Mientras un sector de los gremios estatales se prepara para la reanudación de las paritarias este jueves, la docencia rionegrina deberá esperar hasta el viernes, a las 11, para discutir la cuestión salarial.
La negociación con los representantes de Unter no se avizora calma. Un primer indicio quedó expuesto durante la convocatoria de enero, cuando los propios dirigentes del Consejo Directivo Central advirtieron que los paritarios de Educación pretendían dar por finalizada la instancia de diálogo en el menor tiempo posible. Sin embargo, la reunión terminó extendiéndose durante varias horas ante la serie de reclamos planteados por la nueva conducción gremial.
En ese contexto, el gobernador Alberto Weretilneck manifestó importantes diferencias que hacen prácticamente imposible arribar a un pacto entre las partes: “No creo que sea un tema de negociación como es habitual, sino más que nada un posicionamiento ideológico-político del gremio que no quiere tener ningún tipo de acuerdo con el gobierno de la provincia”, señaló en diálogo con Mañana de Noticias.
A ese escenario se sumó el resultado del último congreso extraordinario de Unter, donde se resolvió un paro para el próximo miércoles 18 de febrero, lo que implicará el no inicio de clases en las escuelas con Receso Invernal Extendido (RIE), una definición que difícilmente contribuya a descomprimir el clima de tensión.
El malestar llegó a un punto crítico esta semana, por la demora en un llamado formal al diálogo. La situación terminó de caldear los ánimos luego de que la seccional provincial de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) informara ayer su participación en la mesa paritaria convocada por la Secretaría de la Función Pública. “ATE Río Negro fue convocada por el Gobierno para reanudar la paritaria. ¿Y Unter?”, publicaron desde las redes sociales oficiales del gremio docente.
Pese a este panorama, desde Unter se mantienen expectantes frente a la oferta que pueda presentar la administración provincial. “Esperamos que el Gobierno pueda dar respuesta a cada una de las demandas que tenemos”, señaló la secretaria general Laura Ortiz, previo a la presentación, este martes, de una nota en la Secretaría de Trabajo de Viedma, en la que se exigió la citación a la mesa de negociación.
Qué exige Unter
El Congreso Extraordinario, que analizó la oferta realizada en enero por la Provincia, dejó en claro el mandato otorgado a los nuevos integrantes del Consejo Directivo: el rechazo a la propuesta de actualización salarial para el primer trimestre del año atada al índice de precios al consumidor (IPC) de Viedma y el reclamo de una recomposición salarial por las pérdidas acumuladas durante 2025.
En función de esos lineamientos, el gremio resolvió una retención de servicios por 24 horas para el 18 de febrero, que se sumará al paro nacional del miércoles 11, convocado en rechazo a la ley de reforma laboral impulsada por la administración de Javier Milei.
Asimismo, las 18 seccionales acordaron exigir una actualización del sueldo testigo (salario inicial), con el objetivo de elevarlo de $1.100.000 a $2.000.000 en el caso de Viedma y a $2.800.000 para Bariloche.
La negociación se desarrolla en un momento clave, marcado por el retorno de los trabajadores de la educación a las escuelas tras el receso de verano. En ese sentido, la conducción de Unter buscó llevar un mensaje de tranquilidad a la comunidad docente en el reinicio de la actividad laboral, al subrayar la importancia de la “lucha colectiva” en un escenario salarial complejo.
“Este inicio se da en un contexto difícil, atravesado por salarios que no alcanzan, paritarias insuficientes y un escenario de ajuste que impacta de lleno en las condiciones de trabajo y de vida de quienes sostenemos cotidianamente la escuela pública. No es un contexto más: es uno que nos exige claridad, organización y compromiso colectivo para defender nuestros derechos”, señalaron desde el sindicato en un reciente comunicado.
Qué pasa con los otros sindicatos
La paritaria de la Función Pública, en tanto, se vislumbra algo más tranquila, al menos en lo que respecta a la postura de ATE.
El sindicato conducido por Rodrigo Vicente, que valoró positivamente la reactivación de las actualizaciones salariales por IPC para el primer trimestre del año, planteó dos observaciones centrales de cara a la continuidad del diálogo. Por un lado, solicitó que se tome como referencia el IPC nacional o que se arribe a un promedio entre el índice de la comarca Viedma-Patagones —habitualmente más bajo— y el que mide el Indec. Por otro, pidió discutir una recomposición salarial en torno al 8% para compensar las pérdidas sufridas durante 2025.
“Mañana vamos con la expectativa de que haya respuestas”, sintetizaron desde el sindicato a Literal. Además, ATE expresó su intención de avanzar en consensos sobre otros ítems, como la Ayuda Escolar, Indumentaria y Asignaciones Familiares, así como también en procesos de recategorización y en la activación del pase a planta permanente.
De manera extraoficial, desde el gremio consideran que existiría voluntad del Gobierno de ofrecer una reparación por la pérdida del poder adquisitivo y de actualizar los salarios de los próximos meses bajo un esquema híbrido de IPC, que permita morigerar las desigualdades que genera el índice de Viedma en otras regiones de la provincia.
UPCN, más confrontativo
En contraste con la postura más dialoguista que exhibe ATE, UPCN adopta un perfil claramente más confrontativo frente a las ofertas de Provincia y anticipa un escenario de mayor tensión en la mesa paritaria. La conducción de la filial rionegrina convocó para este jueves a las 9 a la Comisión Directiva y a la Comisión Asesora, con el objetivo de analizar en profundidad la cuestión salarial y definir una estrategia común frente a la negociación.
El posicionamiento del gremio no se limita al reclamo estrictamente salarial, sino que incorpora una crítica más amplia al camino que lleva adelante la gestión de Alberto Weretilneck. En un comunicado, el secretario general Juan Carlos Scalesi cuestionó la narrativa oficial sobre la “modernización del Estado”, al advertir que la digitalización de trámites no puede presentarse como un avance si no va acompañada del reconocimiento de derechos laborales y de una mejora real en los ingresos del personal público.
Desde UPCN advierten que el deterioro del poder adquisitivo tiene efectos concretos en la vida cotidiana de los estatales y que los mecanismos de actualización tardía, como el pago de retroactivos, terminan licuándose frente a una inflación que avanza más rápido que las respuestas del Ejecutivo. En ese sentido, el gremio plantea que la demora en las recomposiciones salariales opera como una forma de ajuste encubierto.
“El discurso oficial dice que el tiempo de la gente no se negocia. Desde UPCN decimos que la salud, el salario y la estabilidad del trabajador tampoco”, sostuvo Scalesi, al rechazar que el denominado “cambio cultural” sea utilizado como argumento para postergar definiciones salariales. Para el sindicato, lejos de resolver el conflicto, esa estrategia profundiza el malestar y traslada los costos de la falta de inversión en capital humano tanto a los trabajadores como a la ciudadanía.
