Un grupo de integrantes del Consejo Superior del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) presentó una denuncia penal contra el rector normalizador de la institución, Gerardo Blanes, en el marco del conflicto institucional surgido tras la elección de autoridades realizada el pasado 30 de marzo.
La presentación judicial fue realizada este jueves ante la Justicia provincial de Río Negro y lleva la firma de los consejeros Ezequiel Epifanio, Vanesa Flores, Guillermina Berto, Nicolás Martínez, Yamila Cabezas Bosso, Cecilia Guaragna, Noelia Brevi y Mario Bravo, con patrocinio letrado del abogado Federico Diorio.
En el escrito, los denunciantes también solicitaron que los reconozcan como querellantes en la causa, al sostener que fueron afectados en su carácter de consejeros facultados para intervenir en la elección de rector.
La reunión del 30 de marzo fuera del IUPA
Según consta en la denuncia, los delitos principales a investigar derivan de los hechos ocurridos el 30 de marzo de 2026, cuando se realizó una sesión del Consejo Superior en el Hotel La Fundación de Roca, en la que participaron únicamente consejeros identificados por los denunciantes como “oficialistas”.
De acuerdo al relato presentado ante la Fiscalía, en esa reunión se habría procedido a la elección de Blanes como rector del IUPA y se confeccionó un acta a las 9:43 horas.
Sin embargo, el escrito sostiene que posteriormente el representante legal del IUPA, Silvio Garrido, informó que la sesión quedaría sin efecto y propuso destruir el acta confeccionada, situación que —afirman— quedó registrada en videos incorporados como evidencia.
La denuncia agrega que ese mismo día, más tarde, se confeccionó una segunda acta, fechada a las 12:48 horas, mediante la cual se habrían dejado sin efecto la deliberación, las decisiones adoptadas y el acta inicial de la reunión.
Los hechos denunciados
En la presentación judicial se describen tres hechos principales atribuidos a Blanes.
El primero refiere a la presunta asunción ilegítima del cargo de rector mediante la Ordenanza 001/2026 y la Resolución 705/2026 del IUPA. Los denunciantes sostienen que dichas actuaciones se fundamentaron en la primera acta de la reunión del Consejo Superior y omitieron la segunda acta que, según afirman, anuló aquella elección.
El segundo hecho apunta al ejercicio efectivo del cargo de rector desde el 30 de marzo hasta la actualidad. En ese punto, la denuncia menciona la firma de actos administrativos y una presentación realizada ante la Subsecretaría de Trabajo de Roca el 17 de abril de 2026, en la que Blanes habría actuado en representación del IUPA y formulado una propuesta salarial.
El tercer hecho denunciado se vincula con una presunta falsificación documental. Según los denunciantes, luego de la destrucción del acta original se habría confeccionado una nueva acta del Consejo Superior que posteriormente se utilizó para respaldar la designación de Blanes como rector.
Los delitos mencionados
La denuncia encuadra los hechos en distintos artículos del Código Penal. Por un lado, se menciona el delito de usurpación de cargo público y ejercicio de función pública sin nombramiento expedido por autoridad competente, previstos en el artículo 246 inciso 1 del Código Penal.
Por otro lado, la presentación incluye los delitos de falsificación de documento público y uso de documento falso, previstos en los artículos 292 y 296 del Código Penal.
Los denunciantes solicitaron además que la Justicia avance con medidas de investigación y evalúe la producción de distintas diligencias vinculadas a la documentación y registros audiovisuales acompañados.
La documentación aportada
Entre las pruebas incorporadas a la presentación judicial se mencionan dos actas del Consejo Superior correspondientes al 30 de marzo, videos sobre la destrucción del acta inicial, documentación institucional y una serie de entrevistas difundidas a través de plataformas digitales.
También se adjuntó la Ordenanza 001/2026 del IUPA, la Resolución 705/2026 y una presentación realizada ante la Secretaría de Trabajo de Río Negro.
