logró en el 2025 el Estado rionegrino a partir de la reducción de licencias médicas sin justificación, según un informe publicado esta semana por la Secretaría de la Función Pública de Río Negro.
El organismo destacó las acciones desplegadas este año, orientadas al ordenamiento administrativo, el control del empleo estatal y la modernización de la gestión pública.
En ese balance anual se presentaron cifras vinculadas al control del ausentismo, la tramitación de expedientes disciplinarios y el impacto fiscal de esas medidas, junto con políticas de capacitación y fortalecimiento del recurso humano del Estado provincial.
Licencias médicas irregulares
Uno de los datos centrales del informe está vinculado al control de las licencias médicas. De acuerdo con el documento oficial difundido, a través del sistema de auditoría médica, durante el año se detectaron irregularidades en solicitudes de licencias por enfermedad, lo que derivó en la denegación del 45% de los días requeridos “por falta de sustento clínico”.
Según se informó, en la mayoría de los casos se trató de denegatorias parciales, que permitieron reducir la cantidad de días autorizados y recuperar la presencialidad en áreas consideradas críticas para el funcionamiento del Estado.
Este esquema de control tuvo un impacto directo en las cuentas públicas. De acuerdo con las estimaciones oficiales, la reducción de licencias médicas sin justificación suficiente generó un ahorro aproximado de 19.000 millones de pesos a lo largo del año.
Desde el organismo resaltaron que el sistema también tuvo un efecto disuasorio sobre prácticas oportunistas vinculadas al ausentismo laboral.
Más de 200 sanciones
En paralelo, el ordenamiento administrativo fue otro de los ejes que destacó el área a cargo de Tania Lastra.
Durante 2025 se tramitaron un total de 430 expedientes disciplinarios “con el objetivo de resguardar la integridad institucional”. De ese conjunto, se dictaron 204 sanciones, entre las que se incluyen 36 cesantías por faltas graves.
También se llevaron adelante instancias de capacitación destinadas al personal de hospitales públicos para optimizar y agilizar los procedimientos internos asociados a este tipo de actuaciones.
Aportes previsionales
El balance anual también incluye datos vinculados al ciclo laboral de los agentes estatales.
Esa parte del documento resalta que a lo largo del año se gestionaron 394 adhesiones para la regularización de aportes previsionales, un proceso técnico que permite incorporar conceptos no remunerativos al cálculo jubilatorio.
Además, 149 trabajadores accedieron al régimen de desvinculación voluntaria, que contempla apoyo económico y cobertura de salud.
Función Pública y las vacantes en el Estado
En materia de ingresos al Estado, la Secretaría centralizó las incorporaciones a través del portal Convocatorias RN, una plataforma de acceso público que concentra las búsquedas laborales de la administración provincial. Durante el año se realizaron 35 convocatorias para cubrir vacantes en organismos estratégicos, priorizando criterios de idoneidad técnica para el desempeño de la función pública.
La discusión de sueldos y condiciones de trabajo
El informe también da cuenta del funcionamiento del diálogo paritario. La Mesa de la Función Pública se reunió en 13 oportunidades a lo largo del año para revisar los esquemas salariales, en un contexto económico marcado por la inflación.
Según se indicó, el objetivo fue garantizar previsibilidad y asegurar el pago de haberes en tiempo y forma a la totalidad de los agentes estatales, bajo la premisa del equilibrio fiscal.
Otro aspecto relevante del balance está relacionado con la capacitación del personal. Más de 200 agentes fueron formados en liquidación de haberes, una función clave para el correcto pago de salarios. En paralelo, se mantuvo un acompañamiento técnico permanente a las áreas de Recursos Humanos de los distintos organismos provinciales.
Finalmente, durante 2025 se avanzó en la ampliación del Sistema de Juntas Médicas, mediante convenios con 16 municipios y nueve empresas estatales, y se inició el desarrollo de la Historia Clínica Laboral digital, una herramienta orientada a unificar y sistematizar la información sobre la salud laboral de los agentes del Estado.
