En Río Negro, la crisis habitacional no se explica solo por falta de recursos. Se explica, en buena parte, por la irresponsabilidad con que los gobiernos provinciales administran los fondos públicos, especialmente aquellos que provienen de la Nación, producto de nuestros impuestos, para financiar políticas sociales esenciales. El caso del barrio House Vial, que enfrenta al IPPV con un grupo de adjudicatarios, lo expone con claridad demoledora.
Pero esto no es un problema aislado. Es el reflejo de un modelo de poder que confunde autonomía con impunidad, y que en nombre de un “federalismo declamativo” exige más recursos para luego gestionarlos con discrecionalidad, sin transparencia ni sostenibilidad.
El origen de los fondos
Veamos cómo se financia el sistema de viviendas sociales:
El IPPV (Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda de Río Negro) tiene la responsabilidad de ejecutar planes de vivienda social. Para eso, se financia con:
1. Fondos nacionales del FONAVI:
– Originados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), que pagan todos los argentinos cada vez que cargan nafta o gasoil.
– El ICL deriva un porcentaje directamente al FONAVI, que luego se distribuye a las provincias para construcción de viviendas.
– Es un fondo específico, creado para atender el déficit habitacional, no para ser manipulado políticamente.
2. Fondos provinciales:
– Asignaciones del presupuesto de Río Negro, provenientes de impuestos locales (Ingresos Brutos, Sellos, etc.).
3. Recupero de cuotas:
– Quienes acceden a una vivienda social deben abonar cuotas mensuales, que permiten reciclar el capital invertido en nuevas viviendas.
– Este recupero es clave para la sostenibilidad del sistema.
4. Otros ingresos:
– Intereses, convenios y recursos financieros menores.
“Todos, absolutamente todos recursos que aportamos los ciudadanos con nuestros impuestos”
¿Qué pasó en House Vial?
El plan House Vial estaba compuesto por 160 viviendas, dividido en dos sectores: uno de 87 unidades y otro de 73. Durante su ejecución, estalló un escándalo por múltiples estafas con la venta de terrenos: hubo lotes vendidos hasta seis veces, en operaciones fraudulentas que terminaron en la Justicia. En ese contexto, las 87 viviendas —que ya estaban en avanzado estado de construcción— fueron usurpadas por familias que, habían pagado por esos lotes de buena fe. El tiempo, y la falta de resolución política, consolidaron la ocupación. Años más tarde, el propio gobierno provincial reconoció esa situación otorgando tenencias precarias, y tras el sobreseimiento judicial de los ocupantes, ahora pretende cobrarles el valor de las viviendas, tropezando con su propia impericia.
El verdadero valor de las viviendas de House Vial sigue siendo un misterio, IPPV primero pretendió $ 50 millones por unidad, para luego “corregir” la cifra a $ 30 millones y por último propuso una “super oferta”, solo $ 20 millones, sin brindar fundamentos técnicos ni documentos claros.
Aún suponiendo que éste último sea él valor real de la construcción, una devolución en cuotas ajustables por índice de costos de la construcción, estimada en unos $ 55.000 mensuales a 30 años, sería razonable y accesible a para muchas familias trabajadoras.
Claridad, equidad y reglas parejas
Lo que los adjudicatarios reclaman no es un regalo, sino claridad, equidad y reglas parejas: no se puede exigirles el 100% del costo cuando a pocos metros, el plan “73 viviendas”, el gobierno fijo una devolución simbólica. El mismo gobernador en el año 2014 lo fijó en $1.821 mensuales fijos durante 30 años. Un total de $655.000 por vivienda, lo que representa apenas el 3% del valor real. ¿Subsidio habitacional? No. Clientelismo con disfraz social.
Nos olvidamos de que hay un tercer actor en esta historia —y el más importante—: los ciudadanos que con nuestros impuestos financiamos al IPPV y al sistema de vivienda social. Lo que vemos es una disputa entre una administración pésima y un grupo de adjudicatarios que busca sacar provecho, mientras el contribuyente asiste como espectador de lujo… siendo en realidad el verdadero estafado.
Dos viviendas, dos criterios, un mismo Estado
Este contraste revela el grado de arbitrariedad que se ha naturalizado en el manejo de los fondos públicos. El gobernador puede decidir regalar una vivienda o cobrarla completa, sin explicación técnica ni marco jurídico consistente. El resultado: se destruye la confianza, la equidad, el recupero y hasta el propio sistema.
La hipocresía del federalismo
Los mismos gobernadores que hoy reclaman manejar la recaudación del ICL para “obras de infraestructura vial”, como si fuera una bandera del federalismo, son los que han demostrado con hechos que no están en condiciones de administrar con transparencia ni los recursos destinados a las viviendas sociales.
El ICL financia el FONAVI. El FONAVI financia al IPPV. Y el IPPV, bajo presión política, termina entregando viviendas a valores simbólicos, destruyendo la capacidad de inversión futura. ¿Esa es la gestión autónoma que pretenden extender?
El federalismo no se declama. Se ejerce.
Y se ejerce con responsabilidad, rendición de cuentas y administración eficiente.
Lo que vemos en Río Negro es exactamente lo contrario: un festival de discrecionalidad, donde la política partidaria se impone sobre los principios del bien común.
El problema no es solo el monto simbólico. Es el modelo perverso: usar el dinero de todos para otorgar beneficios extraordinarios a unos pocos, elegidos por criterios que no son ni sociales, ni técnicos, ni transparentes.
¿Por qué se subsidió el 97% de una vivienda a un grupo, mientras se cobra el 100% a otro?
¿Quién rinde cuentas de esa pérdida millonaria de recursos aportados por la ciudadanía?
¿Cómo se sostiene el sistema si no se recuperan ni siquiera los costos básicos?
Los adjudicatarios de House Vial no reclaman un regalo. Reclaman equidad.
Y nosotros, como sociedad, debemos reclamar algo más: que el Estado deje de usar los recursos del pueblo como herramienta de manipulación electoral.
La vivienda social es una inversión, no un botín
Si el sistema de vivienda está quebrado, no es por falta de fondos. Es por mala administración. Por decisiones políticas cortoplacistas. Por gobernadores que creen que el federalismo les otorga un cheque en blanco.
Lo de House Vial es apenas un ejemplo. Un síntoma de una enfermedad mucho más profunda: la destrucción de la institucionalidad en nombre de la sensibilidad social.
¿Hasta cuándo vamos a permanecer en esta tibieza cómoda? Nos va la vida. Nos siguen estafando ¿y seguimos impávidos?
(*) Contador público – General Roca
