Tras el caos registrado este lunes en la designación de autoridades, la situación en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) se encuentra en un verdadero limbo. Mientras el rector normalizador, Gerardo Blanes, salió a desconocer un acta que declaraba la nulidad de su elección y se proclamó como el “primer rector electo democráticamente”, la Justicia federal se declaró incompetente para intervenir ante las solicitudes presentadas por los gremios y las listas opositoras.
El gobierno de Río Negro, en tanto, adopta una postura de cautela y anticipó a Literal que no habrá ningún tipo de intervención en el conflicto. Mientras tanto, la situación logró algo inédito para el arco político local: que expresiones tan disímiles del espectro ideológico se unieran para exigir respuestas a la administración provincial.
En esta nota, ahondaremos en los posibles pasos a seguir en un caso cada vez más controvertido, que promete sentar precedentes. ¿Será la política la que tenga la última palabra?
Una votación en conflicto
La jornada del lunes 30, que debía haber marcado el comienzo de una nueva etapa institucional en el IUPA tras la conformación del primer Consejo Superior y la posterior designación del primer rector de la etapa democrática, quedó teñida por escenas de tensión, violencia y un escándalo sin precedentes. La designación de Blanes para continuar al frente de la institución se efectuó en una reunión en la que solo participaron miembros del oficialismo.
La situación derivó en una escalada de tensiones en la sede del hotel de Fundación Cultural Patagonia, en cuyo sector de lavandería se llevó a cabo la votación que nombró al exlegislador radical. Sin embargo, horas después se conoció que sectores del oficialismo y la oposición habían logrado un acuerdo para declarar nula aquella sesión y convocar a un nuevo llamado en el lapso no mayor a tres meses, esta vez con representación de todos los consejeros.
Tras la sensación de una victoria por parte de las listas opositoras, los gremios y el sector estudiantil, el rector Blanes salió a desconocer la legalidad de aquella acta firmada. En contrapartida, se proclamó como “el primer rector democrático” y afirmó que el acta carece de cualquier tipo de validez, dado que habría sido generada bajo “coacción”.
Incluso, el legislador y consejero de La Unión, Ariel Bernatene, salió a última hora a felicitar y respaldar a Blanes con un comunicado, en el cual llamó a resolver este conflicto en el ámbito de la universidad. “El desafío ahora es consolidar este proceso, garantizar el normal funcionamiento de la institución y seguir ampliando espacios de participación para toda la comunidad educativa”, afirmó, considerando la continuidad de la actual gestión.
Por estas horas, los gremios —que se encuentran de paro— definen cuáles serán los pasos a seguir y cómo se estructurará el plan de lucha para los próximos días. No hubo una expresión formal por parte de la denominada intersindical sobre estas declaraciones de Blanes, aunque en una publicación ADIUPA expresó que “Blanes está loco” al desconocer el acuerdo alcanzado ayer.
Cómo sigue el proceso judicial
Por lo pronto, la estrategia judicial anticipa un cambio de rumbo, luego de que la Justicia Federal se declarara incompetente para intervenir en la denuncia por presuntas irregularidades en el proceso electoral y en las solicitudes de medidas cautelares destinadas a frenar la convocatoria a sesión del Consejo Superior.
No es el primer revés que reciben los sindicatos. Anteriormente, la Justicia provincial también se había declarado incompetente para actuar en el caso de las impugnaciones al proceso electoral y dispuso remitir las actuaciones a los juzgados federales de Viedma. Para los letrados provinciales, aunque el IUPA fue creado por una ley provincial, está regido por la Ley Nacional de Educación Superior (24.521), lo que implica una regulación federal del sistema universitario.
“Atribuir el conocimiento al fuero federal no es ‘federalizar’ toda la vida interna del IUPA, sino reservar a los jueces federales la resolución de los conflictos en los que está en juego el alcance mismo de la autonomía y del modelo de gobierno universitario diseñados por la ley federal, preservando así la coherencia del sistema en todo el territorio”, señala la sentencia interlocutoria.
En ese marco, Sitraiupa y Adiupa —a través de presentaciones que llevan las firmas de sus secretarias generales, Marina Cepeda y Rocío Encina— habían planteado observaciones al reglamento electoral, entendiendo que su aplicación habría vulnerado el estatuto de la universidad y la normativa vigente al permitir la participación de votantes que no cumplían con los requisitos. En particular, los cuestionamientos apuntaron a la inclusión en los padrones de docentes y estudiantes de la Escuela de Arte Popular.
Frente a estas declaraciones de incompetencia, desde los gremios evalúan, por un lado, recusar lo resuelto por la Justicia Federal, o bien, volver a acudir a la Justicia electoral provincial planteando objeciones a su declaración de incompetencia.
Como tercera alternativa, también analizan la posibilidad de presentar una nueva denuncia penal contra Blanes, esta vez por el presunto delito de usurpación de cargo público.
Desde las agrupaciones sindicales anticiparon a este medio que la resolución de este caso podría sentar jurisprudencia, ya que no existen antecedentes de irregularidades y controversias de esta magnitud en una universidad.
“Unidos por ‘el espanto’”
El caso del IUPA se volvió paradigmático en más de un sentido: no solo por el precedente jurídico que empieza a delinearse, sino también por haber provocado algo inusual en la política rionegrina, la confluencia de toda la oposición.
Por un lado, los sectores enfrentados a la gestión de Gerardo Blanes unificaron su postura para exigir la intervención del gobernador Alberto Weretilneck, la única figura con peso político suficiente para forzar un eventual corrimiento. No es un dato menor, dado que fue el propio mandatario quien lo restituyó como rector normalizador en marzo de 2025.
Sin embargo, Weretilneck optó por el silencio frente a la crisis que atraviesa la universidad provincial. No hubo pronunciamientos sobre el controvertido nombramiento de Blanes como rector por los próximos cuatro años, en contraste con la activa presencia de los canales oficiales hasta hace dos semanas, cuando se celebraban los comicios y el triunfo de la lista La Unión.
Ante la consulta de Literal, desde el gobierno de Río Negro, se limitaron a señalar que no está previsto “ningún tipo de intervención” en el conflicto. La postura, por ahora, es la cautela y el resguardo de la “autarquía” institucional.
Pero el efecto político del caso no se agota ahí. El conflicto en el IUPA también logró articular a espacios ideológicamente distantes. Sectores vinculados a la derecha y al peronismo coincidieron en las últimas horas en reclamar explicaciones a la administración rionegrina por la delicada situación institucional.
En ese marco, los bloques Vamos con Todos, PJ–Nuevo Encuentro y Cambia Río Negro firmaron ayer un pedido de informes conjunto para obtener precisiones sobre la totalidad del proceso electoral, bajo el argumento de que se trata de una institución sostenida con fondos públicos provinciales.
A ese reclamo se sumaron en las últimas horas el legislador del PRO Juan Martín y su bloque, según confirmó el peronismo en un comunicado reciente.
La secuencia, inédita en la política local, quedó sintetizada en una frase del legislador José Luis Berros (Vamos con Todos): “El gobierno de Alberto Weretilneck, con sus desaciertos, está logrando reunir a toda la oposición en críticas conjuntas. Como se dice, no nos une el amor sino el espanto”.
