Los radares de velocidad en las rutas de Río Negro volvieron a habilitarse tras un período de regularización que se prolongó por casi dos años. Durante una primera etapa, los dispositivos funcionarán sin la emisión de multas y estarán enfocados en la concientización de los conductores.
Dónde están ubicados
La Ley Nº 5726, sancionada en julio de 2024 por la Legislatura, fijó un plazo de 90 días para que la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) controle los cinemómetros existentes en todos los caminos y rutas de la provincia. Hasta entonces, la normativa había dispuesto suspender el funcionamiento de los sistemas, producto de las críticas que generaba su implementación.
Sin embargo, pasaron casi 20 meses hasta que la Provincia volvió poner en funcionamiento los radares, previa adjudicación de su operación a la empresa Brocart. La activación se produjo el viernes y, durante un plazo de entre 20 y 30 días, funcionarán bajo una modalidad de advertencia, es decir, que aún no aplicarán multas.
“Volvemos a poner en marcha los controles de velocidad en los mismos lugares que estaban anteriormente. Primero hicimos una relocalización de señales que faltaban y aplicamos la señalización determinada por el manual de Vialidad Nacional. Después, el INTI vino a calibrar la totalidad de los sistemas”, comentó a Literal el director de la APSV, Marcelino Di Gregorio.
En concreto, los dispositivos en funcionamiento se encuentran ubicados sobre la Ruta 22, en Regina, Cervantes y Río Colorado; la Ruta 3, en Viedma y Sierra Grande; la Ruta 250, en Lamarque; y la Ruta 151, en Cipolletti, Cinco Saltos y Sargento Vidal.
Notificaciones en tiempo real
Según se informó oficialmente, el sistema enviará durante esta primera etapa un aviso en tiempo real a los conductores que circulen en exceso de velocidad. La notificación, que solo tiene carácter informativo, incluye la imagen del vehículo, la velocidad registrada y el lugar exacto de la infracción. El objetivo es que los conductores conozcan el funcionamiento del sistema y tomen conciencia antes de la aplicación de sanciones.
“Siempre las fotomultas van a los dueños de las patentes. En el caso de estos avisos, a quienes estén registrados en el sistema, con un correo en alguna base de datos del Ministerio de Seguridad, se les va a enviar”, agregó Di Gregorio. Las cámaras capturan evidencia fotográfica y datos técnicos que respaldan cada detección.
Todavía no hay fecha de finalización para este período de prueba. No obstante, desde la Provincia señalaron que, al momento de comenzar con la aplicación de multas, se comunicará a la población.
Una vez cumplimentado el proceso de concientización, la Provincia comenzará a emitir las infracciones correspondientes. Actualmente, las multas pueden alcanzar las 350 unidades de medida, cada una equivalente al valor de un litro de nafta Infinia de YPF en Viedma. De esta manera, los montos podrían ubicarse en torno a los 700 mil pesos.
Más radares en agenda
De acuerdo a la Agencia Provincial de Seguridad Vial, los radares de la provincia se encuentran mayormente actualizados y legalizados, funcionando de la misma manera en cada distrito. Tal es la situación de los radares de los municipios de Dina Huapi, El Bolsón, Bariloche, ubicados sobre Ruta 40. Ocurre lo propio con el radar de Ruta 151 en Contralmirante Cordero y los controvertidos dispositivos en Darwin y Conesa sobre la Ruta 251.
En todos esos casos, los cinemómetros se encuentran regulados por ordenanza municipal y administrados por cada gobierno local.
Por el momento, en lo que respecta a la competencia provincial, hay previstas nuevas colocaciones de radares en distintos puntos del territorio. Sin embargo, Di Gregorio evitó precisar las posibles ubicaciones. Estos dispositivos formarían parte de una segunda etapa del plan de adecuación.
“Estamos para concientizar a la gente sobre los peligros de circular a alta velocidad en cualquier lugar de la provincia. El radar es un control necesario. Sé que a muchos no les gustan las infracciones, pero hay que respetar los límites. Esto, ante todo, es educación”, afirmó sobre el rol de estos mecanismos.
En ese sentido, explicó que la ubicación de los dispositivos se define a partir de criterios técnicos, con el objetivo de despejar sospechas. “Los controles se instalan en base a informes previos de la Policía, mapas de siniestros viales y el tránsito medio diario que nos aporta Vialidad Nacional a través de sus contadores. También se considera el parque automotor de la provincia”, detalló.
Respecto de las críticas que apuntan a un fin recaudatorio, sostuvo que los fondos obtenidos se reinvierten en educación vial. “La señalización responde a Vialidad Nacional y no escondemos nada. Esto no persigue un objetivo recaudatorio, aunque de las infracciones recibimos un 20%. Con esos recursos hemos comprado una pista itinerante para escuelas, un simulador de manejo para que los chicos experimenten situaciones de tránsito y también una camioneta nueva. Es decir, nuestro porcentaje se reinvierte”, concluyó.
