El accionar de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) volvió a quedar en tela de juicio tras el pedido de un legislador opositor, quien reclamó por la falta de avances en al menos seis expedientes. El organismo, encargado de auditar las conductas del Poder Ejecutivo en Río Negro, arrastra desde hace tiempo dudas sobre su eficiencia y transparencia. ¿Quién controla a quienes deben investigar la corrupción?
Las dudas
El rol de la FIA, como órgano de control, está contemplado en la Constitución de Río Negro y cuenta, además, con un marco normativo específico: la Ley K Nº 2394, sancionada en 1990.
Según el artículo 164 de la Carta Magna provincial, este organismo tiene la responsabilidad de investigar “las conductas administrativas de los funcionarios y agentes de la administración pública, de los entes descentralizados, autárquicos, de las empresas y sociedades del Estado o controladas por él”. Es decir, cumple una función clave en la detección y eventual sanción de hechos de corrupción.
No obstante, la Fiscalía se volvió blanco de críticas acerca de su eficiencia en reiteradas oportunidades. Sin ir más lejos, el año pasado generó polémica la designación de Luis Vaisberg —exministro de Economía de la gestión de Arabela Carreras y empleado del Tribunal de Cuentas— como secretario auditor contable en la FIA. La oposición se opuso a su intervención en el expediente por la compra del avión sanitario Cessna Citation V Ultra, adquirido durante el mandato de la exgobernadora y vendido a comienzos de este año a la empresa Aerovida S.A. por 2,6 millones de dólares.
La venta de avión sanitario y otras causas en las que se pide celeridad
En tanto, el legislador Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos) realizó esta semana un pedido formal a la FIA para que brinde respuestas urgentes sobre presuntas denuncias sin avances. La nota, dirigida a Dolores Cardell, titular del organismo, reclama “información precisa y documentada sobre el estado de tramitación de seis denuncias administrativas presentadas oportunamente y que, hasta la fecha, no han tenido avances sustantivos ni comunicación oficial sobre medidas adoptadas”.
Entre los expedientes mencionados se incluyen:
– la contratación del abogado Roberto Dromi por parte de la FIA;
– la venta del avión sanitario provincial;
– la contratación de una empresa “sin antecedentes” para asesorar a la Empresa Minera Rionegrina (Emir S.A.);
– la compra de una camioneta 0 km por parte de Vaisberg a un particular vinculado a una funcionaria de su ministerio;
– el caso de una docente con discapacidad en Luis Beltrán, reubicada sin condiciones adecuadas, lo que agravó su estado de salud y derivó en su fallecimiento;
– y la falta de inspecciones laborales en el Penal N° 2 de Roca.
“La falta de información oportuna y homogénea en estos expedientes debilita la confianza pública en los mecanismos institucionales de control, compromete la transparencia de la gestión gubernamental y expone a la administración provincial a sospechas de discrecionalidad o trato desigual ante hechos potencialmente lesivos del patrimonio público o de los derechos de las personas”, advierte la misiva de Delgado Sempé.
En concreto, el legislador exige conocer en detalle el estado actual de cada expediente, las medidas investigativas adoptadas, los responsables asignados y los fundamentos legales de cualquier decisión de archivo o cierre.
El organismo que debe investigar la corrupción en Río Negro y las dudas de su transparencia
La controversia en torno a la transparencia de la FIA viene de larga data. Muchos de sus problemas estructurales fueron relevados por una consultora internacional en 2019. El diagnóstico fue contundente: hasta la asunción de Fabián Gatti —actual ministro de Gobierno y antecesor de Cardell—, la situación del organismo era de “casi parálisis, retrocesos en materia de eficacia, desmoralización del personal y destrucción de la imagen institucional”.
Uno de los aspectos más críticos señalados en el informe fue la ausencia total de estadísticas sobre el tratamiento de los expedientes. “Esto impide determinar con certeza las tareas que desarrolla la FIA, tanto en calidad como en cantidad, y su nivel de eficiencia o eficacia en la lucha contra la corrupción en la provincia”, destaca el documento, accesible mediante la web del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas. Incluso se aclara que, para poder confeccionar el relevamiento, los datos sobre los expedientes debieron ser solicitados directamente al personal mediante entrevistas.
Lejos de mejorar durante la gestión de Gatti, la situación institucional del organismo se agravó. Al momento de elaborarse esta nota, el sitio web oficial de la FIA permanece fuera de servicio y sus redes sociales están completamente dadas de baja. Esta falta de acceso a la información contradice la Ley de creación del organismo, cuyo artículo 15 establece la obligación de dar publicidad a sus dictámenes.
En 2019 también se advertía sobre la vulnerabilidad del archivo físico. El informe señaló que los expedientes “se encontraban apilados en pasillos, muebles o en cualquier espacio disponible dentro de la Fiscalía”, y que “no existía un registro adecuado para conocer su ubicación”. En ese contexto, se subrayó: “Es perfectamente plausible que alguien retire un expediente sin que nadie lo perciba”.
Una reforma que no llegó
A finales del segundo mandato de Alberto Weretilneck, se proyectaba una posible reforma de la Ley K Nº 2394. El texto se envió al Poder Ejecutivo, pero nunca llegó a ingresar formalmente a la Legislatura —al menos según los registros web—, ni se debatió modificación alguna. La normativa, cuya última actualización fue en 1994, sigue sin cambios a pesar del paso del tiempo y los cuestionamientos.
El espíritu de aquella reforma apuntaba a actualizar el marco legal de la FIA en línea con el nuevo Código Procesal Penal, además de agilizar los procedimientos internos de recusación y excusación, actualmente lentos y burocráticos, lo que impacta de manera directa en la demora de las investigaciones.
Cómo se selecciona al fiscal que debe luchar contra la corrupción en Río Negro
Para acceder al cargo de fiscal de Investigaciones Administrativas se exigen los mismos requisitos, derechos, incompatibilidades e inmunidades que a los jueces del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
La designación corresponde a la Legislatura, a propuesta del Poder Ejecutivo. El cargo tiene una duración de seis años, con posibilidad de redesignación, y solo pueden ser removidos mediante juicio político.
Sin embargo, el mecanismo de designación ha generado cuestionamientos en torno a la independencia real del organismo respecto del poder que debe controlar. Aunque la decisión final recae en el Legislativo, la mayoría parlamentaria que ostenta el oficialismo, sumada al manejo discrecional de la agenda, pone en duda la autonomía del proceso.
En ese contexto, el propio Delgado Sempé propuso que la oposición tenga la facultad de proponer al titular de la Fiscalía. Este planteo tomó relevancia durante la designación de Dolores Cardell, quien desde septiembre de 2024 ocupa el cargo de fiscal, tras recibir el respaldo unánime de los bloques legislativos.
La opinión de los rionegrinos
El año pasado, el legislador José Luis Berros (Vamos con Todos) presentó un proyecto de ley para modificar el artículo 2 de la Ley K Nº 2394. La iniciativa plantea que, antes de prestarse acuerdo legislativo a la designación, el nombre de la persona propuesta se publique en el Boletín Oficial y en al menos un diario de circulación provincial, acompañado por sus antecedentes curriculares. Además, se habilita a la ciudadanía a presentar observaciones y comentarios sobre el candidato, los cuales deberán ser evaluados por la Legislatura.
“El objetivo de esta modificación es garantizar un proceso de selección más transparente, participativo y democrático para el cargo de Fiscal de Investigaciones Administrativas. Se trata del funcionario que debe liderar la lucha contra la corrupción, por lo que su elección debe estar a la altura de los principios constitucionales y del compromiso con la transparencia institucional”, argumenta la iniciativa.
