La familia de una joven roquense que murió en enero del año pasado inició una demanda contra el Estado provincial, asegurando que la intervención tardía del Ministerio Público Fiscal ante una denuncia impidió evitar el desenlace fatal.
El reclamo por daños y perjuicios tiene como protagonista a la madre de Teo Samuel Vázquez, quien falleció a los 19 años en un contexto de violencia y de abuso de sustancias.
Luego de la tragedia se inició una investigación en el fuero penal, que derivó en la detención de un hombre, quien permaneció en una celda hasta la semana pasada, cuando accedió a otro régimen, fuera de una unidad de detención pero con tobillera electrónica y pautas de conducta para cumplir.
La denuncia inicial
Precisamente el peligro por el vínculo con ese hombre fue lo que intentó advertir a la Justicia la madre de Teo, pero las respuestas iniciales que recibió estuvieron lejos de las pautas de procedimiento previstas por el Poder Judicial, algo que quedó ratificado luego por la investigación interna que dispuso el Ministerio Público de la provincia.
La demanda civil presentada días atrás detalla que el 24 de enero de 2024, la madre de Teo se presentó en el Ministerio Público Fiscal de Roca para alertar sobre la situación de riesgo que atravesaba su hija, quien padecía problemas psiquiátricos, tenía antecedentes de intoxicación y estaba en contacto con un hombre (Lautaro «Rulo» Lobos) al que identificó como peligroso.
El escrito sostiene que, a pesar de la gravedad del caso, el agente del Ministerio Público que la atendió se negó a recibir la denuncia en forma verbal, aduciendo que «no era tema de feria» y que debía presentarse por escrito. Ante esa barrera, la madre insistió en hablar con una fiscal, pero no tuvo éxito.
La denuncia finalmente se presentó por escrito ese mismo día al mediodía, pero tampoco se registró correctamente ni se derivó a ningún despacho fiscal, sino que permaneció extraviada durante una semana, a pesar de existir una orden expresa de la fiscal a cargo de recepcionar todas las denuncias durante la feria judicial.
Siete días después
Durante ese lapso, Teo falleció, y al cuerpo lo encontró su propia madre el 31 de enero, en el departamento de Lobos, con medicamentos alrededor. El hombre estaba en el mismo lugar, semiconsciente, con signos de intento de suicidio.
La autopsia indicó una sobredosis de sustancias psicoactivas como causa probable de muerte. Lobos resultó imputado por abandono de persona seguido de muerte y luego por homicidio. Paralelamente se abrió una causa federal por tráfico y falsificación de recetas. Y según explicaron fuentes judiciales, en los próximos días se definirá si la causa continuará en jurisdicción provincial o federal.
Demanda por «una falla estructural»
La madre denuncia que el Estado provincial, a través del Ministerio Público Fiscal, omitió cumplir con su deber de actuar ante una denuncia concreta, plausible y urgente, que requería medidas inmediatas para proteger a una persona en situación de extrema vulnerabilidad.
La acusación al sistema judicial es por fallar estructuralmente en el acceso a la Justicia y en la protección de personas en riesgo, especialmente en el caso de Teo, quien era una persona con padecimientos de salud mental, víctima de violencia de género y consumo problemático.
En ese sentido, la madre responsabiliza directamente al Estado por la muerte de su hija, amparándose en legislación nacional y provincial sobre protección de víctimas, derechos humanos, identidad de género, salud mental, y responsabilidad civil del Estado.
Acciones y sanciones posteriores
Como elemento importante de la demanda, presentada con el patrocinio del abogado Omar Jurgeit, se destacó que el propio Ministerio Público de Río Negro inició sumarios por el caso, que derivaron en una sanción para el agente que atendió inicialmente a la madre, además de un apercibimiento a una fiscal (Norma Reyes) y el archivo de las actuaciones para el caso de otra fiscal (Belén Calarco).
Sobre el caso de Reyes, el apercibimiento se resolvió porque no informó a la madre de la joven sobre la celebración de una audiencia por el traslado del imputado. Y sobre Calarco, las actuaciones se archivaron por falta de responsabilidad funcional, ya que se consideró que no tuvo intervención ni conocimiento de la denuncia, ni de su extravío, ni del caso en general hasta después del fallecimiento de Teo.
La indemnización solicitada es por el equivalente de 853 Canastas Básicas Tipo 2, incluyendo reclamos por daño moral y psíquico, pérdida de chance de ayuda futura, daño a la vida de relación y gastos de tratamiento psicológico.
