El Ministerio Público Fiscal imputó este martes a cuatro personas por una presunta maniobra de defraudación contra el Ipross vinculada al cobro de prestaciones de salud mental que, según la acusación, nunca fueron realizadas en el establecimiento Valle Sereno-San Cirano S.A. de Roca.
La investigación comprende 21 hechos ocurridos entre noviembre de 2021 y julio de 2023. Entre los imputados se encuentran un médico clínico y psiquiatra, una licenciada en Psicología y una acompañante terapéutica, quienes, de acuerdo con la acusación fiscal, habrían actuado en connivencia con la presidenta del establecimiento y su socio para perjudicar económicamente a la obra social provincial.
La denuncia
La causa se originó a partir de una denuncia presentada en 2024 por la entonces presidenta del Ipross, Marcela Ávila, luego de una serie de auditorías que detectaron presuntas irregularidades en la facturación de prestaciones de salud mental.
En ese momento, la obra social informó que un establecimiento de Roca facturaba tratamientos para 43 afiliados. Sin embargo, tras realizar auditorías telefónicas y de terreno, se comprobó que solamente cinco personas recibían efectivamente atención en el lugar.
Además, la investigación administrativa determinó que la mayoría de los afiliados cuya atención era facturada nunca había ingresado al establecimiento.
Entre Ipross y Valle Sereno existía un convenio mediante el cual el centro se comprometía a brindar prestaciones correspondientes a módulos de internación, internación especial, hospital de día y reinserción socio productiva. También, asumía total responsabilidad sobre la administración y prestación de esos servicios.
Según la acusación fiscal, tres de los profesionales involucrados habrían falsificado historias clínicas y planillas de asistencia, además de incorporar de manera ficticia pacientes ambulatorios bajo la modalidad «Hospital de Día». Esas prestaciones habrían sido facturadas y cobradas por San Cirano S.A., aunque no habrían sido efectivamente brindadas a los afiliados.
Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía figuran informes de la O.I.Tel, de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), documentación del Ministerio de Salud sobre la habilitación del establecimiento y el desempeño de los profesionales involucrados, además de entrevistas realizadas durante la investigación.
Las imputaciones
La Fiscalía imputó a los acusados por el delito de estafas reiteradas agravadas por haber sido cometidas en perjuicio de la administración pública, en 21 hechos y en concurso real.
La presidenta del establecimiento y su socio fueron señalados como coautores, mientras que los tres profesionales quedaron imputados como partícipes necesarios. Además, el Ministerio Público Fiscal adelantó que en los próximos días se formularán cargos contra una quinta persona.
Las defensas no presentaron objeciones a la imputación y el juez de Garantías tuvo por formulados los cargos, dando inicio a la etapa de investigación penal preparatoria, que tendrá un plazo de cuatro meses.
