Durante el último fin de semana, los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia sobre un embargo aproximado de 50 millones de pesos a la diputada nacional y candidata al Senado, Lorena Villaverde. La repercusión del caso generó una rápida reacción por parte de La Libertad Avanza Río Negro (LLA), que en un comunicado responsabilizó a los «medios amigos» del gobernador Alberto Weretilneck por transformar el caso en un «show mediático».
En esta nota de Literal te contamos lo que se sabe hasta el momento sobre la causa y los detalles del proceso.
El embargo
El viernes, el sitio Noticias Net publicó que tuvo acceso a una causa civil por daños y perjuicios contra Villaverde. La legisladora está acusada por la presunta entrega irregular de terrenos en el proyecto inmobiliario Tajamar, ubicado en el balneario Las Grutas. En concreto, se le atribuye una supuesta falta de cumplimiento en la entrega de documentación y en la dotación de servicios al loteo.
De acuerdo con lo informado, el Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Familia N°9 de San Antonio Oeste, a cargo de la jueza Karina Vanessa Kozaczuk, ordenó el embargo preventivo de las cuentas bancarias y bienes de Villaverde hasta cubrir una suma provisoria de aproximadamente 50 millones de pesos. La resolución judicial instruyó al Banco Patagonia a retener fondos y valores que estén o pudieran estar a nombre de la diputada, tanto en moneda nacional como extranjera. La causa la iniciaron tres particulares.
Qué implica
Fuentes judiciales confirmaron a Literal que el acceso a las resoluciones de este expediente es reservado hasta que se dicte sentencia. También aclararon que el proceso se tramita en el fuero civil, descartando así las versiones periodísticas que mencionaban una posible estafa —delito que, en tal caso, se investigaría en el ámbito penal—.
Desde el Poder Judicial señalaron que los embargos preventivos son “usuales” en este tipo de demandas. Se trata de una medida cautelar destinada a garantizar que, en caso de que el demandado sea condenado a pagar una indemnización, existan bienes disponibles para cubrir la deuda. Por lo tanto, no implica una resolución definitiva sobre el conflicto en cuestión.
Villaverde ya enfrentó otras demandas similares vinculadas al mismo loteo. En un acuerdo reciente entre partes, la diputada se comprometió a abonar 12 millones de pesos a modo de indemnización. Esto terminó desestimando la derivación en un juicio.
La respuesta de los libertarios
La divulgación de la resolución judicial contra la diputada motivó este lunes un comunicado de prensa de La Libertad Avanza Río Negro. La nota aclaratoria llegó en medio de las tensiones internas por la definición de candidaturas para el Congreso, y tras el anuncio de una alianza con otras fuerzas de derecha.
El partido libertario denunció en su escrito un “hostigamiento sistemático del aparato político y mediático de Juntos Somos Río Negro y sus aliados kirchneristas” y responsabilizó directamente a los «medios amigos» de impulsar una campaña contra sus principales postulante a los comicios de octubre.
En ese contexto, se refirieron también a las acusaciones contra Damián Torres, uno de los nombres que suena para encabezar la lista libertaria en el tramo de Diputados. En varios sitios de noticias se indicó que Torres, quien fue apoderado de JSRN en el pasado, mantendría vínculos actualmente con el Gobierno provincial. Además, señalaron que cobra como asesor en la Legislatura.
Al respecto, desde LLA respondieron que el abogado viedmense es “asesor legislativo del legislador César Domínguez. No trabaja para el Gobernador”.
Denuncian un «uso político» de la Justicia
Respecto de la causa contra Villaverde, el comunicado afirmó que “forma parte de un expediente que se conoce públicamente desde hace más de un año y en el que los responsables de su empresa y sus abogados han actuado siempre conforme a derecho, alcanzando las soluciones correspondientes. Sin embargo, cada vez que hay un movimiento en el expediente, los medios afines al gobernador lo convierten en un show mediático, manipulando la información para desgastarla políticamente”.
En esa línea, y en medio de la carrera, acusaron al oficialismo provincial de utilizar cualquier coyuntura para “ensuciar a la oposición que más crece en Río Negro«, mientras protege a sus verdaderos aliados políticos y empresariales. No buscan justicia, buscan votos. No defienden la verdad, defienden sus privilegios”.
También cuestionaron lo que calificaron como un “uso político del Poder Judicial” según las necesidades del gobierno provincial: “Muestra a las claras la degradación institucional de nuestra provincia, que lejos de tener una justicia objetiva e independiente, responde a las necesidades electorales del tirano de turno y sus caprichos. Denunciamos el uso político de la justicia y sus consecuencias nefastas para la democracia”.
Sobre el final del comunicado, LLA aseguró que no se dejarán «intimidar»: «Seguiremos trabajando por un cambio profundo en la provincia, para terminar con la corrupción, el amiguismo y el uso del Estado como arma de persecución contra quienes pensamos distinto”.
