La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme este jueves la medida cautelar que ordena al Gobierno nacional aplicar dos artículos de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso en agosto de 2025.
La decisión del máximo tribunal mantiene vigente la orden judicial que obliga al Ejecutivo a cumplir con la actualización presupuestaria prevista en la norma mientras continúa el trámite de la causa principal, en la que se resolverá la validez del decreto 759/25 y el alcance de la ley.
Qué resolvió la Corte
La resolución, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó el recurso extraordinario presentado por el Gobierno nacional contra la medida cautelar que suspendió los efectos del decreto 759/25 sobre el financiamiento universitario.
Además, el tribunal desestimó un pedido de excusación planteado por el Estado, al considerar que esa cuestión ya había sido resuelta previamente.
En su fallo, la Corte sostuvo que las decisiones que conceden, rechazan o modifican medidas cautelares no constituyen una sentencia definitiva y, por lo tanto, no pueden ser revisadas mediante un recurso extraordinario. También aclaró que la existencia de cuestiones de naturaleza federal no modifica ese criterio.
De esta manera, la cautelar dictada a favor del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otros demandantes continuará vigente mientras la Justicia analiza el fondo del conflicto.
Qué establece la Ley de Financiamiento Universitario
La Ley de Financiamiento Universitario, publicada en el Boletín Oficial el 21 de agosto de 2025, establece una actualización del presupuesto universitario tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2024.
Además, el artículo 4 dispone que el Poder Ejecutivo debe actualizar los fondos destinados a las universidades nacionales, de manera bimestral, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, también de acuerdo con la evolución del IPC.
Durante la cuarta Marcha Federal Universitaria, realizada en mayo, la vicerrectora de la Universidad Nacional de Río Negro, Andrea Tapia, cuestionó el incumplimiento de la norma.
“Tenemos una Ley de Financiamiento Universitario, una ley que fue votada, que fue vetada, que fue re votada, que fue presentada a la Justicia, y la Justicia por dos veces dijo que se aplique, y tenemos un Poder Ejecutivo que no está aplicando la ley”, afirmó.
El acuerdo previo en paritaria
El fallo de la Corte se conoce pocas semanas después del acuerdo alcanzado entre el Gobierno nacional y representantes del sistema universitario.
A comienzos de junio, el Ejecutivo anunció un incremento salarial para docentes y no docentes, una actualización de los gastos de funcionamiento y una partida extraordinaria para hospitales universitarios.

Según informó el Ministerio de Capital Humano, la masa salarial tendrá un aumento del 24,33%, distribuido en un 21,33% en junio y un 3% adicional en octubre.
Además, los gastos de funcionamiento recibirán una actualización del 20% desde junio y se destinarán 50.000 millones de pesos adicionales para los hospitales universitarios durante 2026.
Aunque el fallo deja firme la medida cautelar, en lo inmediato no modifica los aumentos ya acordados entre el Gobierno y las universidades. No obstante, ratifica la vigencia de la orden judicial que obliga al Ejecutivo a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario mientras continúa el proceso en el que se resolverá el fondo del conflicto.

