Un informe reciente de Argentinos por la Educación evalúa el lugar que ocupa la enseñanza entre las principales preocupaciones ciudadanas y cómo se perciben las políticas educativas. Según este estudio, la educación se ubica en el séptimo lugar del ránking de problemáticas nacionales, mientras que la satisfacción con la gestión del área muestra una tendencia a la baja en los últimos ocho años.
Ante este escenario de descontento, cabe preguntarse si la frustración de la sociedad se debe a la falta de financiamiento o a una deficiente asignación de los recursos. Para entenderlo, resulta clave analizar el caso de Río Negro: ¿Qué tan eficiente es esta provincia en el uso de los fondos destinados a las escuelas y cómo impacta en el aprendizaje de sus estudiantes?
El lugar que ocupa la educación
El estudio ”Percepción social sobre la educación y la política educativa” señala que, aunque la educación ocupa un lugar relevante en la agenda pública latinoamericana, en la mayoría de los países no aparece entre las principales preocupaciones de sus ciudadanos. Para sostener esta afirmación, el documento analiza la evolución de la enseñanza como el problema prioritario a partir de los datos de Latinobarómetro, una encuesta regional de opinión pública realizada periódicamente desde 1995.
En el caso específico de Argentina, las dos problemáticas más señaladas durante 2024 -último año en análisis- fueron la delincuencia o seguridad pública (19,1%) y la economía (18,1%). En tanto, a educación se posicionó en el séptimo lugar entre las preocupaciones, siendo marcada por el 5% de los encuestados. Esto indica que para gran parte de los argentinos consultados, las urgencias económicas y políticas absorben la mayor atención.
Al evaluar las últimas dos décadas en el país, la mirada social sobre el ámbito escolar mostró importantes variaciones, oscilando entre el sexto y el octavo puesto. En 2004, el 6,7% de los consultados la consideraba la principal problemática; luego se registraron picos cercanos al 9% en 2006 y 2011, para posteriormente descender hacia un 4% en 2015 y tocar un piso del 3,4% en 2020. En los últimos años se advirtió un leve repunte que devolvió el interés al 5% actual, una cifra que, de todos modos, sitúa a la Argentina por debajo de vecinos regionales como Brasil (10%) y Uruguay (8%).
La percepción sobre las políticas
En cuanto al nivel de conformidad con las políticas públicas del área, el informe de Argentinos por la Educación complementa su diagnóstico con los datos de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés, desarrollada por el Laboratorio de Observación de la Opinión Pública (LOOP). Esta herramienta releva periódicamente el pulso de la ciudadanía sobre diferentes dimensiones de competencia estatal.
De acuerdo con estos registros, la satisfacción de los argentinos con la gestión educativa nacional se mantuvo, en términos generales, en niveles notablemente bajos entre 2018 y 2026, oscilando la mayor parte del tiempo entre el 20% y el 35%.
El análisis histórico muestra variaciones ligadas al contexto. Por ejemplo, entre 2019 y comienzos de 2020 se alcanzó el punto más alto con una aprobación cercana al 45%, pero luego de ese pico la valoración descendió de manera sostenida hasta tocar su mínimo entre 2022 y comienzos de 2023, cuando se estancó en torno al 16% y 20%. A partir de allí se percibe una recuperación moderada y con marcadas fluctuaciones; si bien en algunos momentos de 2024 y 2025 la conformidad superó la barrera del 30%, no logró consolidar una tendencia de crecimiento sostenido, ubicándose hacia marzo nuevamente entre el 25% y el 28%.
Aunque los indicadores reflejan una mirada nacional, permiten abrir una pregunta sobre la realidad de cada jurisdicción, que son las responsables de la mayor parte del financiamiento escolar. En ese contexto, el caso rionegrino ofrece un ejemplo interesante para analizar cuánto incide la gestión de los recursos en los resultados obtenidos.
Entre el esfuerzo fiscal y la realidad
La pregunta, en este punto, es inevitable: ¿el descontento social hacia las políticas educativas responde a una falta de inversión o a problemas en la utilización de los recursos disponibles?
Para comenzar, vale precisar que la Ley de Educación Nacional N° 26.206 exige un financiamiento mínimo consolidado del 6% del PBI entre la Nación y las provincias. Sin embargo, la norma deja un vacío al no definir cuánto debe aportar cada parte. En la práctica, las provincias cargan con el 75% de la inversión y la Nación con el 25% restante, pero persisten las asimetrías sobre cuánto aporta cada jurisdicción y bajo qué criterios.
Para desentrañar qué pasa con el uso de ese dinero, un informe de Argentinos por la Educación de mayo de 2025 utilizó el modelo de Análisis Envolvente de Datos (DEA). Esta metodología permite medir la «eficiencia relativa»; es decir, qué resultados académicos obtiene cada provincia (basados en los desempeños satisfactorios en Lengua y Matemática de las pruebas Aprender 2023) en relación con los recursos físicos que administra. El estudio se enfocó estrictamente en variables modificables por la gestión, dejando fuera las prácticas pedagógicas o la calidad docente por falta de estadísticas públicas.
Río Negro: recursos disponibles, pero margen para mejorar
Al posar la lupa sobre el sistema rionegrino, los resultados del modelo matemático abren interrogantes. La provincia arrojó un índice de eficiencia del 79% en sus recursos físicos, lo que la ubicó en el puesto número 16 del ordenamiento nacional. El dato revela un evidente margen de mejora en la optimización del presupuesto, especialmente si se lo compara con distritos como Chubut o Misiones, que lideraron el ranking con un 93% y 91% de eficiencia, respectivamente.
Lo paradójico del caso es que la provincia goza de indicadores estructurales relativamente positivos. Por ejemplo, registra un promedio de apenas 9 alumnos por cargo docente —una de las tasas de atención más personalizadas del país— y exhibe un destacado índice de equipamiento y conectividad escolar de 0,77.
Uno de los indicadores que más llama la atención es la tasa de suplencias docentes, que alcanza el 41%. La elevada rotación del plantel y la falta de continuidad pedagógica que refleja ese número aparecen como uno de los principales desafíos de la cartera educativa provincial.
