El policía detenido en el marco de la investigación por un violento asalto ocurrido días atrás en Cipolletti será alojado en una cárcel común, “sin ningún tipo de trato privilegiado ni atenuantes”, según informó el Gobierno rionegrino.
Desde el Ejecutivo resaltaron que la decisión fue tomada por el gobernador, Alberto Weretilneck, quien “ordenó” al ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara, que se cumpla esa disposición.
Weretilneck asumió un rol de rigidez ante los hechos ocurridos esta semana, cuando la Justicia dispuso la detención y luego fijó un año de prisión preventiva para el empleado policial, por su supuesta participación en el atraco del 20 de marzo pasado, en una vivienda de calle Brentana casi Alem, en Cipolletti.
La sospecha es que esa banda pudo haber actuado en otros asaltos de similares características registrados en diferentes ciudades del Alto Valle durante los últimos meses.
Weretilneck y su posteo inicial
En esa línea, el mandatario decidió publicar el martes pasado el nombre y la foto del policía detenido en Roca, a pesar de que una orden judicial había dispuesto morigerar la difusión pública de esos datos, porque todavía no se habían cumplido diligencias relevantes en el marco de la investigación, principalmente ruedas de reconocimiento.
Weretilneck no sólo no eliminó su posteo, sino que este jueves avanzó sobre el policía, ya apartado de su cargo.
“No hay doble vara. Si un ciudadano común va preso por delinquir, un policía también. Más todavía cuando traiciona el rol que la sociedad le confió”, advirtió en declaraciones públicas.
“No voy a tolerar desviaciones en la conducta de quienes tienen el deber de cuidar a la sociedad. No es negociable. En este Gobierno, el que se corre de la ley, se queda afuera”, agregó.
La mirada desde la Justicia
Una vez difundido el comunicado oficial con esas definiciones, la pregunta que surge tiene que ver con las posibilidades formales que tiene el gobernador para definir el destino de una persona privada de su libertad por decisión del Poder Judicial.
Literal consultó a magistrados y funcionarios de la Justicia provincial sobre ese aspecto, recibiendo respuestas en diferentes direcciones.
“Técnicamente, el lugar de alojamiento lo dispone la Dirección General del Servicio Penitenciario Provincial, conforme la política penitenciaria”, respondió una jueza.
Esa explicación fue en línea con lo expresado por un funcionario del Poder Judicial: “El lugar de detención de las personas lo decide el Servicio Penitenciario Provincial”, indicó.
Por lo tanto, al existir una dependencia directa del Ministerio de Seguridad y Justicia y por ser Weretilneck titular del Poder Ejecutivo, la conclusión es que no existen barreras formales para que el gobernador intervenga en el proceso que define el lugar de alojamiento de un detenido en la provincia.
“Un juez solo puede disponer cambiar el lugar de detención si el detenido manifiesta y prueba malos tratos, enfermedades no tratadas, etcétera”, sumó una de las fuentes.
El caso del policía detenido, entre lo legal y lo político
Ahora bien, ambos integrantes del Poder Judicial coincidieron en que la postura del mandatario lleva implícita cierta “sobreactuación” y “contradicción”, porque no se trata del primer policía implicado en una causa penal y en anteriores oportunidades no hubo reacciones de la misma magnitud.
“Si resaltan ahora que no habrá trato privilegiado ni atenuantes, entonces vale preguntarse si anteriormente sí ocurrió eso”, fue la reflexión punzante lanzada desde la esfera judicial.
