La defensa de Mariela Marzano, la mujer denunciada penalmente por el Ministerio de Salud de Río Negro por presunto ejercicio ilegal de la medicina, cuestionó el avance de la causa sin una formulación de cargos y pidió revisar las medidas cautelares impuestas por la Justicia provincial.
El planteo fue realizado por el abogado Oscar Pineda durante una entrevista en el programa “Mañana de Noticias”, de Literal Radio, un día después de la audiencia desarrollada en la Ciudad Judicial de Roca, donde el Ministerio Público Fiscal pidió que el expediente sea remitido al fuero federal.
Según expuso la fiscalía en esa audiencia, el caso involucra cuestiones vinculadas con títulos universitarios, trámites de validación nacional y la obtención de la matrícula profesional, por lo que consideran que la investigación debe quedar bajo competencia federal.
Pineda, en cambio, centró sus cuestionamientos en la situación procesal de su defendida y en la falta de una acusación formal.
“No ha habido formalización de cargos”
El abogado sostuvo que el expediente atraviesa una etapa irregular porque todavía no se concretó la formulación de cargos, instancia prevista en el proceso penal para comunicar formalmente a una persona los hechos que se le atribuyen y permitirle ejercer su defensa.
“Acá no ha habido formalización de cargo. Es fundamental. La primera garantía que tiene un ciudadano se llama garantía del hecho, es saber circunstancias de tiempo, modo y lugar a través de un acto procesal que se llama formalización de cargo”, afirmó.
Durante la entrevista, Pineda remarcó que hasta el momento sólo escuchó “la versión de la fiscalía” y señaló que recién después de una formulación de cargos podrá evaluar concretamente la evidencia reunida por los investigadores.
“Formalíceme cargo y yo de ahí obviamente voy a tomar en serio la evidencia y el hecho que me está planteando y el encuadramiento jurídico”, sostuvo.
El defensor también cuestionó que la fiscalía haya impulsado medidas restrictivas antes de concretar ese paso procesal.
El cuestionamiento a las medidas cautelares
Marzano recuperó la libertad en abril, luego de permanecer 48 horas detenida, pero quedó sujeta a distintas medidas cautelares. Entre ellas, una tobillera electrónica, la retención de su documento de identidad y una inhibición general de bienes.
Para Pineda, esas restricciones no deberían mantenerse sin una formulación de cargos previa.
“Le están planteando una inhibición general de bienes que afecta el derecho de propiedad y una pulsera electrónica que afecta la libertad”, señaló.
El abogado también indicó que la discusión sobre el eventual riesgo de fuga debe analizarse recién durante la formulación de cargos.
Consultado sobre si existían antecedentes de medidas cautelares impuestas antes de una acusación formal, respondió: “La verdad que no he encontrado antecedentes”.
Pineda recordó además que la defensa presentó un recurso ante el Tribunal de Impugnación para cuestionar esas medidas y sostuvo que ese planteo debería resolverse antes de definir el eventual pase del expediente a la Justicia federal.
La discusión por la competencia federal
En la audiencia realizada esta semana, la fiscalía argumentó que la causa debe tramitarse en el fuero federal porque involucra documentación universitaria, validaciones de títulos extranjeros y trámites realizados ante organismos nacionales.
Pineda explicó que la defensa también considera que existe una cuestión federal en el expediente, aunque aclaró que ese planteo fue realizado de manera subsidiaria.
Sin embargo, advirtió que el traslado de la causa podría generar nuevas demoras mientras se resuelve qué fuero debe intervenir.
El abogado explicó que, si la Justicia provincial se declara incompetente, el expediente será remitido a la Justicia federal, que deberá analizar si acepta o no el caso. Si rechaza la competencia, el conflicto podría terminar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Según sostuvo, esa discusión podría prolongar la situación procesal de Marzano sin que exista una formulación de cargos.
“Esta señora va a estar con medidas restrictivas y no se le imputará un cargo”, afirmó.
“Falsa médica”: la estrategia de la defensa
Pineda evitó adelantar cuál será la línea de defensa respecto de las acusaciones vinculadas con la obtención de la matrícula profesional y el ejercicio de la medicina.
“Eso no lo puedo decir porque forma parte del secreto profesional”, respondió cuando fue consultado sobre la postura de Marzano frente a la denuncia del Ministerio de Salud.
De todos modos, reiteró que la defensa considera insuficiente el estado actual de la investigación. “Nosotros tenemos simplemente una hipótesis que ni siquiera reúne las condiciones mínimas”, sostuvo.
También mencionó que podrían analizarse responsabilidades administrativas vinculadas con la tramitación de la matrícula profesional, aunque aclaró que todavía no cuentan con acceso formal a toda la información de la causa.
Las causas vinculadas a presunta mala praxis
Durante la entrevista también se abordaron las denuncias paralelas relacionadas con presuntos casos de mala praxis.
Pineda señaló que esos expedientes continuarán bajo competencia provincial y afirmó que, hasta el momento, tampoco existe una formulación de cargos en esas actuaciones.
Además, cuestionó los elementos reunidos hasta ahora para establecer una relación entre las prácticas médicas investigadas y los fallecimientos denunciados.
“El nexo causal entre la práctica que se realizó y el resultado muerte adolece de defectos”, afirmó.
Según su interpretación, las investigaciones “no van a llegar a ningún resultado, salvo el sobreseimiento”.
La jueza Natalia González deberá resolver el próximo martes si acepta el planteo de incompetencia presentado por la fiscalía y dispone el envío del expediente a la Justicia federal.
Escuchá la entrevista completa con Oscar Pineda en Mañana de Noticias
