Francisco Galeano en su nota enumera una serie de propuestas para financiar el aumento a los jubilados que fue aprobado en el Senado, y acusa al gobierno nacional de no acompañar la medida por “cinismo” o “falta de sensibilidad social”. Pero su planteo, como el de todos los «sensibles» que ensayan supersticiones del mismo calibre, omite una verdad esencial: la mayoría de sus propuestas dependen del Poder Legislativo, no del Ejecutivo. Si quienes impulsaron la ley realmente querían mejorar los haberes sin agravar el déficit, deberían haber incluido también el financiamiento en la misma iniciativa.
La Constitución es clara: el Congreso fija los tributos y aprueba el Presupuesto, la Ley de Leyes, que en el caso del año en curso fue elevado en junio de 2024 que fue rechazado sin siquiera haber sido estudiado. El Poder Ejecutivo puede vetar, observar o proponer medidas, pero no puede imponer por decreto que los jueces paguen Ganancias, ni eliminar regímenes especiales, ni reasignar partidas ya aprobadas por ley.
Entonces, si en serio se quiere eliminar privilegios fiscales o recortar organismos como la AFI, ¿por qué no presentaron un proyecto de ley conjunto? ¿Por qué nunca acompañan los aumentos con un plan de financiamiento responsable? La respuesta es simple: porque es más rentable políticamente prometer que pagar.
Las jubilaciones y los legisladores
Galeano y otros «sensibles variopintos» proponen financiar el aumento a los jubilados eliminando exenciones al Poder Judicial, recortando partidas de inteligencia, suprimiendo regímenes jubilatorios especiales y reasignando fondos del presupuesto. Pero todas esas medidas, además de ser insuficientes en términos fiscales, requieren leyes del Congreso. Es decir, no dependen del Poder Ejecutivo, sino de los mismos legisladores que aprobaron la suba sin prever cómo sostenerla.
Eliminar exenciones a jueces y recortar inteligencia no cubre ni el 3 % del costo del aumento, y “eliminar privilegios” suena bien hasta que se advierte que el grueso de esos regímenes especiales corresponde a docentes y policías retirados. En definitiva, se trata de propuestas simbólicas o estructurales que no ofrecen solución inmediata ni realista. Solo relato.
Sí es cierto que el gobierno de Milei ha recortado fuertemente el gasto y también el previsional. Pero omitir que se venía de un sistema previsional quebrado, insostenible y plagado de inequidades es, al menos, incompleto por no decir cínico e ideológicamente cuestionable. El gasto en jubilaciones en 2023 superó el 7,5 % del PBI, con un déficit fiscal consolidado de más del 6 % del PBI. El Estado gastaba mucho, mal y sin control. Más del 65 % de los beneficios previsionales no eran ni lo son contributivos plenos. El sistema había dejado de ser un seguro social para convertirse en un mecanismo clientelar de transferencias masivas sin contraprestación contributiva.
El saqueo de las AFJP: la madre del despojo previsional
Antes de hablar del «ajuste» y de “insensibilidad”, hablemos del verdadero robo: la nacionalización de las AFJP en 2008 fue el desfalco más descomunal a los jubilados y aportantes en la historia argentina. Bajo el relato de que las AFJP «administraban mal», al que Galeano parece acompañar, el Estado se apropió de 30.000 millones de dólares de propiedad privada, sin el consentimiento de los verdaderos dueños: los trabajadores.
Es falso que las AFJP operaban con irresponsabilidad. El Estado las obligaba a invertir en títulos públicos con rendimientos impagables para solventar el crecimiento incesante de sus gastos luego del despilfarro. Luego, para no asumir sus compromisos, el mismo gobierno decidió nacionalizarlas. Y lo hizo sin plebiscito, sin consulta popular y con una oferta de canje vergonzosa: una quita del 75 % en los bonos que las AFJP no podían rechazar.
El propio informe de la Auditoría General de la Nación confirmó qué de los 30.000 millones, sólo se “recuperaron” unos 7.000 millones en bonos del Tesoro, muchos de ellos ilíquidos y en default técnico. El resto fue lisa y llanamente confiscado. Eso no fue justicia social. Fue saqueo estatal con fines políticos.
Alternativa irrelevante
Estos «hombres sensibles» plantean como alternativa “evitar que el ajuste a jubilados no afecte el déficit fiscal recortando 30 millones en inteligencia”. Una propuesta simbólica, pero técnicamente irrelevante. El déficit mensual del sistema previsional ronda los 700.000 millones de pesos, y el costo de la recomposición superaría los 3 billones anuales.
Y lo más grave: mientras se discute cómo sostener el sistema previsional nacional, la provincia de Río Negro lo desfinancia deliberadamente.
El gobierno rionegrino aporta sumas no remunerativas que no generan aportes ni contribuciones, y según estimaciones razonables, desvía más de 9.000 millones de pesos mensuales que deberían ingresar a ANSES.
Esto no es solo irresponsabilidad: es una conducta delictiva que hipoteca el futuro previsional de miles de trabajadores y distorsiona los números fiscales reales. Una conducta que en un país normal conllevaría a un juicio político y destitución por incumplimiento de deberes de funcionario público, acá lo permitimos y permitimos que quien delinque contra nosotros mismos nos siga gobernado. Claro, el insensible es Milei.
Tienen razón «los misericordiosos del Parlamento» en preocuparse por los jubilados. Pero no es con más gasto insostenible que se los va a salvar. La verdadera defensa del sistema previsional exige transparencia, equilibrio fiscal y una reforma profunda que impida futuros saqueos como el de las AFJP, y también una condena clara al desfinanciamiento sistemático perpetrado por la provincia Río Negro, única en el país en cometer este delito. Lo demás es relato, solo relato, y de eso ya estamos cansados.
(*) Contador público – Roca.
