El municipio de Huergo sorprendió este jueves a la opinión publica al denunciar un presunto espionaje ilegal en la sede del Poder Ejecutivo. La presentación, efectuada por los representantes legales de la comuna, motorizó una inspección de la Brigada de Investigaciones, el secuestro de un micrófono —encontrado en el despacho de la intendencia— y el inicio de una investigación judicial.
La denuncia del municipio de Huergo por espionaje
Todo surgió a raíz de la contratación en la última semana de un servicio técnico, que tendría por fin indagar en la posible presencia de dispositivos de escucha en el despacho de la intendenta Silvia Penilla (PJ). Una seguidilla de conversaciones privadas que se filtraron a la prensa derivaron en esta investigación interna que arrojó un asombroso dato: la existencia de un micrófono en el cielo raso de la oficina principal.
«Se encontró un sistema de micrófono, el cual estaba funcionando. Estaba oculto en el cielo raso e iba conectado a la central de monitoreo que estaba instalada en la municipalidad en forma previa a nuestro ingreso a la gestión en diciembre de 2023″, comentó Carlos Cailly, abogado de la municipalidad, en diálogo con Literal.
La presentación se efectuó el jueves a las 15 ante la Fiscalía Descentralizada. Desde el Ministerio Público de Río Negro detallaron a este medio que intervino la Brigada de Investigaciones de Río Negro, cuyo personal realizó una inspección en la sede de Gobierno.
Asimismo, detallaron que procedieron al secuestro del dispositivo, el cual ya había sido removido por agentes del municipio. También incautaron el DVR que recepcionaba la información de la red de audio y video. Estos dispositivos serán respectivamente peritados por el área de Informática Forense.
«Cuando ingresamos a la gestión, el responsable técnico nos informó que existía un sistema de cámaras sin audio en los espacios comunes. Desconocíamos absolutamente la existencia de un sistema de audio», precisó Cailly respecto al mecanismo de vigilancia.
Según detectó el servicio técnico contratado, el dispositivo de audio detectado era analógico y permitía tanto enviar sonidos como recibirlo.
Cómo iniciaron las sospechas de espionaje en Huergo
Las averiguaciones por presunto espionaje a la jefa comunal comenzaron a raíz de una serie de hechos dudosos ocurridos en el último año y medio. «Desde el comienzo de la gestión había mucha información sensible, como cambios de funcionarios, obras o informaciones del ámbito privado, que inmediatamente circulaba en los medios de las redes sociales. Llegó un momento en que dijimos ‘cortemos con la paranoia’ y no le dimos más importancia al asunto. Pero la semana pasada ocurrieron conversiones entre dos funcionarios, la cual el resto del Gabinete desconocíamos, que también se difundió. Ante ese hecho, la intendente decidió contratar al servicio técnico para que revisara las instalaciones», narró Cailly.
El equipo de trabajo de Penilla desconoce la fecha de instalación del sistema de videovigilancia, pero presume que quedó operativo desde la gestión del exintendente Miguel Martínez (UCR).
«Hoy no te puedo decir fehacientemente desde cuando está instalado. Pero sí sabemos que el personal de la brigada y el técnico contratado coincidieron en que claramente revestía las características de un micrófono espía. Vos miras el dispositivo y parece un cable cortado con una cinta pegada. Pasaba totalmente desapercibido«, describió el letrado.
¿Espionaje de la oposición?
La denuncia de la intendencia no responsabilizó directamente a ningún dirigente o exfuncionario. Sin embargo, las conjeturas del oficialismo parecen recaer en la anterior gestión.
«No podemos determinar si esto es algo que fue instalado contra nuestra gestión o fue un mecanismo que ellos tenían anteriormente, vaya a saber uno con qué objetivo. Pero queremos dejar en claro que acá no solo se vulneró la privacidad o la intimidad de la intendente, sino de todas las personas que concurrieron al despacho, desde el gobernador de la provincia de Río Negro, lo cual es gravísimo, hasta vecinos de la localidad», destacó el defensor municipal.
Y seguidamente, Cailly añadió: «Podemos sospechar de un espionaje desde el punto de vista político, pero la realidad es que puede haber sido para muchas otras cuestiones«.
La pena por espionaje ilegal puede variar, pero generalmente incluye prisión y, en algunos casos, inhabilitación para ejercer cargos públicos. Este delito puede ser reprimido con uno a 10 años de prisión. En el caso de un funcionario público, la condena se agrava hasta los 8 a 25 años.
