“Maquiavelo ha muerto”. La frase puede abrir múltiples interpretaciones. A mí, al menos, me llevó a reflexionar sobre el agotamiento de una forma de hacer política que durante siglos se sostuvo sobre una premisa tácita: el poder podía ejercerse desde la falta de transparencia, justificarse con discurso y administrarse a espaldas del ciudadano. Ese mundo ya no existe.
Decir que Nicolás Maquiavelo ha muerto no es una provocación intelectual ni una consigna de ocasión. Es, simplemente, la constatación de que una forma de hacer política, basada en la astucia permanente, el secreto y la manipulación del discurso y del ciudadano, ha perdido eficacia en una sociedad donde la información circula en tiempo real, los costos se hacen visibles y la paciencia social se ha agotado.
La llamada vieja política no está en crisis por inmoral. Está en crisis por ineficiente.
La vieja política y su error de cálculo y de época
Durante décadas, la política tradicional se apoyó en una ventaja que hoy ya no existe: la idea de que el ciudadano no entendía, no miraba, no recordaba o todo lo absorbía. Hoy ocurre exactamente lo contrario.
El ciudadano se ha dado cuenta de que es asfixiado por el Estado. Quiere saber cuánto paga, percibe con claridad lo poco que recibe y observa instituciones que funcionan con notable precisión cuando se trata del poder, pero con evidente torpeza cuando deben responder a quienes las financian.
La política continuó hablando de derechos, pero evitó sistemáticamente hablar de costos, responsabilidades y resultados. Ese desfasaje, entre lo que se promete y lo que efectivamente se cumple, explica buena parte del descreimiento actual.
Institucionalidad: la palabra más usada en campaña y menos cumplida
Durante años se confundió institucionalidad con cargos, formalidades y discursos solemnes. Sin embargo, una institución no es un edificio ni una ley escrita.
Una institución es, ante todo, una regla que limita al poder, ordena el uso de los recursos, protege al ciudadano y garantiza una prestación concreta. Cuando esa función no se cumple, la institución no desaparece, pero se vacía de sentido.
Digo esto con el dolor de haberme formado y haber pertenecido a una de esas instituciones, creadas para garantizar legalidad y equidad, y que hoy aparecen profundamente desprestigiadas. No por ausencia de normas, sino por la distancia creciente entre su misión declarada y su desempeño real.
Instituciones que exhiben una eficacia implacable cuando un ciudadano o una empresa privada se atrasan en una obligación, pero que se vuelven inexplicablemente inertes cuando las irregularidades provienen del propio Estado, aun cuando han sido formalmente denunciadas.
La gran ruptura: impuestos sin servicios
Este es el quiebre más profundo y no es ideológico. Es práctico, es real y es visible.
El ciudadano argentino no se volvió escéptico por discursos extremos, sino porque vive una contradicción cotidiana: paga impuestos comparables a los de países desarrollados y recibe servicios propios de Estados desorganizados.
Salud, educación, seguridad, justicia e infraestructura dejaron de ser prestaciones previsibles para convertirse en promesas permanentes. Con el tiempo, esa anomalía fue naturalizada por la política, pero no por quienes la padecen todos los días.
Pero terminar con la vieja política no alcanza si no se desarman, de manera explícita y definitiva, prácticas que esa misma política dejó instaladas dentro del Estado. Prácticas conocidas, toleradas y, en muchos casos, formalmente denunciadas, que siguen afectando derechos y aportes de los ciudadanos que cumplen.
No hacerlo no es neutralidad ni prudencia institucional. Es permitir que una estafa silenciosa continúe operando bajo nuevos discursos. Y cuando el Estado exige al contribuyente una conducta ejemplar, pero se permite a sí mismo incumplir la ley que debe hacer cumplir, la ruptura de confianza es inevitable.
La política que viene: menos relato, más devolución
La política que viene no se define por etiquetas ideológicas, sino por una pregunta sencilla y concreta:
¿Qué le devuelve el Estado al ciudadano por cada peso que le cobra?
La transformación que la sociedad reclama no vendrá de liderazgos personales ni de discursos grandilocuentes, sino de instituciones que vuelvan a cumplir su función esencial: limitar al poder, administrar con responsabilidad y devolver servicios concretos al ciudadano que las financia.
Si Maquiavelo realmente ha muerto, entonces no puede seguir vigente la lógica de la doble vara, ni siquiera y sobre todo, dentro de un proyecto que se propone terminar con la vieja política.
(*) Contador Público – Ex AFIP – Ex Dirección de Rentas de Río Negro – Ex Presidente de la Comisión Arbitral (COMARB) – Especialista en Tributación.
