El Alto Valle Oeste se consolidó en las últimas semanas como la zona de Río Negro con mayor concentración de dirigentes políticos bajo investigación judicial. Exintendentes, funcionarios en ejercicio y autoridades municipales enfrentan causas penales que avanzan en paralelo, con imputaciones por el manejo de fondos públicos, compras irregulares y presuntas maniobras defraudatorias. En ese escenario cargado, el caso más reciente involucra a Daniel Hernández, presidente del Concejo Municipal de Campo Grande, para quien el Ministerio Público Fiscal solicitó la audiencia de formulación de cargos por un presunto delito de defraudación contra la administración pública.
La denuncia inicial
El pedido fue presentado este martes por el fiscal Gustavo Herrera, en el marco de una investigación iniciada en 2024, a partir de una denuncia realizada por el concejal Patricio Ñewin, del bloque Primero Río Negro. La causa gira en torno a una millonaria operación inmobiliaria realizada por el Municipio de Campo Grande para la compra de tierras destinadas, en teoría, a la construcción de la Escuela Primaria N° 300 de San Isidro.
Según el escrito fiscal, entre los días 25 y 26 de septiembre de 2024, Hernández —en su carácter de presidente del Concejo Municipal— junto a las concejalas Rosa Angélica Mesonero y Sandra Isabel Fuentes, y el secretario de Gobierno y Hacienda, Facundo Luciano Pinilla, “comenzaron la ejecución de un acto defraudatorio” al adquirir 14 lotes en la localidad de San Isidro por un monto total de 204 millones de pesos.
Terrenos “ajenos” a la venta
El Ministerio Público sostiene que la maniobra fue irregular desde su origen. Como primer punto, se formalizó una promesa de compra mediante un boleto de compraventa directa entre Hernández y Vanesa Alejandra Sánchez, quien figuró como vendedora de los inmuebles, pese a no ser su titular registral. De acuerdo al fiscal, Sánchez sólo contaba con un boleto de compraventa previo y vendió los terrenos “como propios, siendo que eran ajenos”, ya que los verdaderos propietarios eran terceros.
Además, el fiscal remarcó que se trataba de “un único lote” que se simuló como subdividido en 14 parcelas, pese a no contar con mensura definitiva ni inscripción individual en el Registro de la Propiedad Inmueble. Incluso, meses después, el mismo inmueble se escrituró como “bloque único”, lo que refuerza la hipótesis de una operación ficticia para justificar el precio abonado.
El escrito también enumera una serie de omisiones administrativas graves: la compra no se trató formalmente en el Concejo Municipal; no contó con el voto de los dos tercios exigidos por la Carta Orgánica; no se declaró previamente la utilidad pública del inmueble; no se autorizó la contratación directa por vía de excepción; no hubo tasación previa ni informes de dominio; y la erogación extraordinaria afectó partidas presupuestarias destinadas a otros fines.
El perjuicio económico estimado
Desde el punto de vista económico, el perjuicio al municipio es uno de los ejes centrales de la acusación. El fiscal detalló que el 26 de septiembre de 2024 se transfirieron 112 millones de pesos a Sánchez y se asumió el compromiso de abonar 12 cuotas adicionales, hasta completar los 204 millones. Según la pericia oficial, el valor real del inmueble como bloque único rondaba los 28 mil dólares, lo que implicaría un sobreprecio de más de 137 mil dólares. Aun tomando la hipótesis de una venta subdividida, el perjuicio superaría los 68 mil dólares.
Herrera también vinculó la operación inmobiliaria con un conflicto social previo. Señaló que Sánchez y Pinilla participaron en 2023 de la organización de cortes sobre la Ruta Provincial 69, en reclamo de tierras para la escuela, generando presión sobre las autoridades provinciales. En ese contexto, Sánchez se presentó como representante de los padres y Pinilla actuó como abogado de los manifestantes, lo que, para la Fiscalía, refuerza la existencia de un “lucro indebido” a partir de una situación social creada artificialmente.
Por estos hechos, el fiscal solicitó la formulación de cargos por el delito de defraudación contra la administración pública agravada por haberse cometido por funcionarios públicos, en calidad de coautores, contra Hernández, Mesonero, Fuentes, Pinilla y Sánchez.
Alto Valle Oeste: de Techo Digno al allanamiento en Cinco Saltos
El avance de esta causa se da en un contexto regional particularmente sensible. En Fernández Oro, el exintendente Juan Reggioni enfrenta desde la semana pasada un juicio por la causa Techo Digno, que investiga el uso de fondos nacionales para planes de vivienda. Esa misma investigación compromete a los exintendentes de Cipolletti, Abel Baratti y Aníbal Tortoriello, a la espera de una definición judicial.
En Cinco Saltos, la Justicia también puso bajo la lupa las gestiones de los exintendentes Germán Epul y Liliana Alvarado, mientras que el actual jefe comunal Enrique Rossi atraviesa días críticos por una denuncia penal que derivó en allanamientos y en la separación del secretario de Hacienda.
