Una empleada del Ipross en Viedma fue apartada provisoriamente de su cargo por presuntas irregularidades en los procesos de reintegro a los afiliados. La decisión, que se tomó a partir de una auditoría interna, derivó en una denuncia penal y en el inicio de una investigación preliminar por parte del Ministerio Público.
El mecanismo
La presunta maniobra habría sido realizada por la encargada del área de reintegros de la obra social provincial. De acuerdo con lo precisado por el organismo, la mujer habría efectuado reiteradas cargas de devoluciones por prestaciones cuyos fondos tenían por destino una cuenta bancaria diferente de la declarada por el beneficiario.
La situación fue detectada a partir de controles posteriores realizados por Contaduría, que supervisa las operaciones mediante un entrecruzamiento de datos sobre las entre 2.000 y 3.000 solicitudes de reintegro que recibe el Ipross en promedio cada mes.
“Se carga la documentación, se hace un control interno, luego se gestionan los lotes de pago y se manda a Tesorería para efectivizarlos. Los reintegros se vienen efectuando mes a mes y, luego de eso, se hace un control cruzado a través de la Contaduría. Ahí se advirtió que se efectuaron reintegros reiterados a cuentas bancarias que no eran coincidentes con la del titular”, explicó el subsecretario de Legales del Gobierno de Río Negro, Guillermo Ceballos.
A partir de la detección, el Ipross inició un sumario interno y dispuso, de manera preventiva, el apartamiento de la persona involucrada.
En paralelo, el organismo presentó una denuncia penal y puso a disposición de la Justicia todos los instrumentos utilizados por la empleada, así como los accesos a los sistemas mediante los cuales se gestionan las devoluciones.
El avance de la investigación
De acuerdo con la información aportada por el Ministerio Público a Literal, la denuncia se formalizó a mediados de mes y la mujer ya fue notificada del inicio de una investigación preliminar penal en su contra. En simultáneo, se procedió al secuestro de su teléfono celular y una computadora.
En tanto, este miércoles se realizó un procedimiento destinado a incorporar nuevos elementos que podrían resultar de interés para la causa.
La fiscal Paula de Luque, a cargo de la investigación, dispuso la realización de pericias sobre los dispositivos electrónicos secuestrados y el análisis de la documentación vinculada al caso. Este proceso será clave para determinar los pasos a seguir y una eventual formulación de cargos.
Hasta el momento, el Ipross evitó brindar precisiones sobre el monto de la presunta maniobra, debido a que la investigación continúa en curso. Desde el organismo remarcaron que será la Justicia la encargada de establecer el alcance de los hechos y las eventuales responsabilidades que pudieran corresponder.
En foco en los controles
Más allá del avance de la presentación penal, desde la Provincia remarcaron que el caso fue detectado a partir de los propios mecanismos de control del organismo. Según explicaron, los reintegros son sometidos a controles periódicos que incluyen un entrecruzamiento de datos sobre las operaciones realizadas cada mes.
En ese sentido, desde el Gobierno procuraron llevar tranquilidad a los usuarios y remarcaron que los mecanismos de fiscalización continuarán fortaleciéndose. “El Ipross continuará profundizando las tareas de auditoría, control y ordenamiento de sus procesos internos, con el objetivo de garantizar la transparencia y el uso responsable de los recursos destinados a la cobertura de sus afiliados”, señalaron.
Para dimensionar el volumen de recursos involucrados, durante el primer trimestre del año el Ipross pagó más de $231 millones para cubrir las 2.663 prestaciones registradas durante ese período.
