La petrolera de mayoría estatal YPF y la italiana ENI firmaron esta semana un acuerdo preliminar con la empresa XRG, brazo internacional de inversiones energéticas de ADNOC (Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi), para avanzar en su incorporación al proyecto de GNL que tendrá como epicentro las costas de Río Negro.
El avance de esta iniciativa se encuentra condicionado a la aprobación, por parte de la Legislatura, del convenio entre el consorcio de las compañías energéticas y el Gobierno provincial. Desde YPF señalaron a Más Energía que, de concretarse esa aprobación en los próximos meses —tal como prevé la Provincia—, el proyecto ingresará formalmente en la etapa de búsqueda de financiamiento a comienzos de 2026.
Entendimiento en Abu Dhabi
Argentina LNG, considerado el mayor proyecto de inversión en la historia del país, continúa sumando alianzas estratégicas. Tras el entendimiento ratificado el mes pasado entre YPF y ENI —que contempla una producción de 12 millones de toneladas de GNL por año y una proyección de exportaciones de GNL y líquidos asociados por hasta 14.000 millones de dólares anuales—, el consorcio avanzó ahora en un acuerdo marco con la filial de ADNOC, de Emiratos Árabes Unidos.
En ese contexto, el CEO de YPF, Horacio Marín, destacó que “la incorporación de XRG al proyecto Argentina LNG fortalece una iniciativa clave para el futuro energético del país. Esta alianza estratégica nos permite avanzar en el desarrollo de una plataforma de exportación de GNL de clase mundial, con un impacto transformador en términos de empleo, inversión y posicionamiento internacional”.
El documento fue rubricado en el marco de la conferencia ADIPEC 2025, realizada en Abu Dhabi. Se trata de un entendimiento preliminar, que marca el puntapié inicial para la inversión árabe, aunque aún restan resolver cuestiones regulatorias centrales antes de sellar el acuerdo final de inversión.
Según informó Más Energía, esas definiciones involucran tanto al Gobierno Nacional como a las provincias de Río Negro y Neuquén. Desde la petrolera estatal señalan que se trata de pasos administrativos, aunque estratégicos, que confían en completar en los próximos meses, con el objetivo de acceder a financiamiento internacional e iniciar la ejecución del proyecto en 2026.
Lo que depende de Provincia
En el caso de Río Negro, el paso clave estará vinculado a la aprobación del acuerdo para el desarrollo de la terminal de licuefacción y exportación sobre las costas del Golfo San Matías. Esta ley específica apunta a reforzar la seguridad jurídica a largo plazo, incluyendo aspectos impositivos, ambientales y sociales.
Según precisó el gobernador Alberto Weretilneck, este proceso se concretaría a mediados de diciembre, cuando el Ejecutivo provincial eleve el proyecto al Parlamento para su tratamiento. “En los próximos 45 días estaremos enviando la ley de acuerdo con el consorcio, que establecerá las condiciones jurídicas, económicas y ambientales del proyecto”, anticipó a la prensa el mandatario días antes de las elecciones del 26 de octubre.
Además, Weretilneck explicó que el proyecto de GNL también implicará negociaciones económicas con el consorcio inversor, con el objetivo de definir el cobro de un bono por el desarrollo de las instalaciones en territorio rionegrino, así como las tasas por uso del agua y las tasas ambientales correspondientes.
Estos mecanismos ya fueron aplicados en el acuerdo con VMOS S.A., aprobado en mayo, y se sustentan en una serie de leyes provinciales sancionadas y reglamentadas en los últimos años, que establecen las condiciones para la radicación de inversiones energéticas.
La aplicación de la Ley de Ductos
El proyecto Argentina LNG contempla la instalación de unidades flotantes de licuefacción sobre las costas rionegrinas, junto con la construcción de plantas de tratamiento de gas y un gasoducto que conectará Vaca Muerta con la costa, desde donde se realizará la exportación del gas natural licuado.
En función de esta infraestructura, corresponde aplicar la Ley de Transporte de Hidrocarburos Líquidos y/o Gaseosos por Ductos, sancionada en 2022 y reglamentada en julio de este año. Esta normativa otorgó a la provincia la facultad de controlar y fiscalizar todas las obras vinculadas al transporte de gas y petróleo dentro de su territorio, una competencia que hasta su sanción estaba exclusivamente en manos de la Nación.
La conocida “Ley de Ductos” introduce dos aspectos centrales. Por un lado, establece la documentación y los plazos que deben cumplir las empresas interesadas en desarrollar obras de transporte energético en suelo rionegrino. Por otro, modifica el artículo 1 de la Ley M Nº 3308, que hasta entonces prohibía la instalación de oleoductos y gasoductos, así como la construcción de terminales marítimas en el Golfo San Matías. Este cambio normativo fue determinante para habilitar el desarrollo de Argentina LNG.
El dinero que ingresa
La normativa define el mecanismo de pago que deberán realizar los inversores a la Provincia en concepto de aporte único. Cada proyecto de ducto que se instale deberá abonar el equivalente al 2% de la inversión total estimada en dólares.
En el caso del oleoducto Vaca Muerta Sur, este concepto representó 60 millones de dólares. Resta conocer cuál será el monto correspondiente al consorcio de GNL, que implicará una inversión de escala significativamente mayor.
Además fija la tasa anual de control y fiscalización, calculada en función de la superficie afectada al proyecto (en metros cuadrados), el precio promedio de venta del petróleo o gas, y el costo de inspección, equivalente al 0,25% del valor del barril por metro cuadrado recorrido. A modo de referencia, VMOS deberá abonar 1,05 millones de dólares anuales por este tributo.
Ley de Puertos
Otro cambio legislativo importante para el proyecto de gas natural licuado llevó de la mano de la nueva Ley de Puertos, sancionada en diciembre pasado, que regula la actividad portuaria. Este régimen alcanza todas las instalaciones fijas y/o flotantes, permanentes o transitorias, destinadas al atraque y desatraque de embarcaciones para carga y descarga de mercaderías, bienes, productos o personas. También contempla las plataformas petroleras y las instalaciones de carga y descarga de hidrocarburos mediante boyas, pontones o artefactos navales.
Con la Ley de Puertos se implementó un marco «moderno y flexible» para la habilitación, administración y operación de puertos, como el que se proyecta construir en Punta Colorada. Las firmas inversoras de Argentina LNG —así como otras que busquen radicarse en la provincia— podrán acceder a concesiones de hasta 50 años, con bonificaciones específicas para aquellas que compartan infraestructura o se integren a ecosistemas logísticos.
Para acceder a dichas concesiones, los particulares deberán contar con la autorización previa de la Secretaría de Energía.
Canon y exenciones
La norma contempla además el cobro de un canon por el uso, aprovechamiento y ocupación del dominio público portuario. Los fondos recaudados se destinarán al Fondo Portuario Provincial, orientado a financiar obras, dragado y mantenimiento.
Asimismo, dispone que los buques y cargas que operen en puertos particulares estarán exentos del pago de derechos, tarifas o tasas por servicios que no se presten efectivamente. El Ejecutivo podrá además otorgar incentivos a las empresas que inviertan en la construcción de terminales destinadas a la exportación, siempre que cumplan compromisos mínimos de inversión y generación de empleo.
