La nueva Ley de Fauna lleva tres meses en vigencia, desde su aprobación en la Legislatura de Río Negro a comienzos de julio. La normativa introduce un cambio de paradigma respecto del enfoque “conservacionista” de la legislación anterior —sancionada a mediados de los años ’80—, al incorporar la noción de una “gestión integral” que busca articular una convivencia armónica entre la protección de las especies animales y el desarrollo de las actividades económicas.
Literal conversó con el ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, sobre la implementación de la ley, los principales cambios que introduce, el rol de los agentes encargados de garantizar su cumplimiento y las críticas de los sectores ambientalistas.
Qué cambió
La Ley 5.796 creó el Régimen Provincial de Gestión Integral de la Fauna Silvestre, que reemplazó la noción meramente proteccionista por una de “aprovechamiento estratégico” del recurso. En ese sentido, incorporó la idea de un uso sustentable con fines económicos, productivos, turísticos y culturales, además de la conservación.
En lo que respecta a la actividad cinegética —un concepto más amplio que la tradicional caza—, la ley permite avanzar con el manejo de “especies aptas para aprovechamiento sustentable”. Esto abre la posibilidad de autorizar cacerías controladas de poblaciones consideradas invasoras o cuyo número exceda la capacidad de una región.
Quizás el cambio más significativo radica en la descentralización del control. La ley de 1985 había creado un cuerpo de Guardafaunas, agentes que al principio trabajaban de forma honoraria y que con el tiempo fueron incorporados a la administración pública. La nueva normativa trasladó esas tareas de fiscalización y control a otros actores, como efectivos de las brigadas rurales de la Policía o prestadores veterinarios habilitados.
De esta forma, los ya reducidos guardafaunas quedaron relegados a un rol de capacitación y asesoramiento a las nuevas autoridades que intervendrán en casos de abigeato (robo o hurto de ganado) o de captura de especies protegidas, entre otros.
El enfoque por región
El ministro Banacloy sostuvo que la nueva política permite desarrollar estrategias de manejo de la fauna silvestre de manera sectorizada, con planes adaptados a las condiciones de los ecosistemas productivos, donde “tiene que haber y coexistir una convivencia armoniosa” con los animales.
“La ley de hace 45 años había establecido una política ambientalista uniforme para todo el territorio provincial, imponiendo al conservacionismo como única condición sine qua non. Lo que pretendíamos ahora es un manejo más específico por región, por zona, teniendo en cuenta las generalidades y particularidades de cada área, pero siempre pensando en una convivencia. Pensemos en las zonas de los valles, donde hoy tenemos que convivir con la cotorra, que es una plaga: debemos apuntar a un manejo y una conservación totalmente distinta a lo que puede ser Caleta de los Loros, en la zona Atlántica”, explicó.
En ese sentido, Banacloy destacó que la nueva norma permite implementar acciones de planificación, ejecución y fiscalización para minimizar los perjuicios o daños que ciertas especies pueden generar sobre las actividades productivas. Además, la normativa habilita —por ejemplo— la caza controlada con fines de aprovechamiento para las comunidades locales.
“Buscamos un dato específico de la fauna según el lugar, la geografía y la intensidad productiva. Antes ocurría lo contrario: por ejemplo, la caza del guanaco estaba prohibida en todo el territorio provincial. Un poblador de Laguna Blanca o Chipauquil, zonas totalmente aisladas y con sobrepoblación de animales, no podía ni siquiera comprar un guanaco. Es decir, no tenía acceso a una fuente local de proteína porque estaba prohibido por ley. Hoy podemos hacerlo de forma controlada: el guanaco representa un enorme potencial de aprovechamiento, ya que su población supera a la ganadería ovina y, en muchos casos, empieza a haber mortandad por falta de alimento”, señaló.
Las voces disidentes
La Ley 5.796 fue aprobada con una amplia mayoría: 40 votos positivos, 5 negativos y una abstención. Sin embargo, el tratamiento exprés y el respaldo de los bloques no impidieron que surgieran voces críticas.
Una de las más firmes fue la de Magdalena Odarda (Vamos con Todos), quien incluso en debates posteriores sostuvo que la nueva normativa contiene expresiones de protección animal que “recaen en abstracto”. “Consideramos que esta ley, aunque habla de sostenibilidad, bienestar animal y erradicación del trato cruel, en verdad es un retroceso. Es menos protectora que la ley vigente de 1985, no por su antigüedad, sino por su enfoque”, señaló.
Y agregó: “La ley anterior es más protectora porque se centra en la utilización sostenible de la fauna silvestre entendida desde la protección en sí misma, no como un objeto de explotación económica. Ahí está la diferencia. Protegemos la fauna porque corresponde hacerlo, tal como lo establece la Constitución Nacional y los convenios internacionales”.
La contracara oficial
En respuesta, Banacloy cuestionó la postura de los sectores opositores: “Es lo mismo que si alguien pretendiera prohibir la extracción de hidrocarburos o de gas. La demanda de cientos de familias por servicios básicos —como gas, agua potable o movilidad— es condición necesaria para que lo otro suceda. Creo que el desequilibrio está en una mirada excesivamente ambientalista y en ciertos intereses personales”, expresó.
El funcionario provincial también respondió a las críticas de guardafaunas, que denunciaron un supuesto “desmantelamiento” del sector. “El grupo denominado Guardafaunas Honorarios está compuesto, en su mayoría, por empleados públicos. En su lógica, debería haber más personal dentro de esa estructura, pero creemos que no siempre es el mejor camino: a veces eso termina en una ‘motosierra’ sin control. Nosotros buscamos un punto medio. Necesitamos un Estado presente que controle y arbitre, pero sin sobredimensionar las estructuras. Si pensamos que necesitamos guardafaunas, guardapescas, guardaganados y guardabosques, el costo sería enorme. Por eso impulsamos un cambio a través de las brigadas rurales, contar con agentes capacitados, equipados y con capacidad de acción en 15 jurisdicciones de la provincia”, argumentó.
Los avances
La implementación de la flamante normativa ya arrancó. Como primer paso se concertaron capacitaciones en dos niveles: para policías rurales y para veterinarios.
En el caso de las brigadas, se impartieron instancias de formación tanto en ganadería como en fauna silvestre. Además, el Ministerio de Desarrollo Económico busca avanzar en la creación de una autoridad de aplicación que permita que, a partir de las multas y otros recursos generados por la actividad, los agentes puedan contar con un fondo propio para fortalecer su capacidad operativa.
“La autoridad de aplicación de casi todas estas áreas será la Brigada Rural, que además tiene la posibilidad de estar armada. Pensemos en esta situación: un guardafauna desarmado, joven, en una ruta provincial, encontrándose con cuatro o cinco cazadores armados, con perros y animales, o con una pieza proveniente de un campo. La vulnerabilidad de ese agente es total frente a un efectivo de seguridad que está facultado para detener a esa persona. Es una mirada más realista de lo que pasa en el territorio provincial. Río Negro tiene 205.000 kilómetros cuadrados, y con una estructura de apenas diez guardafaunas no se puede cubrir todo”, explicó Banacloy respecto al rol de la fuerza de seguridad en el control de especies.
Un red de prestadores
En paralelo, se acordó la creación de una especialización académica en fauna silvestre, que se desarrollará con el acompañamiento de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), a través de la Facultad de Ciencias Veterinarias. La propuesta busca brindar formación específica a médicos veterinarios interesados en el trabajo con especies autóctonas y exóticas, incorporando contenidos sobre el marco legal vigente. La capacitación, concebida desde la perspectiva del bienestar animal, apunta a profesionalizar la intervención en tareas de rescate y rehabilitación.
A comienzos de este mes, además, se realizaron reuniones con el Colegio Veterinario de Río Negro para avanzar en un convenio, que permitirá formalizar y organizar el esquema de prestaciones en todo el territorio. Este acuerdo establecería mecanismos de colaboración permanentes y serviría de marco para que los profesionales capacitados se integren directamente a la red provincial de atención de fauna silvestre.
“Tener un agente en cada localidad es prácticamente imposible. Por eso buscamos que haya personas especializadas, formadas, que sepan cómo actuar en determinados casos, pero que no dependan directamente de la Provincia. Así podremos utilizar la prestación de ese veterinario, pagando por su trabajo, sin necesidad de incorporarlo como empleado público”, añadió Banacloy.
¿Optimización o costos?
Desde la Provincia aseguran que la elaboración de la nueva ley respondió a la necesidad de eficientizar las tareas de control estatal, optimizando el recurso humano y la coordinación institucional. Al mismo tiempo, niegan que el objetivo haya sido una mera reducción de los costos fiscales.
“Creo que era necesaria una modernización de todas las áreas y la posibilidad de confluir en una brigada rural capacitada en distintos frentes, en lugar de mantener cientos de estructuras estancas, donde el guardafauna compartía jurisdicción con el guardapesca. Hasta ahora, cada una de las áreas funcionaba por separado y atendía su propio territorio. Todo eso ameritaba una revisión”, aseveró el ministro.
