La Comisión de Asuntos Sociales de la Legislatura de Río Negro emitió dictamen favorable al proyecto de Ley de Protección Integral contra la Discriminación, una iniciativa que busca actualizar las herramientas provinciales para prevenir, abordar y erradicar distintas formas de discriminación en ámbitos públicos y privados.
La propuesta fue presentada por la legisladora Maricel Cévoli (JSRN) y se plantea como un complemento de la Ley Nacional Antidiscriminatoria N.º 23.592.
En esta nota de Literal repasamos por algunas de las características de esta propuesta.
¿Qué plantea el proyecto?
La iniciativa considera discriminatoria cualquier “acción u omisión que, de manera arbitraria, directa o indirecta, tenga por objeto o por resultado impedir, menoscabar o anular el ejercicio igualitario de derechos”.
Además, incorpora conductas que no aparecen expresamente detalladas en la normativa provincial vigente. Entre ellas se encuentran la difusión de mensajes o discursos que promuevan desigualdades o violencias, situaciones de hostigamiento o humillación, actos de violencia simbólica y prácticas institucionales que generen exclusión o desventajas para determinados sectores de la población.
“Estamos transitando un momento en el que los discursos se vuelven cada vez más violentos y donde muchas veces se señala o define a las personas por su forma de ser o por el grupo al que pertenecen”, sostuvo Cévoli al defender la propuesta.
¿A quienes busca proteger?
Si bien la ley alcanzaría a toda la población, el proyecto pone especial atención en grupos históricamente afectados por situaciones de discriminación.
Entre ellos menciona a personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes, personas mayores, integrantes de pueblos originarios, miembros de la comunidad LGBTQ+ y personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad económica o social.
También incorpora el concepto de discriminación múltiple o interseccional, es decir, aquellos casos en los que una persona puede sufrir distintas formas de exclusión de manera simultánea.
Acompañamiento y prevención
Uno de los aspectos centrales de la propuesta es que no se limita a establecer definiciones sobre discriminación, sino que prevé herramientas concretas de intervención estatal.
La autoridad de aplicación deberá brindar orientación, asesoramiento y acompañamiento a quienes denuncien hechos discriminatorios. También podrá elaborar recomendaciones, coordinar acciones con organismos públicos y promover instancias de diálogo para resolver conflictos antes de que lleguen a la vía judicial.
“El desafío es construir una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa. La discriminación no solo afecta a quien la sufre directamente, también profundiza desigualdades estructurales”, expresó la legisladora.
Igualdad y diversidad en las escuelas
Otro de los puntos destacados es la incorporación obligatoria de contenidos vinculados a igualdad, diversidad y no discriminación en todos los niveles del sistema educativo, respetando los lineamientos de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI).
Además, la iniciativa establece la realización de campañas públicas de sensibilización en medios de comunicación, instituciones educativas, espacios culturales y organismos estatales.
Con el dictamen favorable obtenido en comisión, la iniciativa continuará ahora su recorrido legislativo antes de llegar al recinto para su eventual tratamiento.
