En una nota reciente propuse avanzar hacia un esquema de distribución de recursos municipales más justo y transparente, inspirado en la lógica del Convenio Multilateral. La idea es simple: asignar los ingresos en función de la actividad económica real, evitando distorsiones que premian domicilios fiscales en lugar de producción, consumo y trabajo efectivamente generado en cada territorio.
Ese principio, distribuir según la realidad económica, no es solo una mejora técnica. Es una condición básica para ordenar un sistema fiscal que hoy presenta grandes inconsistencias.
Mientras se plantea la necesidad de avanzar en esa dirección, la provincia impulsa una modificación en la distribución de regalías hidrocarburíferas que va exactamente en sentido contrario.
El concepto central de las regalías
Las regalías tienen una naturaleza económica y jurídica muy clara: son una compensación por la explotación de recursos naturales. No son un impuesto general, ni un fondo de redistribución territorial. Surgen de un hecho concreto, la extracción, y su lógica está directamente vinculada a ese proceso productivo, un pozo en el caso que nos ocupa.
Por eso, la participación de los municipios productores no constituye un privilegio, sino una consecuencia directa de esa realidad económica. Son las jurisdicciones donde la actividad tiene lugar y donde se concentran sus impactos.
El nuevo esquema propuesto introduce un cambio sustancial: reemplaza el criterio de producción por el de “influencia territorial”, ampliando el número de municipios beneficiarios y redistribuyendo los recursos existentes sin aumentar la masa total, en ciudades donde no se realiza la actividad que da origen a la regalía.
Discrecionalidad
Este cambio implica desdibujar el fundamento de la regalía. Lo que antes respondía a un hecho económico concreto comienza a depender de criterios más amplios, de difícil delimitación y, por lo tanto, más expuestos a la discrecionalidad.
Una contradicción
Aquí aparece una contradicción que no puede pasar inadvertida.
Mientras se propone mejorar la distribución de recursos municipales tomando como base la actividad económica real, como lo plantea la lógica del Convenio Multilateral, el propio Estado provincial avanza en redefinir las regalías alejándolas de la producción y acercándolas a un esquema de reparto con fuerte componente político.
El caso de General Roca refleja con claridad este problema. Sin que exista una modificación sustancial en su relación con la actividad hidrocarburífera, su participación en el reparto se reduce significativamente. No cambia la producción. Cambian las reglas y un municipio deja de percibir el 50% de recursos.
Esto no solo afecta a un municipio en particular. Afecta la previsibilidad del sistema. Porque cuando los criterios dejan de estar anclados en hechos económicos verificables, la asignación de recursos pasa a depender de decisiones que pueden variar en función de contextos y conveniencias políticas.
Regalías y una doble distorsión
El problema se agrava cuando se lo observa en conjunto con otros procesos recientes. Por un lado, se comprometen recursos futuros mediante acuerdos que afectan la coparticipación. Por otro, esos mismos recursos son redistribuidos con criterios cada vez más alejados de su fundamento original.
Se configura así una doble distorsión: en el origen y en el destino de los fondos.
En un sistema fiscal coherente, los recursos deben mantener una lógica consistente desde su generación hasta su distribución. Si se avanza hacia esquemas que buscan reflejar la actividad económica real, esa misma lógica debería respetarse en todos los niveles.
Las regalías no pueden convertirse en una herramienta de equilibrio político. Su razón de ser es compensar la explotación de recursos, no corregir asimetrías territoriales mediante criterios discrecionales.
Cuando la regalía deja de compensar producción y pasa a compensar conveniencias, el sistema pierde su sentido económico y gana en arbitrariedad.
Una oportunidad para discutir en serio
Río Negro enfrenta hoy una decisión que trasciende lo técnico. No se trata solo de redefinir un esquema de reparto, sino de aprovechar, o desaprovechar, una oportunidad para discutir en serio cómo deben distribuirse los recursos en la provincia.
La revisión del sistema de regalías puede ser el punto de partida para avanzar hacia un modelo moderno, basado en criterios objetivos, medibles y vinculados a la realidad económica de cada territorio. Sin embargo, el camino elegido parece ir en sentido contrario, incorporando variables difusas que debilitan la consistencia del sistema.
Cuando las decisiones se alejan de principios claros y se apoyan en criterios difíciles de delimitar, no solo se afecta la distribución actual, sino que se compromete la calidad institucional a futuro.
El desafío no es repartir mejor dentro de la misma lógica, sino construir un esquema que respete el origen de los recursos, mantenga coherencia en su asignación y brinde previsibilidad a quienes dependen de ellos.
De lo contrario, se corre el riesgo de transformar una oportunidad de mejora en una nueva fuente de discrecionalidad.
(*) Contador Público – Ex AFIP – Ex Dirección de Rentas de Río Negro – Ex Presidente de la Comisión Arbitral (COMARB) – Especialista en Tributación.
