Las clínicas, sanatorios y hospitales privados de la región patagónica profundizarán desde la próxima semana las restricciones en la atención a afiliados de PAMI, en el marco de un conflicto que ya lleva varias semanas y que refleja la situación crítica que atraviesa el sistema en todo el país.
A través de un comunicado conjunto, unas 30 instituciones de Río Negro, Neuquén, Chubut y La Pampa informaron que continúan “sin tener ningún tipo de respuesta a nuestro reclamo de actualización de los valores retributivos de los servicios médicos que prestamos”, lo que derivó en una nueva etapa de medidas restrictivas.
Suspensión de cirugías y prácticas ambulatorias
Según detallaron, las restricciones ya comenzaron días atrás con la suspensión de intervenciones no urgentes. “Desde hace una semana suspendimos cirugías programadas, es decir, aquellas que no constituyen urgencias o emergencias médicas”, señalaron.
El conflicto escalará a partir de este lunes, cuando se interrumpa un amplio conjunto de prestaciones clave para el seguimiento de la salud de jubilados y pensionados. “A partir del próximo lunes nos vemos en la necesidad de suspender la atención de prácticas ambulatorias”, indicaron los prestadores el viernes.
Este grupo incluye estudios y consultas esenciales como diagnóstico por imágenes, cardiología, atención con especialistas y endoscopías. Por el momento, aclararon, se mantendrán las urgencias y emergencias.
Cupos y limitaciones previas
Las instituciones remarcaron que la situación ya venía deteriorándose incluso antes de estas decisiones, debido a medidas adoptadas por el propio organismo nacional. “Las prestaciones ambulatorias, en particular las de diagnóstico por imágenes, ya están absolutamente limitadas, también por medidas instrumentadas por el propio PAMI”, afirmaron.
En ese sentido, señalaron que el instituto “ha puesto cupos a la atención, tanto por afiliado como por prestador”, e incluso estableció límites para autorizaciones excepcionales por parte de auditores en casos urgentes.
Este esquema, según los prestadores, redujo significativamente el acceso a estudios y controles médicos, generando demoras y dificultades para los afiliados.
Riesgo de afectación en guardias
Las clínicas y sanatorios advirtieron que la situación podría agravarse aún más si no hay respuestas en el corto plazo. “Estas medidas, que podrían ampliarse si transcurriera el tiempo sin las necesarias actualizaciones de precios requeridas, pretenden resguardar, hasta donde nos sea posible, lo más crítico del sistema que son las atenciones de urgencias y emergencias”, explicaron.
Sin embargo, plantearon un escenario de mayor tensión hacia las próximas semanas. “De no mediar soluciones concretas, a partir de la primera semana de mayo podría verse afectada la atención en guardia”, alertaron.
Ese punto representa un umbral crítico, ya que implicaría un impacto directo sobre la atención inmediata en situaciones de riesgo, uno de los pilares del sistema sanitario.
Reclamo sin respuesta
Los prestadores insistieron en que la resolución del conflicto depende exclusivamente de las autoridades nacionales. “La solución, y las decisiones a tomar para evitar que se afecte más aún la prestación, no depende de los prestadores, sino de las autoridades centrales de PAMI”, sostuvieron.
Mientras tanto, aseguraron que mantienen abiertos los canales de diálogo. “Continuamos a la espera de respuestas y a disposición para reunirnos con las autoridades nacionales”, indicaron, al tiempo que remarcaron que han reiterado formalmente los pedidos de audiencia.
El comunicado concluye con una advertencia implícita sobre la fragilidad del sistema: las instituciones aseguran que seguirán “comprometiendo todo nuestro esfuerzo para evitar que los servicios médicos se afecten aún más”, aunque reconocen que el margen de acción es cada vez más limitado.
El conflicto, que se replica en distintas regiones del país, comienza a impactar con mayor fuerza en la Patagonia y pone en alerta a miles de afiliados que dependen del sistema para su atención cotidiana.
