En los años 90, Río Negro soñó en grande. Imaginó su propia zona franca sobre las costas del golfo San Matías, como una puerta de acceso al comercio internacional y una apuesta al desarrollo regional. Pero aquel impulso inicial se desvaneció con el correr del tiempo: el proyecto quedó trunco, sepultado entre vaivenes políticos y económicos que nunca llegaban a puerto.
Casi tres décadas más tarde, la reactivación de la zona franca de Sierra Grande se encuentra a un paso de dejar de ser un recuerdo nostálgico para convertirse, otra vez, en una posibilidad concreta. O al menos, esa es la expectativa que hoy sostiene la Provincia. En esta nota te contamos qué se sabe respecto a la reactivación de esta área aduanera.
El visto bueno del Parlamento
Un paso concreto se dio la semana pasada, cuando la Legislatura aprobó la expropiación de dos parcelas ubicadas en Punta Colorada. Estos lotes, colindantes con la Ruta Provincial 9, pasarán a integrar la superficie destinada a la futura zona franca.
La incorporación de esos terrenos fue definida por criterios de ubicación y logística: su posición estratégica los convierte en piezas claves para completar el predio y asegurar la conexión con los servicios básicos que requiere su operatividad. Tras varios intentos fallidos de avanzar en una compra voluntaria, la Provincia optó finalmente por el camino de la estatización para poder destrabar el proyecto.
“Hoy tratamos un proyecto que es parte de un proceso mayor: la consolidación de Sierra Grande y Punta Colorada como un polo estratégico dentro de la provincia y del país. Un territorio que ya está siendo transformado por el proyecto Vaca Muerta Sur y que necesita que acompañemos ese crecimiento con infraestructura, ordenamiento y decisiones legislativas claras”, sostuvo la miembro informante del oficialismo, la legisladora Aime Kircher, durante el debate.
En su exposición, Kircher remarcó que la expropiación no es un fin en sí mismo sino un paso para ordenar el territorio y garantizar el acceso al área. “Sin estas tierras, el predio queda incompleto, y sin un predio completo no se puede avanzar con la licitación”, afirmó.
Los siguientes pasos
Con la instancia de expropiación ya aprobada, la Secretaría de Áreas Industriales y Zona Franca confía en avanzar ante Nación con los trámites necesarios para la regularización del sitio. El paso clave será la presentación del reglamento operativo —prevista para comienzos de diciembre— que deberá recibir el visto bueno de las autoridades nacionales. Superada esa evaluación, se abrirá la convocatoria a licitación pública nacional e internacional, un proceso determinante para definir qué empresa se radicará y qué perfil productivo adoptará finalmente la zona franca de Sierra Grande.
“El año pasado comenzamos a trabajar en el reglamento operativo. Constituimos una comisión de evaluación y selección que no solo se abocó a ese documento, sino que paralelamente avanzó en el pliego de bases y condiciones para la licitación nacional e internacional. Lo que nos restaba era concluir con la delimitación definitiva de la superficie”, explicó a Literal la secretaria de Áreas Industriales, Soledad Ponce.
La parcela, tras la incorporación de los lotes expropiados, será de 432 hectáreas. Aunque se trata de una reducción considerable respecto a las 600 hectáreas proyectadas originalmente en los años 90, seguirá siendo la zona franca más extensa del país. A modo de referencia, las zonas francas de Zapala y Ensenada rondan las 240 hectáreas cada una.
“En un principio, la superficie estaba dividida por la ruta provincial, lo que complicaba la operatoria: para pasar de un lado al otro había que realizar trámites aduaneros y migratorios, porque la ruta es de jurisdicción provincial. Por eso se decidió avanzar solo con la parcela más grande, aquella que además tiene frente costero. La idea es potenciar la integración con el puerto de Punta Colorada”, detalló Ponce.
La funcionaria indicó que la documentación del reglamento operativo atraviesa su etapa final, por lo que podría ser remitida a Nación la próxima semana. “La Secretaría de Comercio la evaluará y, si realiza alguna observación, avanzaremos con las correcciones. Pero en líneas generales, el reglamento está prácticamente terminado”, aseguró.
Un rumbo a definir
Las zonas francas, según detalla ARCA, son espacios en los que la mercadería no está sometida al control aduanero tradicional. Esto permite que su importación y exportación no tributen —salvo tasas retributivas específicas— ni estén alcanzadas por restricciones económicas. En la práctica, este esquema reduce costos y fortalece la competitividad de las industrias que se instalan en estos predios.
“De cara a la exportación, normalmente tenés una carga impositiva muy grande. Una zona franca nos vuelve competitivos frente a otros países. El impacto que esperamos es atraer inversiones, garantizar la radicación de empresas y sumar nuevos eslabones a la cadena productiva local. En Río Negro, en general, contamos con mucha materia prima sin valor agregado. Tenemos que empezar a generar productos rionegrinos, ya sea en fruticultura, agricultura, pesca, etc.”, explicó Ponce.
Por ahora no existe un panorama claro sobre los interesados en instalarse en Sierra Grande. La intención de la Provincia es realizar una licitación con amplia difusión —nacional e internacional— para llegar al mayor número posible de inversores.
“La idea es que pueda llegar a muchas personas que tengan interés y capital, porque quien gane la licitación deberá afrontar una inversión muy grande en infraestructura y en el cumplimiento de requisitos indispensables. Por las dimensiones del predio, muchas veces se adjudica inicialmente una parcela y se habilita por sectores. Para un privado cerrar 432 hectáreas implica muchísimo, además de los costos de vigilancia, seguridad y demás”, señaló la funcionaria.
El tipo de industria que finalmente se asiente quedará definido por los informes de impacto ambiental. Aun así, desde el Gobierno provincial la estrategia apunta a fortalecer la matriz energética, en sintonía con los proyectos vinculados a la exportación de GNL previstos para el puerto de Punta Colorada.
Sierra Grande, ciudad de grandes promesas
El proyecto de la zona franca de Sierra Grande nació durante el primer mandato de Carlos Menem y se sumó al extenso historial de iniciativas que prometían reactivar la castigada costa atlántica rionegrina. Su creación quedó habilitada en la Ley 24.331, aprobada por el Congreso en mayo de 1994.
Esa normativa facultó al Poder Ejecutivo Nacional a establecer en cada provincia una zona franca —incluyendo las ya existentes— y a crear hasta cuatro adicionales en el país. La intención era ubicarlas en regiones afectadas por situaciones económicas críticas o en zonas limítrofes donde este régimen excepcional pudiera favorecer el desarrollo productivo.
En 1996 se realizó la primera licitación de la zona franca rionegrina. El proceso culminó, en julio de 1998, con la adjudicación a la empresa francesa Carriere Dhainaut S.A. Sin embargo, la concesionaria nunca llegó a iniciar las obras de infraestructura comprometidas. Por ese motivo, durante 2004 la Provincia impulsó los trámites para revocar la adjudicación por incumplimiento contractual.
El Gobierno provincial avanzó luego hacia un nuevo llamado licitatorio, que se concretó en abril de 2007. Pero la historia volvió a repetirse: aunque se vendieron dos pliegos, ninguna empresa presentó ofertas para construir y operar la zona franca. La Comisión de Evaluación y Selección declaró desierto el proceso en 2008.
La puesta en marcha
Con las expectativas nuevamente frustradas, la iniciativa quedó en suspenso por más de una década. La reactivación recién llegó en 2021, cuando el gobierno de Arabela Carreras firmó un convenio de relanzamiento que luego fue refrendado por la Legislatura. Se creó, además, el Ente de Promoción y Fiscalización del Complejo Productivo y Exportador de la Zona Franca de Río Negro, responsable del control y seguimiento del área.
En aquel momento, el proyecto se enmarcaba en el impulso hacia el hidrógeno verde, una apuesta energética que nunca llegó a consolidarse y que con los años perdió fuerza. Con el viraje hacia un nuevo perfil productivo, vinculado a la exportación de gas y petróleo desde Punta Colorada, la zona franca recuperó centralidad y el proceso se retomó con un enfoque diferente.
Cuáles serán los beneficios que tendrán las empresas que se instalen
- Exenciones impositivas y aduaneras:
- No se pagan derechos de importación, tasas aduaneras ni tributos internos mientras la mercadería permanezca en la Zona Franca. La permanencia en Zona Franca es por tiempo inderterminado y no requiere de garantías aduaneras.
- Exención del IVA y de impuestos internos sobre bienes y servicios que ingresan a la zona.
- Exenciones de tributos provinciales y municipales.
- Facilidad de comercio internacional:
- Posibilidad de importar insumos y componentes, transformarlos dentro de la Zona Franca y luego exportarlos con valor agregado.
- Reexportación a cualquier país sin cargas fiscales adicionales.
- Simplificación de trámites aduaneros y logísticos.
- Fomento a la inversión y empleo:
- Entorno propicio para la instalación de industrias, operadores logísticos y prestadores de servicios.
- Creación de puestos de trabajo directos e indirectos en la región.
- Estímulo para la innovación y la radicación de nuevos proyectos productivos.
- Ventajas logísticas:
- Espacios preparados para almacenamiento, depósito y distribución internacional.
- Conexiones fluidas con los corredores logísticos nacionales e internacionales.
- Reducción de costos y tiempos en la cadena de suministro.
- Herramienta de desarrollo regional:
- Favorece la instalación de industrias en zonas estratégicas.
- Aporta competitividad a las Pymes locales para integrarse a cadenas de valor globales.
- Impulsa la infraestructura regional y genera un efecto multiplicador en la economía local.
