El Senado de la Nación tomará el próximo viernes una decisión relevante para Río Negro: en la sesión preparatoria se resolverá si Lorena Villaverde, diputada nacional y presidenta de La Libertad Avanza en la provincia, está habilitada para jurar como senadora tras las elecciones del 26 de octubre, donde obtuvo 120.918 votos.
Pero el Senado definirá algo que va más allá del caso Villaverde, porque el debate central aparece alrededor de los criterios con los que el sistema político define quiénes pueden —y quiénes no— ejercer los cargos para los que fueron electos.
La discusión del caso puntual llegó al recinto con un condicionante: el dictamen desfavorable de la Comisión de Asuntos Constitucionales, firmado el miércoles pasado por 12 de sus 19 integrantes. Ese dictamen avala dos impugnaciones —una del PJ rionegrino y otra de la abogada Noelia Vázquez, denunciante en una causa por presunta estafa en Las Grutas— que cuestionan la “idoneidad moral” de Villaverde en función de las denuncias judiciales y públicas que acumuló durante los últimos años.
La “doble vara”
El comportamiento de los senadores que firmaron el dictamen —en su mayoría pertenecientes al peronismo— resulta llamativo por su selectividad.
Los cuestionamientos principales hacia Villaverde, los que conforman ese aparente límite intolerable para algunos senadores, se basan en sus supuestos «vínculos con el narcotráfico», hechos o causas que hasta el momento no llegaron siquiera a una investigación judicial formal completa en Argentina y que en Estados Unidos tuvieron un proceso judicial que finalizó sin atribución de responsabilidad.
Sin embargo, esos mismos legisladores mostraron escasa reacción frente a una decisión judicial tomada en la misma semana: el decomiso de bienes de figuras centrales del kirchnerismo por hechos de corrupción cuyo perjuicio al Estado fue estimado en casi 685.000 millones de pesos.
Esa asimetría no solo muestra una doble vara, sino que refleja una forma de evaluar la “moral” política según la filiación partidaria del denunciado.
El aspecto jurídico
Más allá del uso político del concepto, la cuestión de fondo es jurídica. Y el kirchernismo -que tiene entre sus filas a más de un adherente al garantismo- no puede pasar por alto que Villaverde tiene denuncias y antecedentes de investigación; incluso estuvo detenida en Estados Unidos hace 23 años, pero -de nuevo- no existe condena firme en su contra.
Esta no es una distinción menor: hasta tanto no exista una ley nacional de “ficha limpia”, rige la jurisprudencia del Congreso y de la Corte Suprema que sostiene que la ausencia de condenas penales limita la posibilidad de impedir una asunción electa por el voto popular, salvo casos excepcionales.
El mileismo incluso difundió esta semana los documentos del sistema judicial de Florida que confirman que aquel proceso legal terminó sin imputación formal, algo que hasta el momento se mantenía en medio de una nebulosa.
De manera que la discusión en el Senado se concentra exclusivamente en la noción de “inhabilidad moral”, un concepto ambiguo, sujeto a interpretaciones discrecionales y altamente permeable al clima político del momento.
El riesgo institucional
El peronismo y quienes firmaron el dictamen del miércoles pasado, al ubicarse como evaluadores de la moral en política, están entrando en un terreno que puede resultar riesgoso para el sistema de representación.
Impedir la asunción de una senadora sin condena judicial firme implica modificar, por decisión legislativa, el resultado de una elección reciente. Y cruzar esa frontera trazada entre el control político y el veto electoral genera preocupación.
La democracia representativa parte de un principio básico: quienes ocupan los cargos electivos deben surgir del voto, y cualquier mecanismo que altere ese mandato debe estar regido por reglas claras y excepcionales.
Esa inquietud fue señalada por Juntos Somos Río Negro, que a través de la senadora Mónica Silva optó por no acompañar el dictamen. El bloque provincial interpretó claramente el antecedente negativo que podría sentarse si un Congreso decide sustituir la voluntad expresada en las urnas por un juicio de valor construido en un ámbito político.
El planteo libertario
Damián Torres, apoderado y vicepresidente de La Libertad Avanza en la provincia, sumó esta semana argumentos que refuerzan esa lectura. Para Torres, las impugnaciones no constituyen una defensa estricta de valores republicanos, sino una maniobra política previa a la renovación parlamentaria. Señaló, además, que si los cuestionamientos a Villaverde eran tan graves, podrían haberse presentado en agosto, cuando se oficializó su candidatura.
Esa observación introduce otro elemento para analizar: la oportunidad.
Impugnar con el resultado electoral ya definido abre la sospecha de que el mecanismo se utiliza como herramienta para bloquear adversarios, no para resguardar estándares éticos.
El contragolpe libertario fue materializado en una impugnación contra el también electo senador por Río Negro, Martín Soria y contra Jorge Capitanich, exfuncionarios de gestiones nacionales con más de una denuncia por corrupción.
El rol de la ciudadanía y la legitimidad del voto
Más allá de los cálculos partidarios, el debate alrededor del caso Villaverde también interpela a la ciudadanía.
La responsabilidad de evaluar los perfiles, trayectorias e integridad de los candidatos corresponde, en primer término, al electorado.
Superada esa instancia, la decisión surgida de las urnas no puede ser reemplazada por acuerdos legislativos.
Aceptar que 12 senadores en comisión y 37 en el recinto puedan anular la decisión de más de 120.000 votantes equivale a ingresar en un territorio donde la representación deja de ser un mandato de la sociedad y se transforma en una potestad de los bloques parlamentarios.
Sería una mala señal legitimar un mecanismo que pueda ser utilizado, en el futuro, para castigar adversarios políticos, izando la bandera de una “moral” que, según quien la invoque, siempre parece tener un sabor diferente.
El planteo del senador Luis Juez en la reunión de Asuntos Constitucionales
