Los ciudadanos comunes tenemos que cumplir con la ley todos los días. Si cometemos un delito, respondemos ante la Justicia. Si infringimos una norma, hay consecuencias.
Lo vemos claramente en ciudades como General Roca, donde a quienes intentan ganarse el sustento manejando con Uber les secuestran el auto, mientras que a quienes tienen condenas por corrupción se los habilita a postularse para cargos públicos.
El contraste es doloroso: el poder castiga al débil y se protege a sí mismo.
Ficha limpia y su mensaje oscuro
Esta semana, el Senado argentino rechazó el proyecto de Ficha Limpia, una iniciativa que proponía impedir que personas condenadas por delitos graves como corrupción, abuso o lavado puedan ser candidatos a cargos electivos.
La pregunta es simple: ¿cómo puede alguien representar al pueblo si ha sido condenado por traicionar al pueblo?
El mensaje que deja esta votación es oscuro: la impunidad no solo se tolera, sino que se legisla para protegerla.
No se trata de ideologías. Se trata de principios. De dignidad pública. De respeto por la ciudadanía. Al rechazar la Ficha Limpia, muchos senadores confirmaron lo que buena parte de la sociedad ya percibe: que se cuidan entre ellos, no a nosotros.
Y entonces vuelve a surgir la pregunta de fondo: ¿Quiénes nos representan realmente? ¿A quién sirve un legislador que le teme a la transparencia?
Democracia es confianza mutua
La democracia no se construye con pactos de silencio, ni con privilegios blindados. Se construye con honestidad, responsabilidad y confianza mutua entre representantes y representados.
Hoy nos duele. Pero también nos despierta. Porque si el poder se atrinchera, los ciudadanos tenemos que organizarnos. No para derribar la democracia, sino para devolverle su verdadero sentido. ¿Representantes o dueños del poder?
Cuando un vecino propone una solución concreta, como la creación de una Guardia Urbana preventiva o la regulación de plataformas como Uber, espera ser escuchado, debatido con respeto y, sobre todo, tomado en serio.
Lamentablemente, lo que muchas veces recibe como respuesta es desdén, burla o negación. ¿No debería ser al revés? ¿No debería ser el funcionario público quien escuche y acompañe esas iniciativas? ¿Por qué quienes fueron elegidos para representarnos reaccionan como si se sintieran dueños de nuestras vidas y no servidores públicos?
El sentido del cargo público
Tal vez el problema es más profundo: la distorsión del sentido del cargo público. Intendente, gobernador, presidente… son palabras que deberían significar “el que cuida”, “el que gestiona para todos”, “el que escucha y decide junto al pueblo”, “el que administra con eficiencia los recursos que le confían los ciudadanos”.
Pero en la práctica, muchas veces parecen significar lo contrario: el que manda, el que impone, el que decide por encima de nosotros, el que gasta indebidamente en beneficio propio.
Lo vimos cuando se descalificó una propuesta vecinal para crear una Guardia Urbana no armada, orientada a la prevención en zonas no críticas con el argumento de que “no es competencia municipal”.
Lo vemos ahora, cuando la creciente demanda ciudadana para regular Uber es ignorada. Mientras tanto, cientos de personas viajan cada día en un sistema sin regulación local, sin protección para pasajeros ni condiciones claras para los choferes.
¿Dónde queda la representación cuando se niega la realidad? ¿Dónde queda la función pública cuando se le da la espalda a las soluciones?
Después de Ficha Limpia, el rol de los ciudadanos
Frente a esto, a los ciudadanos solo nos queda participar. Hablar. Proponer. Y no callarnos frente al ninguneo. Porque si la democracia es real, no se limita a votar cada cuatro años. Democracia también es reclamar, debatir y exigir que quienes gobiernan recuerden de dónde vienen y a quién deben responder.
No somos súbditos. Somos ciudadanos. Y nadie que haya sido elegido por el voto popular está por encima del pueblo que lo eligió.
(*) Contador público – DNI 17.371.581
