Después del fallo de la Corte Suprema de Justicia que confirmó la condena por delitos de corrupción, Cristina Fernández de Kirchner pidió este miércoles la prisión domiciliaria.
La expresidenta, a través de un escrito presentado por su abogado, Carlos Beraldi, fijó domicilio en la calle San José 1111 de Buenos Aires, consideró que no debe tener tobillera electrónica y solicitó a la Justicia mantener la custodia que tiene desde hace años. “Tiene secretos de Estado” y además “sufrió un intento de homicidio”, justifica el texto en referencia al atentado del 1 de septiembre de 2022.
La situación no sólo demandará un exhaustivo análisis de parte del juez Jorge Gorini, responsable del proceso de ejecución de las penas definidas en la causa Vialidad. En paralelo comenzaron a surgir numerosas preguntas, sobre las condiciones que deben cumplirse, además de superar los 70 años, para que una condena no se cumpla en una cárcel.
Sumado a ello, el caso de la exmandataria también abre la puerta para saber cuántas personas cumplen con prisión domiciliaria en Río Negro y en el país, con estadísticas que reflejan la habitualidad de este tipo de decisiones para el Poder Judicial.
La prisión preventiva en el Código
En primer lugar, quienes llevan o llevaron adelante juzgados de ejecución penal aclaran rápidamente que la prisión domiciliaria no es un «beneficio», sino que se trata de una modalidad diferente para el cumplimiento de una pena.
Esa posibilidad está contemplada principalmente en el Artículo 10 del Código Penal de la Nación y en los Artículos 32 a 34 de la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad.
Esta última norma y sus modificaciones (como la Ley 26.472), desarrollan en detalle las condiciones y los supuestos para la concesión de la prisión domiciliaria. Entre esos supuestos se incluye:
- El interno enfermo cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario le impida recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia.
- El interno que padezca una enfermedad incurable en período terminal.
- El interno discapacitado cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario es inadecuada por su condición.
- El interno mayor de setenta (70) años.
- La mujer embarazada.
- La madre de un niño menor de cinco (5) años o de una persona con discapacidad a su cargo.
Las estadísticas nacionales y provinciales
A nivel nacional, informes de la Procuración Penitenciaria de la Nación muestran que al 31 de diciembre de 2022 había 12.015 personas con prisión domiciliaria y/o monitoreo electrónico. Un años después esa cifra fue muy similar, llegando a 11.990.
En el caso particular de Río Negro, según el Informe de Gestión 2023 del Instituto de Asistencia a Presos y Liberados, las prisiones domiciliarias representaron el 3% del total de situaciones supervisadas en la provincia.
Esto implica que, de los 2.010 casos supervisados por el IAPL (que incluyen condenas de ejecución condicional, suspensiones de juicio a prueba, libertades condicionales, etcétera), una fracción minoritaria (60 personas) corresponde a prisiones domiciliarias.
Con respecto a la tobillera o pulsera electrónica, los informes de la Procuración Penitenciaria del 2022 indicaron que el 56,1 de las personas con prisión domiciliarias a nivel nacional contaban con dispositivo de monitoreo.
Del caso Soria a la estafa al Ipross
En la provincia, durante los últimos años hubo más de un caso en el que jueces de ejecución penal aceptaron pedidos de prisión domiciliaria.
El más resonante a nivel político y social fue el protagonizado por Susana Freydoz, condenada en 2012 a 18 años de prisión por el asesinato de su marido, el entonces gobernador, Carlos Soria.
En enero del 2020 y luego de estar presa en la cárcel de Ezeiza, la viuda del exmandatario fue trasladada a la región, para empezar a pasar sus días en una vivienda de Neuquén, propiedad de una familiar.
En ese caso primaron las razones de salud, entendiendo las autoridades del Juzgado de Ejecución Penal de Roca que mantenerla en el penal de la provincia de Buenos Aires implicaba poner en riesgo su vida.
En abril del 2023, finalmente, Freydoz obtuvo la libertad condicional.
Más reciente en el tiempo, la causa por la millonaria estafa al Ipross también tuvo -y mantiene- a una de sus protagonistas con el mismo régimen, también por razones de salud.
Se trata de Sandra Fasano, exauditora del Colegio de Farmacéuticos de Río Negro y quien recibió la pena más alta entre todos los condenados (9 años y medio de prisión).
La mujer, luego de acreditar problemas cardíacos, fue autorizada a permanecer detenida en su casa de Allen, mientras que el resto de los farmacéuticos culpables por el fraude permanecen desde fines de abril en una unidad dependiente del Servicio Penitenciario Provincial.
