El bloque PRO-Unión Republicana presentó un proyecto de ley en la Legislatura para modificar el Código Procesal Penal provincial e incorporar el concepto de “privación de libertad física y digital” dentro del régimen de prisión preventiva.
La propuesta apunta a limitar el acceso de personas privadas de libertad a “dispositivos de comunicación móvil, servicios de telefonía celular, internet, redes sociales, plataformas digitales y cualquier otro medio tecnológico susceptible de ser utilizado para la comisión, organización, facilitación o continuidad de actividades delictivas”.
El proyecto sostiene que el sistema penal debe adaptarse “a las transformaciones tecnológicas y sociales de nuestro tiempo” y plantea que la restricción física ya no alcanza para impedir que detenidos continúen organizando delitos desde cárceles y establecimientos penitenciarios.
Los argumentos del proyecto
La iniciativa lleva la firma del presidente de esa bancada, Juan Martín, acompañado por sus pares María Laura Frei, Juan Murillo Ongaro, Martina Lacour y Ofelia Stupenengo.
En los fundamentos se afirma que “el acceso irrestricto a teléfonos celulares, internet, redes sociales y billeteras virtuales dentro de establecimientos penitenciarios posibilita que personas privadas de su libertad continúen participando en actividades ilícitas desde el encierro”.
El texto enumera delitos que, según sus autores, actualmente pueden organizarse desde las cárceles, entre ellos “estafas telefónicas, robo de datos personales, amenazas, grooming, ciberacoso, extorsiones, comercialización de sustancias prohibidas y coordinación de bandas criminales”.
También menciona casos ocurridos en Río Negro. Entre ellos, recuerda que durante 2024 el Ministerio Público logró la condena de un interno acusado de liderar una asociación dedicada a realizar estafas telefónicas mientras cumplía una pena privativa de libertad. Además, hace referencia a un operativo realizado en el Establecimiento de Ejecución Penal Nº 5 de Cipolletti, donde se secuestraron celulares y chips telefónicos en el marco de una investigación vinculada a la distribución de sustancias prohibidas.
Según el proyecto, “la mera detención física no resulta suficiente para prevenir la comisión de nuevos delitos” y las condiciones actuales de detención “facilita[n] la continuidad de actividades criminales orquestadas desde el interior de los establecimientos”.
Qué cambios propone en la ley
La iniciativa incorpora un nuevo artículo 103 bis al Código Procesal Penal de Río Negro. Allí se establece que: “La privación de libertad dispuesta en el marco del presente Código comprende tanto la restricción de la libertad ambulatoria como la limitación del acceso, tenencia y utilización de dispositivos de comunicación móvil, servicios de telefonía celular, internet, redes sociales, plataformas digitales y cualquier otro medio tecnológico susceptible de ser utilizado para la comisión, organización, facilitación o continuidad de actividades delictivas”.
El mismo artículo agrega que “la reglamentación garantizará mecanismos institucionales de comunicación controlada entre las personas privadas de libertad, sus defensores, autoridades judiciales y familiares y allegados”.
Además, el proyecto apunta a modificar el artículo 109 del Código Procesal Penal, referido a la procedencia de la prisión preventiva. La nueva redacción incorpora expresamente que “la prisión preventiva implica la privación de libertad física y digital del imputado”.
Referencias a medidas nacionales y reformas provinciales
El texto menciona medidas adoptadas recientemente por el Gobierno nacional vinculadas al control de comunicaciones dentro del sistema penitenciario federal. Entre ellas, cita la Resolución 336/2026 del Ministerio de Seguridad de la Nación y la Resolución 300/2026 del ENACOM, orientadas al bloqueo de dispositivos móviles dentro de cárceles federales.
También recuerda que el uso de celulares en unidades penitenciarias se amplió durante la pandemia de COVID-19, cuando distintas decisiones judiciales habilitaron mecanismos excepcionales de comunicación entre internos y sus familiares. Sin embargo, el proyecto sostiene que, superada esa etapa, “resulta necesario revisar y adecuar el régimen vigente a las actuales necesidades de seguridad pública”.
En otro tramo, la iniciativa se vincula con reformas recientes impulsadas en Río Negro en materia de seguridad y sistema penal, como la ley que incorporó la reiterancia delictiva y el Registro Provincial de Huellas Genéticas, además de proyectos vinculados a restricciones de beneficios carcelarios y la instalación de inhibidores de señal en establecimientos penitenciarios.
El objetivo declarado
Los autores del proyecto sostienen que la propuesta busca “adecuar el ordenamiento jurídico provincial a las nuevas realidades tecnológicas y criminales” y fortalecer “la eficacia preventiva de las medidas de coerción y de las penas privativas de libertad”.
En el cierre de los fundamentos, el texto afirma que “la seguridad de los rionegrinos no puede quedar subordinada a vacíos normativos ni a prácticas que han demostrado ser insuficientes frente a las dinámicas criminales actuales”.
