La crisis política e institucional del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) sumó en las últimas horas nuevos episodios que complejizan aún más su resolución. A más de un mes de las elecciones de consejeros superiores realizadas el 15 y 16 de marzo, el conflicto permanece abierto, con denuncias cruzadas, impugnaciones y una creciente intervención de distintos actores institucionales y del Estado provincial.
El escenario, que comenzó con cuestionamientos al proceso electoral y el desconocimiento de los resultados por parte de sectores opositores a la gestión del rector Gerardo Blanes, se trasladó ahora a la Justicia laboral, a la Legislatura de Río Negro y llegó también hasta otros ámbitos académicos regionales.
En ese contexto, durante las últimas 48 horas se registraron tres hechos relevantes: la admisión de un amparo colectivo por parte de la Justicia laboral, la exposición de consejeros opositores en comisiones legislativas y un pronunciamiento institucional de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue.
Un conflicto abierto desde las elecciones
Las elecciones de marzo, destinadas a conformar el Consejo Superior del IUPA, derivaron en un escenario de fuerte disputa política interna. Sectores opositores denunciaron irregularidades en el proceso, incluyendo cuestionamientos a padrones, condiciones de votación y el escrutinio definitivo. Desde entonces, se sucedieron impugnaciones administrativas y judiciales, principalmente después de la controvertida sesión del órgano de gobierno universitario, el 30 de marzo.
La situación impidió hasta el momento la normalización institucional plena de la universidad, generando un clima de incertidumbre sobre la validez de las autoridades electas y el funcionamiento de los órganos colegiados.
La intervención de la Justicia laboral
Uno de los ejes recientes del conflicto se trasladó al ámbito judicial. Este lunes, la Asociación de Docentes del IUPA (ADIUPA) presentó una acción de amparo colectivo ante la Cámara Segunda del Trabajo de Roca.
Según consta en la resolución judicial, el juez de amparo, Juan Huenumilla, dispuso requerir al IUPA un informe detallado en un plazo de 24 horas sobre distintos puntos vinculados a la denuncia. Entre ellos, se solicita “informar circunstanciadamente sobre el pago de haberes correspondiente al mes de marzo de 2026” y si “existe una retención indebida de los aportes sindicales” .
El magistrado también ordenó notificar al Gobierno de Río Negro y a la Fiscalía de Estado, y convocó a una audiencia para el mismo día de la presentación: “fíjese la audiencia para el día 27 de abril de 2026 a las 14.00 horas, a la que deberá comparecer un representante del IUPA […] y un representante de Fiscalía de Estado” .
Desde sectores gremiales se indicó que el amparo apunta a dos cuestiones centrales: el pago de salarios en tiempo y forma y la presunta retención de aportes sindicales. En un comunicado difundido públicamente, se afirmó que “la retención de fondos sindicales por parte de la patronal es un delito tipificado por ley” y que los depósitos se habrían realizado con más de 25 días de retraso.
Hasta el momento, no hubo una respuesta oficial pública detallada por parte de la conducción del IUPA sobre estos puntos.
Desde el IUPA hasta la Legislatura
En paralelo, el conflicto también ingresó en la agenda legislativa. Este martes, consejeros electos identificados con sectores opositores viajaron a Viedma para exponer ante comisiones internas de la Legislatura, en el marco de reuniones previas a la sesión prevista para el jueves.
Según se informó, la presentación incluyó documentación vinculada al proceso electoral, resoluciones judiciales y actuaciones administrativas. La idea de los expositores era solicitar la intervención de organismos de control, como el Tribunal de Cuentas provincial, para analizar aspectos vinculados a la administración de recursos.
Desde el espacio opositor se destacó que es “la primera vez que los propios consejeros electos toman la palabra ante el cuerpo legislativo”, en un intento por visibilizar el conflicto y ampliar su tratamiento institucional.
Antes de la presencia en la Legislatura, los sectores gremiales y estudiantiles también habían estado en el Concejo Deliberante de Roca.
Pronunciamiento de la FADECS
A estos episodios se sumó el posicionamiento de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue, que emitió una resolución institucional en la que expresa su rechazo a lo ocurrido en el proceso electoral del IUPA.
En el documento aprobado por su Consejo Directivo, la facultad resolvió “repudiar las irregularidades y prácticas antidemocráticas desarrolladas durante el proceso electoral del IUPA” y “desconocer la legitimidad de los resultados que no cuentan con garantías de transparencia ni respaldo documental” .
Asimismo, el texto hace referencia a “múltiples irregularidades que ponen en duda la legalidad y legitimidad del proceso” y expresa solidaridad con integrantes de la comunidad educativa que habrían sido afectados durante los episodios posteriores a la elección.
Mirá la resolución completa aprobada por el Consejo Directivo de la Fadecs
