Tuvo mérito el Gobierno rionegrino cuando decidió poner coto a las distorsiones en los regímenes de licencias dentro del Estado.
En febrero pasado se informó que, a menos de cinco meses de poner en marcha el sistema de auditorías, el ahorro para las cuentas públicas había sido de 20.000 millones de pesos.
Una decisión política y administrativa con un mágico efecto sobre la salud de miles de estatales, que dejaron de enfermarse en forma recurrente o necesitaron de períodos más breves para recuperarse de sus dolencias.
Weretilneck y el caso de la “falsa médica”
Ahora bien, esa chapa de duro custodio de los intereses de los rionegrinos no puede presentarse todo el tiempo y ante cualquier oportunidad, porque el riesgo de pisar en falso es elevado.
“La detención de la falsa médica que ejercía ilegalmente en General Roca demuestra algo muy claro: cuando detectamos un delito, el Estado actúa”, dijo el gobernador, Alberto Weretilneck el miércoles. Fue pocas horas después de la privación de la libertad para la mujer denunciada penalmente por el Ministerio de Salud, luego de trabajar seis años en instituciones públicas y privadas del Alto Valle.
El solo dato del ingreso de esa mujer al sistema sanitario impone cautela antes de exaltar el perfil más rígido de la gestión.
Agosto del 2020. Casi seis años. Y además, no aplica para este caso el “cuando detectamos”, porque -tal como describió la asesora legal del Ministerio de Salud- la primera señal de alarma se activó en el sector privado, concretamente en la Clínica Roca.
Si una médica de esa institución no advertía que la mujer con intenciones de ingresar al servicio de Terapia Intensiva era inconsistente con las respuestas que ofrecía, probablemente el derrotero de la ahora acusada se hubiese extendido sin sobresaltos.
Las semejanzas con la estafa al Ipross
La reacción –con rasgos de exageración- tiene semejanzas con lo ocurrido en 2019, cuando también por acción del sector privado se reveló la millonaria estafa al Ipross. En esas primeras semanas de zozobra, con la Justicia empezando a indagar sobre la compleja red de complicidades que provocaron una enorme defraudación a la obra social del Estado, hubo un denodado el esfuerzo gubernamental para presentar al Ipross como víctima. Ese objetivo se alcanzó: la Fiscalía de Estado se convirtió en querellante y desde entonces quedó sepultada la posibilidad de determinar si alguien con la misión de controlar no cumplió efectivamente con sus obligaciones.
Será interesante conocer qué explicaciones presentará la Coordinación de Fiscalización Sanitaria sobre la matrícula conseguida por la “falsa médica”. Orientar todas las justificaciones hacia la pandemia y sus limitaciones para el contacto físico con los empleados incorporados al sistema sería una débil argumentación. La “normalidad” se recuperó en 2022 y desde entonces nadie parece haberse preocupado por revisar a fondo la documentación presentada por los contratados en esa etapa caótica de la vida rionegrina, argentina y mundial.
Las armas de la Ciudad Judicial
No puede dudarse sobre la magnitud del caso y sobre la cantidad de preguntas que todavía no tienen respuestas. Sin embargo, otro sería el impacto en la agenda pública si la “falsa médica” no compartiera marquesina con otro enorme ejemplo sobre las fallas en los controles internos del Estado rionegrino.
El faltante de armas descubierto en la Ciudad Judicial de Roca tomó hacia el final de la semana la dimensión de iceberg que pronosticaban los primeros que se animaron a hablar públicamente sobre los hechos.
El secuestro en un allanamiento de una pistola que en realidad debía estar bajo custodia en los tribunales provinciales llevó rápidamente a confirmar que más de 100 armas cruzaron ilegalmente las puertas de uno de los edificios con más medidas de seguridad de la provincia.
Una fiscalía bajo la lupa
Y si faltaba algún motivo para alarmarse, a mitad de semana se constató que cinco de esos revólveres no salieron desde el subsuelo, donde deberían estar todos los elementos secuestrados, sino de una fiscalía. Sí, a uno de los organismos encargados de impulsar la acción penal, de investigar delitos, de acusar y de pedir condenas, le robaron en sus narices.
Sería audacia si sólo se tratase de esas cinco armas. Pero la conexión con las otras 100 es lo que impacta, por el nivel de organización demostrado.
Dependerá de la efectividad de la investigación desplegada por la Fiscalía General que a la audacia y a la organización no se le sume la impunidad como característica central de la historia.
Natalia García, secretaria de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, sobre la denuncia penal por el caso de Roca
El mensaje del gobernador, el miércoles, luego de la detención.
