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Endeudamiento de las familias: el proyecto de LLA para incentivar las refinanciaciones en Río Negro

La iniciativa no contempla asistencia estatal, sino que propone un beneficio fiscal para los acreedores. El objetivo es favorecer la reducción de las tasas de interés y el costo financiero total en las reestructuraciones.

El volumen morosos en Argentina alcanzó en julio al 26,39% del total de deudores registrados en el país, lo que representaba un universo estimado de 5,29 millones de personas, según datos de la Central de Deudores del Banco Central. El nivel de incumplimiento encendió señales de alerta en el sector financiero, especialmente por el grado de incobrabilidad, y también comenzó a ocupar un lugar en la agenda de distintos sectores de la política.

Río Negro no permanece al margen de esta situación. Por ese motivo, La Libertad Avanza (LLA) presentó en la Legislatura un proyecto de ley para crear el «Programa Provincial de Normalización y Desendeudamiento Familiar«, con el objetivo de abordar la situación de los hogares que enfrentan dificultades para sostener sus compromisos financieros.

La iniciativa no contempla la creación de un fondo público para cancelar deudas ni el otorgamiento de garantías estatales. El proyecto apunta, en cambio, a reducir la carga tributaria provincial vinculada al crédito, con la intención de favorecer condiciones que permitan sostener el acceso al financiamiento y evitar que el endeudamiento derive en una situación de morosidad permanente.

Los fundamentos

La propuesta de la legisladora Martina Lacour, acompañada por Marcela Abdala y César Domínguez, parte de tres principios: la responsabilidad del deudor de cumplir con sus obligaciones, el derecho del acreedor a recuperar el crédito otorgado y la necesidad de proteger al consumidor ante situaciones en las que una dificultad de pago termine derivando en una exclusión del sistema financiero.

En términos concretos, el programa propone un esquema de adhesión voluntaria para los acreedores. A cambio de que acepten reducir —en un mínimo del 30%— la tasa de interés y el costo financiero de las refinanciaciones, las entidades que participen podrán acceder a una reducción de entre el 50% y el 100% del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que deberían pagar sobre los intereses efectivamente cobrados.

El beneficio estaría destinado a operaciones para personas que atraviesan situaciones de mora avanzada y sobreendeudamiento, particularmente aquellas clasificadas en situación 4. De esta manera, el proyecto busca generar un incentivo para que los acreedores acepten reestructurar en condiciones más accesibles y, al mismo tiempo, permitir que los deudores puedan regularizar sus finanzas y recuperar progresivamente el acceso al crédito.

Sin subsidios

Uno de los argumentos centrales de la iniciativa es que no se utilizarán recursos del Estado para cancelar o subsidiar las deudas privadas. Es decir, la propuesta no contempla que el Gobierno provincial transfiera fondos para hacerse cargo de obligaciones contraídas por particulares. El mecanismo consiste en que el Estado resigne una parte de la recaudación potencial de Ingresos Brutos sobre intereses que solo se generarían si la deuda logra ser refinanciada y recuperada.

La lógica planteada por los autores es que, frente a una cartera de créditos deteriorada, una reducción de la carga impositiva puede funcionar como incentivo a reestructuraciones que permitan recuperar al menos una parte del capital y los intereses. «Cuando una refinanciación permite percibir capital e intereses que, de no mediar el acuerdo, difícilmente hubieran sido recuperados, puede también generar recaudación que de otro modo no existiría. Por ello, el efecto fiscal debe evaluarse sobre la recaudación efectivamente esperable de una cartera deteriorada y considerando el recupero adicional generado por el Programa», sostiene la fundamentación del proyecto.

Detrás de la iniciativa aparece, además, una definición sobre el rol del financiamiento en la economía. Para los legisladores, la expansión del crédito puede favorecer la actividad y el consumo, pero ese crecimiento debe ser «sostenible y estar acompañado por información clara, evaluación responsable de la capacidad de pago y mecanismos que permitan normalizar situaciones de incumplimiento sin convertirlas en exclusión financiera permanente».

Los datos de mora en Río Negro

En su fundamentación, la propuesta libertaria estima un impacto significativo en Río Negro. Si bien los últimos datos disponibles muestran una mejora en los niveles de morosidad, los autores advierten que todavía no alcanza para hablar de una tendencia consolidada.

Según un informe del Centro de Estudios para la Ciudad junto con la Friedrich Ebert Stiftung, entre junio y julio de 2026 la proporción de personas con deudas en mora en la provincia bajó del 17,07% al 16,93%. En términos absolutos, la cantidad de rionegrinos con al menos una obligación en mora pasó de 94.714 a 88.145, una reducción de 6.569 personas en un solo mes.

Fuente: mapadeladeuda.ar

El diagnóstico de los legisladores también amplía el foco más allá del sistema bancario tradicional. Por ese motivo, citan que las financieras de cuotas y préstamos personales registraban una proporción del 42,45% de personas con alguna deuda en mora. Le seguían los neobancos y fintech, con el 22,49%, y las tarjetas de crédito no bancarias, con el 21,14%.

Quiénes podrán acceder

El programa está pensado como una “respuesta excepcional a un stock de mora preexistente”. Por eso, fija una fecha de corte para las deudas contraídas hasta el 30 de junio de 2026. La intención es atender incumplimientos ya existentes y evitar que el beneficio termine generando nuevos casos de sobreendeudamiento.

El régimen estará dirigido a residentes cuyos ingresos mensuales familiares sean inferiores a 10 salarios mínimos, siempre que puedan acreditar que alguna de sus deudas representa más del 30% de los ingresos mensuales del hogar. Además, deberán encontrarse en las situaciones 2, 3 o 4 de mora.

Para Lacour, la inclusión de la situación 4 permite alcanzar deudas con atrasos importantes, pero que todavía podrían ser normalizadas mediante una refinanciación. En cambio, quedan afuera las obligaciones clasificadas en situación 5 por ser considerados irrecuperables.

También se establecen límites vinculados con el patrimonio de quienes quieran acceder al programa. Quedarán excluidas las personas que sean titulares de más de un inmueble, tengan embarcaciones, aeronaves u otros bienes suntuarios registrables, salvo que sean necesarios para su actividad laboral o productiva, o dispongan de activos financieros líquidos suficientes para cancelar sus obligaciones.

En los casos en que una persona tenga deudas con distintos acreedores, cada obligación deberá quedar identificada junto con los montos cancelados y las condiciones de la nueva refinanciación.

Los parámetros de la refinanciación

El proyecto establece condiciones específicas para las refinanciaciones. Las nuevas operaciones deberán pactarse exclusivamente en pesos, a tasa fija y sin mecanismos de ajuste o indexación vinculados con la inflación, monedas extranjeras u otros índices.

Sin bien no predetermina una tasa de interés, esta deberá ser como mínimo un 30% inferior a la tasa nominal anual promedio para préstamos personales que publica el Banco Central. Además, el plazo de devolución no podrá ser menor a 24 meses.

El proyecto también busca evitar que una reducción en la tasa termine compensándose con otros costos. Por eso, el costo financiero total deberá ser inferior al que la entidad ofrecería por una financiación equivalente fuera del programa, y no podrán incorporarse cargos, comisiones, seguros o gastos adicionales que neutralicen ese beneficio.

Por último, la cuota deberá ajustarse a la capacidad de pago de cada hogar. La reglamentación fijará el límite, pero en ningún caso podrá superar el 30% de los ingresos mensuales familiares.

El beneficio fiscal

La adhesión al programa será voluntaria y estará abierta a un amplio universo de acreedores: bancos, emisores de tarjetas, financieras, fintech y proveedores de servicios de pago, entre otros.

A cambio de ofrecer estas condiciones especiales de refinanciación, las entidades adheridas accederán a un beneficio impositivo. El proyecto establece una reducción del 50% de Ingresos Brutos sobre los intereses efectivamente cobrados en las operaciones realizadas dentro del programa. El beneficio puede llegar al 100% cuando la refinanciación tenga un plazo de 60 meses o más, siempre que esa extensión permita reducir efectivamente el valor de la cuota mensual.

Accedé al proyecto completo:

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