Dos proyectos del municipio de Roca, vinculados al acceso a tierras para la construcción de viviendas, derivaron en un nuevo debate que enfrentó a los concejales del oficialismo local con la concejal opositora. Se trató de una discusión atravesada por las confusiones y los cuestionamientos sobre la falta de profundización en las iniciativas, pero también por planteos en torno a la delegación de mayores facultades al Poder Ejecutivo y el riesgo de que esas atribuciones queden sujetas a discrecionalidad.
Emergencia habitacional
“Está equivocada con otro proyecto”, resonó en el recinto al comienzo de la exposición de Belén Bavastri (JSRN), durante el tratamiento de la declaración de emergencia habitacional.
La confusión surgió a partir de las primeras palabras de Bavastri, que hicieron referencia directa al proyecto posterior, mediante el cual se modifican y establecen nuevos topes para la Ordenanza 4.932, que regula el Plan Integral de Acceso a la Tierra. La situación fue advertida desde la Secretaría del Concejo Deliberante y por los concejales del bloque Pasión por Roca.
Pese a ello, la edil de JSRN reencauzó su discurso e insistió en su planteo de que, mediante la aprobación de estas ordenanzas, el Concejo estaba delegando “poder” en la intendencia. Esta crítica ha sido recurrente en las intervenciones públicas de Bavastri, tanto dentro como fuera de la sala de reuniones.
“Estamos pintados. La idea de este Concejo Deliberante es poder fijar pautas”, afirmó.
A su turno, el presidente del bloque Pasión por Roca, Nicolás Paschetta, pidió disculpas a los presentes por lo que consideró una “improvisación” de la oposición e insistió, una vez más, con su pedido de seriedad en los debates políticos. “Somos representantes de los vecinos y no podemos generar tanta incertidumbre, tanto malestar, con tanta desinformación. Primero, confundir un proyecto con otro ya es grave, pero más grave aún es la mala intención en la interpretación o la falta de interpretación de la normativa”, afirmó.
Seguidamente, el dirigente explicó el alcance de la propuesta. Se trata de declarar la emergencia habitacional por 36 meses, durante los cuales el municipio asumirá la ejecución de proyectos de infraestructura que quedaron inconclusos tras la eliminación del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). El fideicomiso, creado en 2019, estaba destinado a financiar obras de urbanización y mejoras en barrios populares.
“Esta emergencia es una decisión política para avanzar con las obras de infraestructura necesarias y llevar servicios a un sector de la ciudad donde el Gobierno nacional se había comprometido a hacerlo, pero finalmente no las llevó adelante”, explicó. En ese punto, Paschetta señaló que los terrenos alcanzados por estas obras serán incorporados al Banco de Tierras Municipal, con el objetivo de ampliar la disponibilidad de lotes y, con ello, la cantidad de vecinos de bajos recursos que podrán acceder a un terreno para construir su vivienda.
¿De dónde provienen los recursos?
“¿De dónde se van a sacar los recursos y cuánto se va a cobrar por lote? Por ejemplo, ¿no podría estar especificado todo y no quedar a discreción del Ejecutivo, sabiendo que el Ejecutivo necesita endeudarse por $22.000 millones este año para estar más o menos acorde? Responsable es dar el debate, concejal. Acá quieren cambiar ordenanzas sobre tablas, sin debate previo”, retrucó Bavastri al tomar la palabra.
Paschetta recordó que el pago de los terrenos del Banco Municipal de Tierras ya está contemplado en una ordenanza previa, con más de 20 años de vigencia. A continuación, explicó que el origen de la declaración de emergencia habitacional está relacionado con la habilitación de Nación para que los gobiernos locales puedan asegurar por su cuenta la continuidad de las obras del FISU que quedaron inconclusas.
El concejal oficialista también aprovechó para refutar el monto de endeudamiento mencionado por Bavastri. Al respecto, aclaró que el Presupuesto 2026 habilitó esa cifra, aunque hasta el momento el municipio accedió a un crédito de $6.000 millones con el Banco Provincia del Neuquén (BPN), aprobado en junio por el cuerpo legislativo.
“La concejala de la oposición dice que es para cubrir gastos. Los $6.000 millones que se pidieron están anexados en esa ordenanza que la concejala también votó para llevar adelante distintas inversiones en obra pública para nuestra ciudad. No tenemos problemas de financiamiento, no hay problema de flujo de caja y toda la cuestión que se quiere generar”, sostuvo.
Tras las palabras de Pascheta, Natalí Giordanella se sumó a la respuesta contra Bavastri. La dirigente oficialista manifestó su preocupación por la “falta de estudio” de los proyectos y pidió responsabilidad a la hora de brindar información, en referencia a las exposiciones de la edil de JSRN en redes sociales. “Con esto estamos votando la emergencia habitacional y que esto lo podamos realizar con fondos municipales. Seamos responsables. Parece que desconoce un montón de cuestiones nacionales”, afirmó.
En tanto, Pablo Bustello aprovechó el planteo de la concejal opositora sobre la necesidad de explicar el origen de los fondos para recuperar el debate por la coparticipación provincial. El farmacéutico señaló que la contracción de recursos originada por la Provincia termina orillando a los gobiernos municipales a endeudarse.
“Muchas ciudades están sufriendo justamente un acoso permanente de la Provincia para que estas cosas (la toma de deuda) sucedan”, señaló. En ese sentido, sostuvo que de cada $100 de impuestos que se recaudan en un municipio, solo $26 retornan por coparticipación. Planteó una situación similar respecto de las regalías, donde —según explicó— apenas un 10% vuelve a las localidades.
“La pregunta de la concejala es ‘qué hace la ciudad con los fondos’, pero la gran pregunta debería ser ‘qué hace la Provincia con los fondos‘. Con ese 85% de todos los fondos que no sabemos a dónde van”, cuestionó.
“Dejen de querer tapar el sol con la mano y den números claros a la ciudad”, retrucó nuevamente Bavastri, quien volvió a exigir transparencia en el uso de los recursos públicos municipales.
Un tope a criterio del Municipio
El debate continuó con el proyecto de modificación de la Ordenanza 4.932, que regula el Plan de Acceso a la Tierra, sancionado en 2020. La norma tiene como finalidad permitir a los vecinos, que no pueden acceder al Banco de Tierras ni al mercado inmobiliario, la compra de lotes que se encuentren dentro del dominio privado del Estado municipal.
En ese punto, la edil de JSRN insistió en que, con la aprobación de este cambio, se faculta al Ejecutivo a “seguir fijando las reglas”. En particular, cuestionó el cambio de uno de los requisitos de acceso al régimen: que los ingresos del grupo familiar no superen el equivalente a cuatro salarios mínimos, vitales y móviles.
“Es un cambio en las reglas de juego. Ahora los lotes no podrán ser de fácil acceso para los que menos tienen y no fijan nuevos criterios, sino que dejan todo a discreción del Ejecutivo, porque quieren ofrecer esos terrenos a personas de mayores ingresos. Prueba de eso es la reunión que organizaron ayer con un sindicato de la ciudad, ofreciendo los terrenos. ¿Por qué no fueron al sindicato de trabajadores municipales?”, denunció Bavastri.
En respuesta, Paschetta aclaró que la modificación elimina el tope de cuatro salarios mínimos para el grupo familiar y deja habilitado al Ejecutivo a determinar un nuevo monto. Según explicó, la decisión respondió al bajo valor que actualmente representa el salario mínimo y a los cambios registrados en el escenario macroeconómico.
“Hoy el salario mínimo, vital y móvil está en $390.000. Si nosotros sumamos cuatro salarios, estamos hablando de $1.570.000. Por lo tanto, lo que dice la concejala de la oposición es al revés. Nosotros lo que estamos haciendo es darle la posibilidad a más familias de que puedan inscribirse justamente en este plan general de acceso a la tierra. Si una familia hoy gana $1.700.000, no puede acceder al plan integral de acceso a la tierra. Esa cifra quedó desactualizada porque quedó desactualizada la unidad de medida, que es justamente el salario mínimo, vital y móvil”, aseguró.
En esa línea, mencionó que el dinamismo de la economía actual demanda establecer un criterio que permita adecuar el requisito con mayor frecuencia.
Bavastri cerró el debate cuestionando que, en lugar de discutir en el Concejo un mecanismo propio, se termine delegando esa facultad en la intendenta María Emilia Soria. “No es un cambio inocente. Fijen pautas claras. Dejan todo, absolutamente todo, en manos de la intendenta. Cambian las reglas del juego y no se trata de eso. Para algo estamos acá y podemos arreglar acá con pautas claras”, concluyó.
Ambos proyectos fueron aprobados por mayoría, con siete votos a favor y el rechazo de la concejal opositora.

