El 64% de los jueces que integran las cortes supremas de las provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tuvieron nexos de algún tipo con los gobiernos locales -o con sus funcionarios- antes de ser designados en sus cargos.
Esa es la conclusión principal de un informe presentado hoy por Ruido y Connectas, donde se revela que 88 de los 138 jueces y juezas de las 24 cortes provinciales fueron funcionarios del gobierno local -cargos ejecutivos o legislativos-, tuvieron funciones partidarias o bien algún vínculo laboral con funcionarios de una gestión política.
Neuquén, por encima de la media
En la región norte de la Patagonia, Neuquén aparece por encima de la media nacional, con el 80% de los integrantes del Tribunal Superior de Justicia con vínculos políticos antes de su llegada al Poder Judicial.
Entre los cinco miembros del máximo tribunal, sólo Alfredo Elosu Larumbe no tuvo previamente un cargo de directa relación con autoridades del Poder Ejecutivo o de la Legislatura.
Los casos de Río Negro
En Río Negro la cifra llega al 40%, con dos de los cinco miembros del Superior Tribunal de Justicia con pasado relacionado al partido que gobierna la provincia y/o sus dirigentes provinciales.
Uno de ellos es Ricardo Apcarian, quien fue apoderado del Frente Grande que Alberto Weretilneck integró hasta fundar Juntos Somos Río Negro (JSRN), además de haber sido asesor legal de la Municipalidad de Cipolletti.
El otro es Sergio Ceci, que fue secretario Legal y Técnico, y fiscal de Estado de Río Negro, secretario del bloque de la UCR y secretario del bloque de legisladores del partido Juntos Somos Río Negro.
Independencia bajo la lupa
El relevamiento nacional indica también que 76 de los jueces supremos en las provincias y en CABA -es decir, más de la mitad del total- fueron designados en las cortes bajo gobiernos del mismo signo político con el cual tuvieron el vínculo anterior.
“Estas cifras ponen bajo la lupa la independencia de poderes, que es un pilar del sistema republicano, según la Constitución Nacional y las propias cartas magnas provinciales”, destaca el informe publicado por Ruido, que es una red nacional de periodistas de investigación, expertos en datos abiertos y referentes de organizaciones civiles .
La mayoría de estos jueces supremos fueron antes secretarios, ministros, legisladores, fiscales de Estado, directores de áreas o asesores. Y hasta existen casos de vicegobernadores, socios de estudios jurídicos de funcionarios e incluso parientes de gobernadores que hoy integran las Cortes provinciales.
Legalidad y legitimidad
El informe aclara que en todos los casos las designaciones han respetado los distintos mecanismos legales previstos en cada provincia, ya que ninguno de ellos prohíbe o limita que exista esta clase de nexos entre funcionarios políticos y jueces.
“Y si bien eso no significa necesariamente que los magistrados obedezcan a sus antiguos vínculos, refuerza una percepción sobre la debilidad con la que los poderes judiciales investigan (o dejan de hacerlo) al poder provincial”, puntualiza la publicación.
“La independencia del Poder Judicial es fundamental para la democracia y sobre esa independencia se construye la confianza de la sociedad”, ratifica Delia Ferreira Rubio, doctora en Derecho y ex presidenta de Transparencia Internacional.
Luego detalla que en América Latina, según datos del Latinobarómetro, sólo el 28% de la población en promedio confía en la Justicia.
“En Argentina esa cifra baja al 22%. La politización de la Justicia es responsable -en parte- de esta situación. A pesar de algunas reformas, los mecanismos de nombramiento y remoción de los jueces no han logrado disipar las dudas sobre los compromisos políticos y vinculaciones de magistrados y el poder político de turno”, analiza la jurista.
Las re-reelecciones en Río Negro, San Juan y Tucumán
El informe dice que “en cada provincia analizada sobran ejemplos que exponen esta situación” pero destaca dos casos emblemáticos, ocurridos en Tucumán y en San Juan, que fueron muy similares a lo vivido en Río Negro en el año 2019.
Se trata de las decisiones de las cortes superiores locales, que estuvieron a punto de permitir, en esos casos en 2023, la reelección de sus gobernadores para un tercer mandato, pese a que lo prohíben ambas constituciones provinciales.
Tanto la Corte tucumana como la sanjuanina admitieron la postulación de Juan Manzur y de Sergio Uñac, respectivamente.
La avanzada sólo se pudo frenar con fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dictaminó en contra de lo que habían resuelto los tribunales superiores de ambas provincias.
En Río Negro el STJ también falló a favor de los intereses de Juntos Somos Río Negro ante el intento del gobernador, Alberto Weretilneck, de postularse nuevamente para el máximo cargo ejecutivo provincial, revocando una sentencia anterior del Tribunal Electoral Provincial. Y fue también la Corte la que frenó el camino del mandatario, obligando al oficialismo local a presentar una nueva fórmula.
La diferencia entre las tres provincias está dada en que el STJ rionegrino estuvo integrado en esa instancia por Enrique Mansilla, Sergio Barotto, Liliana Piccinini, Adriana Zaratiegui y Carlos Valverde (subrogante, que se abstuvo de votar ante la coincidencia entre los demás magistrados), una composición en la que no había vínculos previos con el partido o funcionarios del gobierno rionegrino.
En cambio, San Juan es uno de los distritos donde los 5 jueces de su Corte tienen vínculos previos con el poder Ejecutivo. Y en Tucumán se replica esa situación, con 4 de 5 magistrados.
