El Gobierno de Río Negro rescindió el contrato firmado hace seis años para concretar una millonaria obra en el marco del Plan Castello y en el mismo acto, inició un reclamo administrativo para que la empresa que debía realizar los trabajos le pague a la provincia casi 100 millones de pesos.
Las decisiones forman parte del Decreto 279/25, firmado por el gobernador, Alberto Weretilneck y por el ministro de Obras Públicas, Alejandro Echarren, que se publicó esta semana en el Boletín Oficial.
El proyecto que quedó sin terminar es el Desarrollo de Riego de Campo Grande, que buscaba mejorar la infraestructura de riego, aumentar la seguridad hídrica y la eficiencia en el uso del agua, con el objetivo de expandir la superficie productiva y diversificar la producción agrícola y ganadera en el Alto Valle Oeste de la provincia.
El objetivo central era la construcción de canales y sistemas de riego para beneficiar unas 1.800 hectáreas en esa zona, pero los trabajos sólo alcanzaron hasta el momento el 68,54% del total convenido.
Lo firmado en el marco del Plan Castello
De acuerdo con el decreto, firmado el 16 de abril pasado, la empresa Tecnobras Argentina SA se comprometió el 27 de noviembre del 2019 a ejecutar la obra y entregar totalmente terminados los trabajos en un plazo no mayor 540 días corridos desde la firma del acta. El monto aprobado inicialmente para la obra fue de $ 203.727.364,89.
El expediente oficial revela que los primeros problemas comenzaron en agosto de 2021, cuando se firmó un acta acuerdo entre las partes que estableció la readecuación técnica de la obra.
Pandemia mediante, el 20 de enero del 2022 se firmó el Decreto 31/22, que ratificó ese acta del año anterior y aprobó además una suspensión de plazos y una ampliación del plazo para finalizar el proyecto, sumando 300 días corridos.
Se llegó así a los 840 días corridos, con el reinicio cumplido el 17 de febrero de 2022 el 4 de enero de 2023 como fecha final estimada.
Nada de eso ocurrió y el 23 de mayo 2023 se aprobó por Resolución Nº 321/23 una nueva ampliación de plazo. Esta vez fueron 208 días, extendiendo el plazo de obra hasta el 31 de julio de 2023.
Intimaciones sin respuestas
El decreto emitido días atrás indica que “a partir de la demora de la empresa contratista para ejecutar las tareas en los plazos previstos y la omisión a las menciones que le realizaba la inspección, se procedió a intimar a la misma para que retome la curva de trabajo, pero no se obtuvo respuestas y los incumplimientos se volvieron sistemáticos”.
Pero no sólo hubo parálisis en las obras: la empresa presentó en ese período un reclamo administrativo, solicitando que la Provincia pague intereses por mora en sus transferencias, que se paralicen los trabajos y que se suspenda el plazo de obra.
A partir de allí, el vínculo se hizo insostenible y desde la Subsecretaria de infraestructura se recomendó la rescisión de contrato.
Multas y reclamos cruzados
Empezó en ese momento un intenso intercambio de intimaciones y reclamos, que incluyeron la definición de una multa para la empresa por un total de $ 30.559.104,73.
Esa medida la tomó la Comisión Permanente de seguimiento del Plan Castello, que también indicó que a Tecnobras Argentina le corresponde devolver el saldo faltante del anticipo financiero actualizado a julio 2023, es decir $ 80.447.882,12.
Sumado a ello, se dispuso retener y registrar el saldo de la contratista $ 4.556.578,78, por los trabajos ejecutados según el certificado Nº 31 del proyecto.
Lo único que admitió la Provincia en favor de la empresa fue un pago de $ 10.017.121,67, en concepto de interés por mora en el pago de una docena de certificados.
La cuenta final determinó que el Estado rionegrino tiene un saldo a favor de $ 96.423.286,40.
El Decreto 279/25 rechaza el reclamo de la empresa por intereses por mora, dispone la rescisión del contrato firmado en 2019 y todas sus ampliaciones y activa las gestiones para que la Provincia cobre esa suma cercana a los 100 millones.
No obstante esas formalidades, fuentes del Gobierno provincial admitieron que ahora se abrirá un largo proceso en la Justicia, porque seguramente la empresa negará la responsabilidad que le atribuyen.
