Desde el gremio Asspur denunciaron una persecución sindical por parte del gobierno de Río Negro, luego de que les retiraran las licencias gremiales a la secretaria general, Cesira Mullally, y a la secretaria gremial, Marisa Albano. El caso, que se da en medio de un vínculo tenso con el Ejecutivo, llegó a oídos del gobernador Alberto Weretilneck, quien desmintió ante la prensa esas acusaciones.
La denuncia
“El gobierno nos ataca”, señalaron en un comunicado reciente, en el que denunciaron la quita de las licencias y, además, el inicio de un sumario interno contra Albano.
En diálogo con Literal, Mullally explicó que el conflicto se comenzó hace varias semanas, a partir del vencimiento, el pasado 31 de diciembre, de los permisos otorgados a las dirigentes. Desde entonces, iniciaron el proceso para solicitar su renovación; sin embargo, en los últimos días el Ministerio de Salud confirmó que no se las otorgaría.
“La gestionamos el año pasado, nos la otorgaron y el 31 de diciembre se vencía. Nosotros empezamos a pedir que se prolongaran por el mandato vigente, que es hasta el 31 de diciembre de 2027”, comentó la dirigente de San Antonio Oeste, quien precisó que la concesión anterior se había efectuado mediante resolución administrativa.
En paralelo, y a la espera de una respuesta, Mullally y Albano recurrieron al uso de las denominadas ‘franquicias gremiales’, previstas en la Ley de Asociaciones Sindicales Nº 23.551. Este mecanismo permite a los representantes sindicales ausentarse de sus tareas o reducir su jornada para cumplir funciones gremiales, manteniendo el derecho a la estabilidad y, en ciertos casos, el goce de haberes.
“Nosotros lo que hicimos con Marisa fue hacer uso de las franquicias gremiales hasta tanto se resuelva la situación. Nuestro mandato está vigente y la certificación de autoridades expedida por la Secretaría de Trabajo de la Nación está presentada. Es decir, que nos corresponde hacer uso de ese derecho”, argumentó la secretaria general.
Los argumentos
Pese a la insistencia de las dirigentes sindicales, Salud resolvió en las últimas semanas no renovar el reconocimiento de las licencias, señalando que el gremio carece de registro formal en la provincia. “El argumento que nos brindaron es falaz y aberrante porque dicen que Asspur no cuenta con personería gremial en Río Negro. En la provincia ningún sindicato tiene personería ni inscripción provincial, porque el registro sindical se lleva adelante ante la Secretaría de Trabajo de la Nación. Además, la Ley 23.551, si bien otorga la tutela sindical, la Constitución habla del ejercicio sindical y la tutela con la simple inscripción en un registro. Hay convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo ratificados en Argentina y fallos de la Corte al respecto”, sostuvo Mullally sobre la respuesta oficial.
Asimismo, la profesional de salud puso en duda la consistencia de esas explicaciones, dado que el año pasado sí se habían emitido las licencias. “Uno entiende que si el año pasado la misma gestión nos otorga la licencia gremial y este año nos dice que no, es una decisión política”, remarcó.
El punto más delicado para Asspur es el inicio de un sumario contra Marisa Albano, a quien se le atribuyen inasistencias injustificadas. En ese sentido, desde el sindicato reclaman el cierre de la instrucción sumarial contra la secretaria gremial, mientras avanzan por la vía administrativa y judicial para lograr la restitución de las licencias sindicales.
Asspur denuncia un ataque al conjunto de los gremios
De acuerdo con lo expuesto por Asspur, estas decisiones del Gobierno rionegrino no responden a un hecho puntual contra profesionales de la salud, sino a una estrategia dirigida al conjunto de la representación gremial en la provincia. “No es un ataque personal a Marisa Albano, sino a la organización sindical; y no solamente a Asspur, sino al conjunto del movimiento gremial. Si uno mira el panorama general, entiende que esto está en consonancia con las políticas del gobierno nacional. Hay una serie de definiciones del Gobierno de Río Negro y una decisión de Weretilneck de avanzar contra quienes le plantean oposición”, expresó.
En concreto, la denuncia de la conducción de Asspur se da en un contexto de fuerte tensión con las autoridades provinciales ante la falta de instancias paritarias. Desde hace varios meses, la denominada “mesa de Salud” no se reúne para abordar las problemáticas específicas del sistema sanitario.
“Incumplieron absolutamente todos los compromisos asumidos tanto en la mesa de salud como respecto a la fecha tentativa para un nuevo llamado. El propio gobernador, desde El Bolsón, dijo que, una vez superada esta última instancia paritaria, convocaría a la mesa. Sin embargo, eso nunca sucedió. No hay una voluntad política real de convocarla, ni siquiera para tratar cuestiones que no son salariales. El funcionamiento de los hospitales hoy es crítico”, afirmó.
Weretilneck negó las acusaciones
Consultado por la prensa durante una visita a Dina Huapi, Weretilneck negó las declaraciones del sindicato. Por un lado, descartó el quite de la licencia en el caso de Mullally y afirmó que a la profesional de enfermería se le autorizó ese beneficio el año pasado y que se encuentra vigente hasta junio.
En el caso de Albano, el mandatario precisó que nunca contó con ese beneficio y que permanece ausente del hospital de Viedma desde el 1 de enero. “Tiene un sumario por no ir a trabajar, como cualquier empleado que tiene faltas injustificadas”, sostuvo en declaraciones al diario Río Negro.
